Juzgado Quinto Penal otorga amparo al alcalde, presidenta del DIF y 40 funcionarios del gobierno de Texmelucan

El Juzgado Quinto Penal otorgó el amparo de la justicia federal al alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Emilia Sofía García, y a 40 funcionarios más, para evitar que sean detenidos, como resultado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza al gobierno local por presuntos nexos con el crimen organizado.

La información se desprende del amparo colectivo promovido bajo el número de expediente 466/2018, con fecha de acuerdo del 18 de mayo, por parte del abogado Hernán De Jesús Martínez Peña en nombre de los quejosos directos.

Entre ellos se encuentran 12 regidores, el secretario General del Ayuntamiento, Adrián Soto Salamanca; la tesorera general, Liliana Salazar Vega; y el director de Gobierno, Marco Antonio Ávila Cruz.


En la lista además están funcionarios del área jurídica del Ayuntamiento, Rosalba García García y Miguel Ángel Solís Armenta; así como el contralor municipal, Fiacro Luis Torre Blanca Coello; del director de Egresos, Luis Fernando Astorga González.

Incluso, trascendió que hubo cinco integrantes del Cabildo que realizaron el trámite de forma personal y por el cual pagaron entre 25 mil y 100 mil pesos.

Todos los anteriores contra los actos reclamados al gobernador, Antonio Gali Fayad, y otras autoridades estatales.

La decisión fue tomada por el presidente municipal y su gabinete, tras la detención de Antonio “N”, director de Gobierno Municipal; y Sandra “N”, directora del Centro de Control y Comando (C2), responsable del monitoreo de las cámaras de vigilancia en el municipio de San Martín Texmelucan.

A ambos se les acusó de Conspiración y de incurrir en delitos que obstaculizan la administración de la justicia, por estar involucrados en el caso de tres jóvenes que fueron detenidos y después encontrados desmembrados, al día siguiente, quienes supuestamente formaban parte del grupo criminal Los Villegas.

El pasado 2 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el Ejército Mexicano detuvieron a 185 elementos de la Comisaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad, por presuntos vínculos con bandas delincuenciales dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esa ocasión, fueron detenidos el comisario Miguel Ángel Jacinto; el director de la Policía, Sinuhé Jerónimo León, así como su chofer Mauricio, quienes después fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y abuso de autoridad.

Por su parte, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Texmelucan, Miguel Ángel Solís Armenta, reveló que al menos 45 trabajadores de la Policía y Tránsito Municipal presentaron su renuncia el pasado 22 de mayo.

Dichas renuncias incluyen a cinco de los 89 policías que están debidamente certificados, así como de 40 oficiales de Tránsito y Vialidad que fueron suspendidos de sus actividades.

En tanto, la persona que es enlace del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), Cecilia Irene Cedillo, presentó su renuncia voluntaria.

Lo anterior, ante los señalamientos que se desconoce el destino de los 10 millones de pesos que el gobierno federal entregó al gobierno de Texmelucan para acciones de prevención y seguridad en la región.