Justicia contra orden

Enrique Peña Nieto ofreció en cadena nacional poner orden en este desplomado país, combinando programas económicos para los estados más pobres con la reestructuración de las policías nacionales, a quienes podremos recurrir simplemente marcando el 911, como en las series de televisión gringas. Identificó como nodos de la violencia a los municipios, proponiendo someter o, incluso, disolver los ayuntamientos en los que el narco domine.

La demanda de justicia es hoy la más importante en nuestros país, merced a la indignación y hartazgo causados por los hechos de Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, este último sobre todo para los del poblano domicilio. Pero la intención mediática dominante asociada a la gubernamental consiste en que lo que se brinde al público sea orden. Los jóvenes, infiltrados por la Policía o no, que lanzan bombas molotov a la puerta de Palacio Nacional o quieren romper los vidrios de la rectoría de la UNAM, crean la materia prima para que se trate de empujar a la opinión pública a demandar de manera creciente a que haya orden aunque éste no se acompañe de justicia.

Las a todas luces arbitrarias detenciones cometidas en el Distrito Federal el 20 de noviembre y las persecuciones a jóvenes universitarios y activistas, siendo la más reciente la aprehensión de Sandino Bucio Dovalí el 28 del mismo mes en las inmediaciones del Ciudad Universitaria, quieren ser el mensaje de que los gobiernos no bajarán la guardia frente a la avalancha de acciones ciudadanas que los identifican a ellos como responsables, tanto de las causas fundamentales como de las acciones directas de la represión brutal que vivimos en México. Mano dura es la oferta.


Se sabe, por innumerables episodios históricos, que las situaciones de inestabilidad profunda devienen en desesperación ciudadana, y ésta en demanda creciente de orden a cualquier precio. Los gobiernos federal, varios estatales y el del Distrito Federal parecen empeñados en demostrar su autoridad a costa de los que sea. Quieren detener la oleada de protesta y organización ciudadana, no vista desde hace mucho tiempo, con la imposición de miedo e, incluso, de terror.

Como las posibilidades esperadas en este escenario descompuesto son de incremento de la protesta, la inseguridad, la impunidad y todos estos males prevalecientes, los preparativos gubernamentales se dirigen a imponer su autoridad. Las reformas secundarias han abierto el camino al despojo y la expoliación, y, como es lógico, a una respuesta ciudadana cada vez más fuerte. La oferta de personajes que logren imponer la línea dura ya se hace evidente. Parece que a Mancera le va quedando la línea del “les guste o no”, y en Puebla tenemos al góber–bala, Rafael Moreno Valle, a quien, lejos de que los embates de inconformidad popular o, incluso, la recomendación de la CNDH del 11 de septiembre, lo hagan detener su política represiva, sigue aprehendiendo y persiguiendo a las personas que se resisten a sus insostenibles políticas. Por estos días el número de presos y procesados políticos supera el número de 85. Su apuesta es presentarse ante la opinión pública estatal y nacional como el más capaz de poner orden, con mejores números que Mancera u Osorio Chong. Parece que la carrera por el 2018, en la interpretación de estos políticos, pasa por la represión y el terrorismo de Estado. Lo que hay que ver es qué tanto la ciudadanía emergente está dispuesta a soportarlo.