La economía regional del “triángulo rojo” ya depende de los huachicoleros

La economía regional del “triángulo rojo” ya depende de los huachicoleros

Una realidad que se está imponiendo –bajo el silencio cómplice de autoridades de los tres niveles de gobierno– es que en la zona del llamado “triángulo rojo” la actividad de todos aquellos que intervienen directamente o indirectamente en el robo de los ductos de Pemex se ha convertido en el soporte principal de la economía regional, principalmente de municipios como Tecamachalco, Quecholac, Acajete, Los Reyes de Juárez y Acatzingo, entre otros.

Por esa razón cada vez se percibe un mayor involucramiento de las comunidades defendiendo la actuación de los llamados huachicoleros, ya que es un negocio que cada vez gana una base social de apoyo, algo similar a lo que pasa con el narcotráfico.

Sin hacer una apología del delito, es necesario observar la siguiente realidad:


Las regiones en donde más se ha desarrollado el robo de combustible tiene como principal característica la ausencia de políticas públicas de generación de empleos. La mayoría de las fuentes de trabajo son precarias y escasas.

En cambio el robo de hidrocarburos está generando un importante número de fuentes de trabajo para quienes se involucran en las bandas de huachicoleros, en todas sus modalidades que van desde ser los que “ordeñan” los ductos de Pemex, los que trasladan la gasolina o diesel robados, los que lo almacenan y los de los grupos de protección.

Hay un segundo grupo de beneficiarios, por decirlo de una manera, que son todos aquellas personas en lo individual o en familia que se dedican a vender el hidrocarburo robado. No es algo menor, pues se calcula que ya son cientos de sitios junto a carreteras, en barrios alejados, cerca de centros de abasto de alimentos, en rancherías y áreas suburbanas que se dedican a comercializar el combustible, que tiene miles de clientes.

Un tercer segmento, que es la parte más importante, es que en varios municipios ya son más los conductores –de todo tipo– que compran combustible robado que el hidrocarburo que despachan las gasolineras. La razón de esa preferencia radica en algo de mucho peso: el combustible se vende al 50 por ciento del precio comercial.

Visto de otra manera: lo que el presidente Enrique Peña Nieto no pudo lograr con su fraudulenta reforma energética que era bajar el precio de los combustibles, en el llamado “triángulo rojo” si lo consiguieron los huachicoleros. Para miles de familias es un importante alivio el poder comprar gasolina a mitad de precio.

Y para otras cientos de familias que sus miembros encuentren trabajo en las redes que tienen que ver con el robo de combustible, sin contar la derrama económica que por esa actividad captan los pequeños, medianos y grandes establecimientos comerciales.

Un presidente municipal de esa zona le comentó a este columnista: “En los muchachos ya no es muy atractivo convertirse en un migrante exitoso en Estados Unidos, sino ahora su modelo es ser huachicolero”.

Otra fuente confiable me indicaba que es sorprendente como en todos los estratos sociales, de municipios como Tecamachalco o Quecholac, la mayoría de la gente ya compra gasolina en el mercado negro, sin importar el riesgo que eso implica.

Una fuente más, de una comunidad muy cercana a la ciudad de Puebla, sostiene que el grado de sofisticación ha llegado a tal extremo que los huachicoleros ya están empezando a comercializar gas lp.

En resumen: la estabilidad económica de la regional de los municipios del “triángulo rojo” ya depende del robo de combustible.

Desde luego que no se puede comparar, en ningún sentido, el efecto de las remesas que mandan migrantes asentados en Estados Unidos a sus familias en Puebla con el robo de combustible. Las bandas de huachicoleros están generando riqueza, empleos y ahorro familiar, pero a un precio social muy alto que pone en riesgo la frágil estabilidad social y política de varias regiones del estado de Puebla.

Al final los huachicoleros son bandoleros y su actividad está acompañada de violencia, de consumo de drogas, de tráfico de armas, de corrupción, de extorsión a los presidentes municipales y de terror por las “guerras” que existen entre las organizaciones por el control de los territorios, de los puntos de venta, por las tomas clandestinas en los ductos de Pemex.

Se sabe que esta actividad la iniciaron los zetas, pero grupos locales se montaron en el negocio y han desplazado al cártel proveniente de Tamaulipas. Una manera en que lo lograron es que se armaron, por un lado, y por otro habrían echado mano de sicarios provenientes de Jalisco para evitar la intromisión de los tamaulipecos.

Todo esto pasa frente a los gobiernos de los tres niveles, que no saben como frenar dicho crecimiento delictivo o en algunos casos, los servidores públicos son cómplices de dicha actividad criminal.

En el “triángulo rojo” ya se dividen los alcaldes que han aceptado sobornos a cambio de fingir que no se dan cuenta lo que pasa con los huachicoleros, y los que se niegan a colaborar, por lo que viven atemorizados, perseguidos, por carecer del respaldo de las autoridades federales y estatales.

Lo peor de todo esto es que las consecuencias negativas de la expansión del robo de combustible apenas están empezando a emerger.