La Justicia Bajo la Ley de López Obrador

Caricatura de la Justicia

El título de este artículo, “La Justicia bajo la Ley de López Obrador”, obedece a que, tanto el propio término, Justicia, como el proceso judicial propuesto para abordar el genocidio, la corrupción y el narcotráfico han sido uno de los temas más controversiales durante la campaña presidencial. De igual forma, las expresiones vertidas sobre las “Instituciones”, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacen pensar en un sistema de “Ley” prorrogativo de López Obrador, donde no necesariamente habrá Justicia. El Estado mexicano, así como los tres poderes adscritos a él parecen ser patrimonio exclusivo del aspirante a presidente, algo extremadamente grave en un país que busca vivir democráticamente. Por esta razón, señalo: la “Justicia” es un procedimiento caracterizado por la imparcialidad y la equidad, su única salvaguarda es el debido proceso de ley.

Recientemente, López Obrador volvió a sacar del baúl de frases repetitivas el término “justicia”. El candidato utilizó el término con motivo de dar respuesta a un reclamo social, el traer ante los tribunales competentes a los “verdaderos” implicados en la desaparición de 43 estudiante de la Normal de Ayotzinapa. Los padres de familia de estos jóvenes irrumpieron en el presídium en donde el candidato Andrés Manuel López Obrador emitía su discurso de campaña en la ciudad de Iguala, Gro. El candidato se comprometió ante los padres de familia a integrar una Comisión de la Verdad en la que participen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que sea encabezada por la Organización de Naciones Unidas. López Obrador, además, señaló que al llegar a la presidencia se hará justicia para los padres de familia http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/25/padres-de-los-43-piden-justicia-en-acto-de-lopez-obrador-7477.html.

No es el objetivo de este artículo evaluar los procedimientos y resultados de las investigaciones que las “Comisiones de la Verdad” en este país han llevado a cabo contra crimines de lesa humanidad. Solo señalará que, hasta la fecha, hay miles de cuartillas escritas y ni un preso. Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de igual forma existen miles de documentos y ni un preso. Me remitiré al termino “Justicia”, el cual, en estos momentos parece ser la llave para abrir y cerrar el caso de Ayotzinapa. La dificultad con este término es que, aunque es de uso común, su aceptación se toma por dada, sin embargo, muy pocos comprenden el significado procesal y las diferentes aristas asociadas al mismo.


Cuando se pide “justicia” como en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, no nos estamos refiriendo a las “cuatro virtudes cardinales” expuestas en la República de Platón, a saber: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Tan poco nos referimos a las diferentes variantes que puedan ser añadidas al propio concepto: por ejemplo, justicia social, justicia moral, entre otras. Por lo que, la justicia que se reclama en este proceso es la relacionada al ius —derecho, al iustitĭa latino, «lo justo, o lo que se ajusta››. Al utilizar la expresión latina “iustitĭa” hacemos referencia al contexto legal del derecho romano, el cual nos ubica en el ámbito jurídico —ius—.

Sin embargo, dado que López Obrador es un ferviente religioso, “cristiano”, seguidor de Jesucristo, es necesario revisar el concepto de “justicia” dentro de la tradición judeocristiana y de esta forma tratar de comprender los vaivenes retóricos que el candidato utiliza para referirse a genocidas, crimen organizado, víctimas, perdón, amnistía. De acuerdo con la concordancia bíblica Strong[i] para el término que se traduce en español como justicia en el Antiguo Testamento se utilizan la palabra ts’daqah 15 veces (imparcialidad), tsedeq 10 veces (imparcialidad), tsadaq 2 veces (ser justo, hacer justicia) y una sola vez la palabra mishpat, esta última está relacionada con el proceso de hacer justicia (sentencia, juicio, decidir sobre un caso).

