En su primera sesión ordinaria, el pleno de la LX Legislatura local abrogó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida popularmente como la “Ley Bala”, que en 2014 impulsó el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con una mayoría legislativa comandada por el PAN, la cual facultaba a los elementos de seguridad pública a disparar contra manifestantes.
Fueron varias las víctimas mortales de esta normativa inmoral, absurda y vejatoria en todos los sentidos de la dignidad humana y las garantías más elementales, como la libertad de manifestación, expresión y asociación.
Pero sin duda, el caso que más dolió a la sociedad poblana y al país en general, fue el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, a manos de elementos de la Policía Estatal que le dispararon un proyectil que lo hirió en la cabeza, durante la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan.
El consenso sobre la eliminación de una ley que nunca debió existir es innegable y es una buena señal que se haya desaparecido como primera acción del nuevo Congreso. Sin embargo, no habrá jamás reparación de daño para los muertos, ni para los heridos ni para los familiares de las víctimas.
Hay también que enfatizar que, más allá de que es correcta la abrogación, los diputados de la bancada lopezobradoista no deben obviar el análisis y el debate a fin de no repetir, ni siquiera por descuido, los vicios antidemocráticos del Morenovallismo.