En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan.
Étienne Bonnot de Condillac
El discurso oficial está plagado de lugares comunes, como el que acabo de escribir. Se insiste, por ejemplo, en que México es un país de instituciones. Supongo que en contraposición al poder unipersonal. Así lo corrobora otro lugar común: los hombres se van, las instituciones permanecen.
Ello significaría un elogio a las instituciones de la república. Pero al momento de analizar su calidad y revisar su prestigio y aceptación en el seno de la ciudadanía, no superan la prueba del añejo. Lo peor del asunto es que todo parece indicar que siempre ha sido así. Las páginas de nuestra historia no registran episodios donde los ciudadanos se hayan sentido satisfechos y confiados en el funcionamiento institucional del país.
Asumiendo que no se cuentan con estudios estadísticos (encuestas por ejemplo) que lo demuestren, se puede presumir que a lo largo del tiempo no todas las instituciones públicas y privadas reciben ni han recibido la misma calificación por parte de los ciudadanos.
Pero desde que existen registros medianamente confiables y los medios de comunicación se han masificado, el rechazo generalizado de la ciudadanía hacia algunas de las principales instituciones del Estado es una constante. La falta de confianza expresada se centra en un aspecto, la corrupción.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), los ciudadanos perciben “frecuente” o “muy frecuentemente” actos de corrupción en los organismos o áreas de la administración pública en el siguiente orden (el número que se muestra es el porcentaje de los encuestados que se expresaron en ese sentido):
1. Policía: 89.7 por ciento 2. Partidos políticos: 84.4 por ciento 3. Ministerio público: 78.4 por ciento 4. Gobiernos estatales: 77.2 por ciento 5. Diputados y senadores: 77.0 por ciento 6. Gobierno municipales: 75.8 por ciento 7. Gobierno federal: 75.6 por ciento 8. Instituciones electorales: 66.5 por ciento 9. Sindicatos: 66.4 por ciento 10. Jueces y magistrados: 65.0 por ciento 11. Empresarios: 63.5 por ciento 12. Medios de comunicación: 62.3 por ciento.
En medio de tal descrédito, algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia han hecho esfuerzos por darle respetabilidad a su trabajo y a contrapelo se han anotado algunos puntos favorables. El que cuenten con un canal de televisión y hagan públicas las sesiones de su Pleno les ha ayudado, sin duda, pero no debe escamotearse el crédito a quienes se apegan al juramento constitucional.
Este hecho, un tanto insólito en un régimen donde el Ejecutivo somete a los otros poderes, es muy sano para la república que podría contar –de continuar la tendencia constitucionalista de la Corte– con una institución que empezara a poner orden en el impune desbarajuste imperante.
Esa era la esperanza viviente frente al discutible contenido de las reformas de Peña Nieto y el atropellado proceso legislativo seguido para acatar el mandato presidencial y los intereses externos e internos que las inspiraron.
Del discurso inicial del presidente EPN, plasmado en el Pacto por México y recogido, aunque ya diezmado, en las reformas constitucionales, a las infames leyes secundarias hay una enorme distancia. Simplemente dieron al traste con la ilusión de que, finalmente, las llamadas reformas estructurales pondrían por delante el interés nacional y el bienestar ciudadano.
Frente al lamentable retroceso de la ley de telecomunicaciones, que no solo dejó intactos los monopolios sino que favoreció su fortalecimiento, una y otra vez escuchamos a los legisladores opositores decir que llevarían el asunto a la Suprema Corte para que calificara la constitucionalidad de las leyes secundarias.
Y con mayor insistencia los escuchamos en el caso de la ley energética, que de plano se llevó entre las patas lo que quedaba de soberanía nacional, dejando sin control la intervención extranjera en áreas estratégicas para la seguridad y desarrollo independiente del país; dejando en el desamparo a campesinos y comuneros respecto a la propiedad de sus tierras, además del inminente destrozo ecológico.
Pero hete aquí que el aparato gubernamental se ha encargado de dinamitar cualquier posibilidad de que las reformas lleguen a la Corte. Respecto a los métodos utilizados “convencer” a los legisladores de su “error” es imposible asegurar nada pero se puede suponer todo. No en balde son percibidos como corruptos.
Y lo más lamentable es que el Ifetel, supuestamente autónomo y que, de acuerdo con dos de sus consejeras, “más de 50 artículos de la ley podrían estar violentando sus atribuciones constitucionales”, también se sometió al capricho presidencial y renunció a llevar el asunto a la Corte.
Lo dicho, algo bueno estará ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el propio Peña Nieto teme que declaren inconstitucionales sus reformas. Ha de ser porque lo son ¿a que sí?
Cheiser: El siempre entrañable Marcelino Perelló nos recuerda que un 11 de septiembre como hoy ocurrieron cuatro hechos aciagos. En 2001 las simbólicas torres gemelas de Nueva York son derrumbadas por sendos avionazos. En 1973 un golpe militar en Chile, auspiciado por Estados Unidos, derroca al gobierno de la Unidad Popular y causa la muerte del presidente Salvador Allende. En 1847 el invasor ejército estadounidense ocupa la Ciudad de México. Y en 1714 “se produce el asalto final a la ciudad de Barcelona, por parte de las tropas franco–españolas, después de más de un año de sitio, dando así por terminada la Guerra de los Catalanes y el inicio del sometimiento político y ocupación militar de Cataluña”.