Con relación al Nuevo Testamento, el Diccionario de Strong (griego) señala tres palabras que, aunque no significan justicia, se traducen como tal. Las referencias pueden encontrarse entre las numeraciones 1341 – 1349: 1341 (δικαιοκρισία, dikaiokrisía, sentencia justa); 1342 (δίκαιος, díkaios, equitativo “en carácter o acto”, por implicación inocente, santo “absoluto o relativo”); 1343 (δικαιοσύνη, dikaiosúne, equidad “de carácter o acto”, específicamente justificación “cristiano”); 1344 (δικαιόω, dikaióo,           rendir “es decir mostrar o considerar como” justo o inocente); 1345, (δικαίωμα, dikaíoma, obra equitativa, por implicación estatuto o decisión); 1346 (δικαίως, dikaíos, equitativamente); 1347 (δικαίωσις, dikaíosis, absolución “por amor de Cristo”); 1348, (δικαστής,            dikastés, juez, juzgador); 1349 (δίκη, díke, derecho, recto “como auto-evidente”, es decir justicia “el principio, la decisión, o su ejecución”) y finalmente, sin ser de la mima etimología, se utiliza la palabra 2118 (εὐθύτης eudsútes) que significa rectitud y por referencia equidad[ii]. Como pueden observar, aunque la tradición o la intencionalidad de los traductores ha sido la construir un concepto de “justicia” abstracto, indefinible, la traducción correcta es de estas palabras es “EQUIDAD”, algo que es mucho más fácil de entender y que nos lleva nuevamente al sentido original del vocablo latino: Digesto de Justiniano, D. 1.1.10pr «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec… laedere, suum cuique tribuere.» “La justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son estos… dar a cada uno lo suyo”[iii].

Uno de los problemas con el que nos enfrentamos a la hora de intentar comprender, qué es los que propone López Obrador o qué es lo que piensa hacer, es su doble lenguaje. Hoy dice una cosa y mañana otra, o a su defecto, sus asesores lo corrigen. El sostenimiento de sus tesis basado en posverdades (los hechos no importan, crean en mi), las galimatías utilizadas en sus respuestas, por ejemplo, jamás ha podido explicar claramente en qué consiste su propuesta de amnistía, ya sea la anticipada o la de los narcos (solo repite, no venganza), y sobre todo, su incapacidad de explicar claramente lo que propone a la hora de ser confrontado con preguntas que ameritan un explicación coherente, ofreciéndonos respuestas cantinflescas, hace muy difícil la argumentación positiva o negativa de sus propuestas; Frase de Cantinflas: “Estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones?, ustedes me dirán. Y yo les contestaré: razones fundamentales que todo conglomerado debe entender y son tres: la primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas verdad? Pues así es.” Este estilo no es casual, ya que su retórica es demagógica y cada seguidor escuchará lo que así desee oír. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/un-proyecto-alternativo-de-nacion/

Aun así, podemos encontrar algunos lugares donde están documentadas sus propuestas. En su libro titulado, “2018, La Salida: Decadencia y Renacimiento”[iv], López Obrador se desborda en evidencia contra la corrupción, apropiación de fondos públicos (soborno, moches, diezmo, mordida) en México, pero a la hora de explicar cómo abordaría el problema de los crímenes de lesa humanidad ocurrido en Ayotzinapa reproduce el discurso ofrecido en la conferencia “Era Familiar Princess 2016, el cual se llevó acabo el jueves 11 de 2016, en Acapulco, Guerrero. En entre las páginas 101 y 102 de su libro se publica lo dicho en el ciclo de conferencias, eliminando solo el término “amnistía anticipad”, pero se reitera íntegramente todo lo demás. Por lo que, reproduciré un segmento de lo dicho en su discurso, publicado en la revista Proceso http://www.proceso.com.mx/451090/lopez-obrador-complice-la-corrupcion.

