La iniciativa privada impulsa a rectores para combatir la corrupción en Puebla

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso que los rectores de las universidades públicas y privadas más importantes del estado integren la comisión que se encargará de integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de que no se infiltren perfiles cercanos al aparato de gobierno.

Tiene que existir una verdadera participación ciudadana para que el comité estatal sea el verdadero contrapeso a todos los actores gubernamentales que forman parte del sistema, manifestó el presidente del CCE, José Carlos Montiel Solana.

En una conferencia de medios, Montiel explicó que seis rectores aceptaron participar en la convocatoria que lanzó el Congreso de Puebla para formar parte de la comisión de selección, por lo que se registrarán como candidatos antes de que venza el plazo para la recepción de documentos el viernes próximo.


El CCE impulsa a Alfonso Esparza Ortiz, de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP); a Rashid Abella Yunes, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Puebla; a Fernando Fernández Font, de la Universidad Iberoamericana (UIA); a Emilio José Baños Ardavín, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); José Mata Temoltzin, de la Universidad Anáhuac, y a Job César Romero Reyes de la Universidad Madero (Umad).

Montiel expuso que la importancia del Comité Estatal de Participación Ciudadana estriba en que sus cinco integrantes ostentarán de manera rotativa la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción. Si no garantizamos que este sistema empiece con el pie derecho (garantizando la participación de la sociedad) en dos años o un año vamos a estar sentados aquí, nuevamente, quejándonos de un sistema que no funciona, que está cooptado por las autoridades y no cumple la función para la cual fue creado, advirtió.

 ¿Por qué se crea el Sistema Anticorrupción?

El Sistema Estatal Anticorrupción surge de una reforma a la Carta Magna del país vigente desde el 27 de mayo de 2015, que obligó a las 32 entidades a instaurarlo con la finalidad de que cuenten con un mismo andamiaje institucional que se coordine para reducir los niveles de impunidad en el país.

Las autoridades que integran el sistema tienen la responsabilidad de prevenir, detectar investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como de llevar a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos.

El Sistema Estatal Anticorrupción requiere para su funcionamiento de siete instituciones, dos de las cuales no se han instalado en Puebla, pese a que el periodo para hacerlo vence el 19 de junio próximo: el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité Estatal de Participación Ciudadana.

Las instancias que ya operan son la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura, los dos últimos de reciente creación.