Quizá porque los medios masivos de comunicación estén empeñados en dar mayor importancia y difusión a la violencia que ensombrece la vida del país, algunas decisiones y hechos que camban la vida social y hacen del gobierno un aparato al servicio del bienestar social, suelen pasar desapercibidos o se ocultan interesadamente.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas trascendentales, una de ellas, complementa la disposición constitucional que impide a los servidores públicos tener un sueldo superior al del presidente de la República. La iniciativa, ahora, incluye a todos los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta la fecha no han acatado la disposición constitucional e, incluso, han promovido amparos en defensa de sus privilegiados salarios.
La otra iniciativa, elimina la facultad del Ejecutivo federal para condonar impuestos, facultad que, en los dos últimos sexenios, uno del PAN y otro del PRI, se perdonó el pago de impuestos por 400 mil millones de pesos. El presidente López Obrador, explicó así la iniciativa: “Más de la mitad de las condonaciones de impuestos autorizadas a partir de 2007 beneficiaron a sólo 108 personas físicas o morales, mientras el resto se adjudicó a más de 150 mil contribuyentes; es decir, se condonaba impuestos a los potentados, a los influyentes por decreto presidencial. Hoy, en México, no se permiten las condonaciones fiscales y son realidad otros cambios exigidos por la ciudadanía”.
Esos potentados e influyentes favorecidos por Calderón y Peña Nieto, fueron bancos, televisoras, equipos de futbol, ingenios azucareros, constructoras y hasta partidos políticos. Ese sacrificio fiscal del gobierno federal, hecho a espaldas de los contribuyentes, hizo recaer en los trabajadores, causantes cautivos, el mayor peso del ingreso gubernamental, pero eso se acabó. Los miles de millones de pesos que se obsequiaban a los grandes contribuyentes y que ahora se tendrán que pagar, deberán servir para fortalecer la política social de la cuarta transformación.
Pero no es todo. Una decisión más del presidente, digna de difusión y apoyo, fue dada a conocer en Concepción del Oro, Zacatecas. Ahí, dijo AMLO: el gobierno federal “no va a entregar nuevas concesiones para la explotación minera, porque fue un exceso lo que se les dio”. Y el dato que aportó el presidente para sustentar su decisión, fue escalofriante: de la superficie total del país, que es de 200 millones de hectáreas, en los 36 años de neoliberalismo se concesionaron 80 millones de hectáreas a empresas mineras, es decir, 40 por ciento del territorio nacional se entregó para el usufructo del capital privado.
Entre la maraña de acusaciones veladas, intrigas sugeridas, mensajes cifrados y violencia enfatizada, que actualmente ofrecen muchos medios de “comunicación”, estas noticias fortalecen al ánimo popular y en la encuesta quincenal de El Economista la aceptación de la gestión de AMLO, al 20 de agosto, ascendió a 62.5 por ciento.
Pd. El PRD no ha muerto…ya se apoderó del Senado… ¿Qué sigue?