La deuda pública muestra quién manda sobre los gobernantes

La información oficial de Hacienda al fin del sexenio de Enrique Peña Nieto muestra que la deuda acumula $10.424 billones de pesos. Tan solo en el último año ha crecido en 12%, y según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública del segundo trimestre de 2018, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se distribuye en 6 billones 541 mil 968.1 millones de pesos de deuda interna, contratada a través de instrumentos como Cetes, Bondes y bonos IPAB, entre otros. El endeudamiento externo ascendió a 3 billones 885 mil 538 millones de pesos.

Existe la deuda interna y la externa. La primera se refiere a que los prestamistas se encuentran en el interior del país y la segunda se refiere a que los prestamistas se localizan en el exterior. La deuda pública que se integra con las obligaciones del gobierno federal, de las empresas paraestatales, y de la banca de desarrollo.

La expansión del 2000 a 2018 ha sido mayúscula y planteada en términos de deuda por persona alcanza a 80 mil pesos anuales por cada habitante del país, y para el último año crece a un ritmo de endeudamiento del sector público de unos 3 mil 77.7 millones de pesos al día, todo para completar sus gastos y requerimientos financieros y de inversión productiva, agravados por un año de altas tasas de interés, precios bajos del petróleo, déficit comercial con el exterior y gran especulación monetaria.


Las claves para la evaluación del impacto de la deuda en el crecimiento económico y en el desarrollo social son el costo financiero de la deuda [El costo financiero incluye los intereses y excluye la amortización o pago de abonos de la deuda] y comparar la tasa de crecimiento de la deuda y su costo con la tasa de crecimiento económico.

México tuvo que pagar a sus acreedores internos y externos durante el período de Enrique Peña Nieto (2013-2017)  un 2.2 por ciento del PIB, que no es menor si se compara como base el crecimiento económico del país que fue de 2.4 por ciento durante el período y le restamos el costo financiero de la deuda hay un sobrante 0.2 por ciento, y si a ese resultado le descontamos el crecimiento poblacional que fue de 1.3 por ciento resulta en la pérdida de -1.1 por ciento del crecimiento económico, lo que se va a los bolsillos del gran capital financiero local e internacional.

Es por eso que nada queda para el gasto corriente y el gasto en inversión y no hay recursos para renovar la infraestructura construida en años anteriores. Más aún hay que pagar los intereses siguientes y sus vencimientos: con base en el saldo contractual de la deuda interna del sector público registrado al 30 de junio de 2018, las amortizaciones para lo que resta del año (julio a diciembre de 2018) serán de 848 mil 869.3 millones de pesos. De lo cual, 95 por ciento se debe a los vencimientos de valores colocados en los mercados nacionales.

Además, por la deuda externa se tendrán que erogar, en la segunda mitad de 2018, 5 mil 371.8 millones de dólares. De esta cifra, 51.5 por ciento va a las amortizaciones vinculadas al comercio exterior y a vencimientos de deuda con organismos financieros internacionales, y 22.5 por ciento irá a los vencimientos de deuda de mercados de capitales.

El Estado tiene una base débil para hacerse de recursos y los que obtiene vienen del despojo a los salarios y pensiones de los trabajadores, a los precios de los productos campesinos, a las tarifas de los servicios básicos, sin que se atreva a aumentar los impuestos a las ganancias de las grandes empresas a las que se subsidia o premia.

Se aproxima el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin que plantee romper esta cadena que esclaviza al país al pago de la deuda eterna (interna y externa). Su equipo ha prometido a los empresarios que: 1) se respetará la independencia y línea financiera del Banco de México de baja inflación, no aumento al gasto corriente y no elevación de impuestos; 2) que el gasto social crecerá por una “austeridad” en los sueldos de la alta burocracia, así como en recortes y controles a la corrupción dentro del gobierno y 3) que se promoverá la inversión privada externa e interna en sectores rentables para que crezca la infraestructura.

Su estrategia económica es de austeridad del sector público, combate a la corrupción, respeto a la ley y al dogma neoliberal de la estabilidad macroeconómica. Acerca del problema de la deuda, solo señalan: 1: endeudamiento cero durante su período presidencial, 2: que la expansión del gasto público crea deuda, y 3 que revisará deuda privada en contratos que se pudiera convertir en deuda pública como sería la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México cada vez más oneroso e inviable, por lo que AMLO parece inclinarse a concesionarlo a los privados.

Los datos oficiales precisan que para el próximo año (2019) se erogarán por concepto de amortización de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de pesos y para la externa, canalizarán 9 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 195 mil 562 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 19.80 pesos por dólar.

Los acreedores del gobierno son Citibanamex que obtiene en México 33 por ciento de sus ingresos por comisiones, mayor al 18 por ciento que obtiene en Estados Unidos; BBVA-Bancomer genera en México 36 por ciento frente al 19 por ciento que percibe de España; HSBC capta 33 por ciento y en el Reino Unido sólo 25 por ciento. Scotiabank recibe de México 19 por ciento y de Canadá, 14 por ciento; Santander registra acá 39 por ciento frente a 20 por ciento de su matriz en España.

México tiene una balanza comercial con saldos negativos que ha traído el TLCAN y se agravará por la presión de Donald Trump en la renegociación de ese Tratado y por la guerra comercial en el mundo. Además deberá pagar el costo financiero de la deuda interna y externa, y no parece tener disposición a renegociarla y menos a no pagarla. La dependencia a la mayor entrada de capitales y a recortes en el gasto público colocan a México en la jaula del capitalista neoliberal: extractivismo con  redistribución de migajas para parar la presión social contra los privilegios de los de arriba.

¿A QUIÉN SIRVE? Be Grand = corrupción = destrucción

Be Grand* viola el tratado internacional entre gobierno de México y la UNESCO que en 2007, declaró a la UNAM Patrimonio de la Humanidad. Allí se menciona como límite de construcción: “área habitacional que consiste en una restricción de altura de dos pisos y un 40% máximo de área sin construcción…” Haciendo caso omiso de este tratado internacional, Be Grand inicia con permisos ilegales, la construcción de dos torres de 23 y 27 pisos y de 7 pisos hacia abajo para construir 1265 cajones de estacionamientos. El consejo Universitario se ampara y la obra se detiene momentáneamente. Días después, el rector ofrece a Be Grand, sin participación de este, que pueden construir hasta 30 metros de altura.

Los habitantes de Copilco-Universidad rechazamos esta maniobra hecha a espaldas de los ciudadanos. El consejo Universitario, tiene el deber moral de cumplir con la ley y no ser cómplice de prácticas corruptas utilizadas por las empresas privadas y toleradas por algunos funcionarios. El negocio a costa de la vida de los ciudadanos.

La comunidad de Vecinos Unidos Copilco Universidad (VUCU) y miembros académicos de la UNAM, exigimos que se cumpla la ley también para los predios circundantes.

*Be Grand Universidad es una mega construcción más de las que están destruyendo la zona de Copilco-Universidad. Dejan sin agua a la comunidad alterando irreversiblemente los servicios de drenaje, luz y colapsan la vialidad.

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