… “Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo, moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que sólo tenga como amo, al pueblo de México…

… “Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”. Aunque la proclama de López Obrador es “Justicia no Venganza”, con su propuesta se hace cómplice del régimen de corrupción que reproduce la más aberrante impunidad en la vida del pueblo mexicano…

Frente a nosotros tenemos daños contra la nación y contra la humanidad, no estamos hablando de ofensas menores. Dar un trato especial a los saqueadores y a los criminales de lesa humanidad es reforzar el discurso y la práctica de impunidad y corrupción del sistema judicial mexicano, dar marcha atrás en todo lo que se ha avanzado en materia de Derechos Humanos en el país. La máxima de “Ni Perdón ni Olvido”, exige, “Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos”.

La acción de perdonar no hace justicia. La amnistía tan poco hace justicia. La palabra amnistía deriva de la palabra griega amnestia, que es también la raíz de amnesia. La raíz griega connota el olvido más bien que el perdón de un crimen que ya ha sido objeto de una condena penal[v]. En México, las víctimas o agraviados (ofendidos) tienen el derecho constitucional de exigir se investiguen los hechos que constituyan una violación a sus garantías individuales y humanas. Demandarles o imponerles el “perdón” a través del poder ejecutivo o legislativo es un agravante más al ya sufrido por el agraviado. Por lo que, el perdón ejecutivo-legislativo por encima de los agraviados sería una flagrante violación a los derechos humanos y constitucionales de las víctimas (agraviados).

La venganza o la aplicación privada de la justicia, jamás ha sido solicitada o exigido por los padres de familia de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos intentar llevarla acabo, ni agraviados de crímenes de lesa humanidad. De haberlo hecho no hubieran solicitado la intervención de la Procuraduría de Justicia, hubieran tomado la ley en sus manos. Lo que los agraviados han exigido es la igualdad de derechos bajo la ley, EQUIDAD: que la ley otorgue lo suyo de “cada quien”, que el acto y sus consecuencias se imputen a su autor, que el culpable sea condenado (lo “suyo” es el castigo), que el inocente ha de ser absuelto (el castigo no es “suyo”), que quien sufre un daño tiene derecho a una reparación, lo “suyo es la reparación), etc[vi].

López Obrador, sigue zangoloteando sobre el problema real de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa. No hay que llamar a ningún organismo especial para iniciar una investigación objetiva de los hechos en Ayotzinapa, solo hay que invocar el Estatuto de Roma[vii]. El tribunal emanado de este estatuto es el idóneo, no solo para el caso de Ayotzinapa, sino también, para todos los casos donde se tienen claramente identificado las personas y funcionarios que participaron en crímenes de lesa humanidad y de guerra, como se le ha querido llamar al combate contra el narcotráfico en nuestro país.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; en el que la policía municipal de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, y donde además se cuenta con un saldo de 9 personas fallecidas y 27 heridos, puso en evidencia la precaria situación legal de México con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Es por esta razón que, el único contrapeso viable ante el poder público es la Corte Penal Internacional (CPI) https://estrellasur.wordpress.com/2017/03/20/hacer-valer-el-estatuto-de-roma-en-el-caso-ayotzinapa-43/.

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la “Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”. El objetivo del Estatuto de Roma es el impedir o disuadir de manera preventiva el incumplimiento y la violación a las normas de derecho internacional contenidos en el mismo, y en dado caso, hacer que los crímenes horrendos que se han dado en la historia reciente de la humanidad no queden sin castigo. El mecanismo de jurisdicción que asegura que los que realicen este tipo de crímenes sean llevados a la acción de la justicia coadyuva a su objetivo disuasorio pues trata de impedir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunción con los Estados Parte[viii].

Con carácter general, puede afirmarse que el derecho internacional clásico desconocía la responsabilidad penal de los individuos, como es el caso de la doctrina positivista clásica que consideraba inimaginable que una norma de derecho internacional pudiera ser infringida por personas individuales. El principio de responsabilidad penal internacional del individuo constituye la base teórica de una jurisdicción penal internacional (Alejandro Zavala Sosa) http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33523.pdf. La diferencia de otras cortes o tribunales internacionales con relación a la Corte Penal Internacional es que, ésta no juzga la responsabilidad del Estado, la CPI se encarga de juzgar directamente a los individuos y solo respecto de los delitos que prevé su propio estatuto[ix].

La sanción de la responsabilidad internacional del individuo a través de jurisdicciones internas presenta inconvenientes prácticos, la complicidad es uno de ellos. Además, hay cuestiones de índole política que impide a varios Estados asumir de forma plena esta obligación internacional, aumentando así la posibilidad de que los crímenes queden impunes. Por lo que, la jurisdicción penal internacional permite asegurar la sanción de la responsabilidad penal del individuo, cuando los cauces internos sean insuficientes o resulten ineficaces.

Si bien, México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005. Para su aprobación, el legislativo aprobó y agregó al artículo 21 de la Constitución, que se refiere a la competencia sobre la imposición de penas, un párrafo en el que se estipula que: Artículo 21… El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional…

De acuerdo con Manuel BECERRA RAMÍREZ[x], la postura mexicana es bastan te desafortunada desde la perspectiva del derecho internacional. Según se puede leer la reforma constitucional no es un reconocimiento llano de la jurisdicción de la corte, lo que hace es reservar la aplicación del Estatuto a la aprobación del Senado “en cada caso” concreto; lo que trae por consecuencia una serie de interrogantes:

  1. a) ¿Por qué el Sena do puede decidir sobre la procedencia de la competencia de la CPI?
  2. b) ¿Cuá les son los parámetros que tendrá el Senado para decidir si procede o no?
  3. c) En tal caso, ¿el Senado tendrá un sistema para escuchar a los perjudicados por su decisión, como su cede normalmente en los procedimientos judiciales?

Aun con todas las dificultades que conlleva invocar el Estatuto de Roma, este tratado es la mejor opción, si lo que se desea es impartir “justicia”. Es un absurdo legal otorgar “Perdón” a alguien que no ha confesado su delito, es aberrante cerrar los ojos y otorgar una amnistía genérica y no inquirir sobre el actuar de los funcionarios públicos en delitos como el genocidio, el narcotráfico, la corrupción. En ningún momento y en ninguna circunstancia los familiares y amigos de los torturados, masacrados o desaparecidos del país han pedido “Venganza”. Solo en la mente de un perverso y ambicioso candidato a la presidencia se puede generar semejante barbaridad. El clamor de las víctimas jamás ha sido la venganza, quieren justicia. Las víctimas y México se lo merecen, y tienen derecho a ello.

Referencias:

[i] Strong J., 1976, The Exhaustive Concordance of the Blible and Comparative Concordance and Dictionaries of the Hebrew and Greeks Words, 34 ed, USA.

[ii] https://www.logosklogos.com/strongcodes?pagina=135

[iii] http://citas-latinas.blogspot.com/2009/08/suum-cuique-tribuere-dar-cada-uno-lo.html

[iv] López-Obrador AM., (2017) 2018 La Salida, Decadencia y renacimiento de México, ed. Planeta, México

[v] Véase Diane F. Orentlicher, “Settling accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior regime”, Yale Law Journal, vol. 100, Nº 8 (1991), pág. 2537. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf

[vi] (Preciado Hernández, R., (1967), Lecciones de filosofía del derecho. 5ª. Ed., México Jus. Tomado de Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, ed. Porrua, México pp 2259, Justicia)

[vii] http://www.derechos.net/doc/tpi.html

[viii] México ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, después de reformar la Constitución, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/186/308

[ix] Tomado de   Alejandro Zavala Sosa, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33523.pdf, Lirola Delgado, I. y Martín Martínez, M. M.: La Corte… cit., pp. 18-19

[x] Ibid https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/186/308