Jugadas poselectorales

La situación actual del morenovallismo y sus posibilidades políticas a futuro aparecen determinadas por dos decisiones que están marcando la pauta de sus acciones poselectorales en la contienda 2018: haber designado a la esposa del jefe para la candidatura, y querer hacerla ganar aprovechando el control de la institucionalidad electoral del estado. La primera, trasluce que dentro del equipo no hubo personas destacadas ni dignas de confianza para otorgarles ese privilegio; la segunda, acreditaría la certeza habida de que, sin fraude, la derrota electoral era inminente. Mantener el control político sobre Puebla, aspirar a convertirse en centro de atracción para los vencidos por el lopezobradorismo, y afianzar posibilidades de dirigir al PAN como mecanismos para lograr una futura participación electoral por la presidencia de la República, quizá, habrían sido los objetivos por conseguir con dichas decisiones.

El resultado de la elección presidencial y la resistencia política y civil pacífica que enfrenta el morenovallismo, por la generalizada percepción de la existencia del fraude electoral, dejan entrever que aquellas decisiones se basaron en cálculos políticos poco adecuados y que, tal vez, no ofrecen el mejor camino para conseguir aquellos objetivos. Que AMLO arrasara con diferencial histórico de treinta puntos demostró, no solo que la población quiere cambios reales en las prácticas de gobernar, sino que salió a votar en cantidad abrumadora para que no quedara duda sobre el sentido social de su elección para determinar el rumbo político y social de la nación. La  permanente aparición de éste en el primer lugar de las preferencias electorales y los holgados márgenes de intención de voto mostrados por las encuestas, hicieron previsible su triunfo en las urnas. El morenovallismo tomó la difícil decisión de configurarse como el contraste político.

Aventurarse en los caminos del fraude para ganar la elección muestra desesperación por sobresalir, o por no desaparecer, en el escenario político. La decisión se finca en por lo menos cuatro circunstancias; tres, que coyunturalmente controla: elección de estado, reforma constitucional y oferta de gobierno de coalición; y otra que, siendo de su exclusiva creación, los desborda: sus resultados de gobierno. Los sucesos vistos antes, durante y después de los comicios denotan que el uno de julio ocurrió una elección de estado, que se sigue trabajando mediante el control político de los organismos electorales –IEE y TEEP– con cuyo desempeño adulterador buscarán obtener una victoria jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Buscan afianzar la presunta victoria, echando mano de algunas jugadas poselectorales.


Hacen correr entre la población el rumor de que el triunfo ya es definitivo y realizan presuntos actos de transición gubernamental, explicables solo como meras complicidades de grupo. Impulsaron la reforma del artículo 75 de la Constitución de Puebla, al tiempo que manifiestan públicamente que conformarán un gobierno de coalición. La reforma constitucional, de claro oportunismo y conveniencia política, fue justificada con el argumento de “armonizar” la constitución local con la federal pretendiendo, en realidad, que la virtual ganadora no rinda protesta del cargo ante los legisladores de Morena; hecho único al que pomposamente llaman “gobernabilidad”. Como si fuera un karma político, resulta que esa nuevecita y recién aprobada reforma posee un vicio jurídico: es inconstitucional por la existencia de una omisión legislativa.

Me explico. La reforma al artículo 87 de la Constitución Federal que estableció las posibilidades para que un presidente electo pudiera tomar posesión del cargo, en último de los casos, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. En los artículos transitorios de esa reforma se exigió la “adecuación”, no “armonización”, de la legislación de los estados: “Tercero. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.” Es decir, el Congreso del Estado de Puebla tuvo hasta el diez de agosto de 2013 para efectuar dicha adecuación. No haberla hecho dentro del plazo fijado, es la omisión legislativa que, ahora, sella de inconstitucional esa reforma.

Por otro lado, el planteamiento de formar gobierno de coalición, en el escenario de la elección impugnada, adquiere modalidades tanto de promesa de pago –con cargos públicos– por favores electorales recibidos de partidos políticos y organizaciones empresariales y obreras que apoyan la decisión de triunfo que el IEE otorgó a la candidata; como de anzuelo para pescar a opositores que rechazan ese supuesto resultado. Conseguir la defección de algunos de sus miembros destacados intentaría minar las fortalezas políticas e ideológicas del adversario, presentándolos como “verdaderos demócratas”, la “auténtica izquierda”, que reconocería el triunfo de la candidata.

La cuarta circunstancia es, sin duda, la peor de todas; la más incómoda; la que enfrenta al morenovallismo con esa población que, mediante el voto, exigió un cambio real. Los resultados del ejercicio de gobierno durante ocho años son desoladores para los poblanos que, en paradoja con el resultado electoral que se les ofrece, parecen enfrentarse a la pesada broma de haber elegido la continuidad de los modos de gobierno que repudian. Un ardid de humor grotesco que el IEE repite: “La elección fue tuya”. Una poderosa razón existiría para este atrevimiento. La sola posibilidad de que un gobierno de corte político distinto pudiera examinar la documentación que ampara toda la obra pública, genera bochornos y temblores. Para contrarrestar esta percepción social de desgobierno, siembran la idea de que lo único que está en entredicho es, quién de los contendientes obtuvo la mayoría de votos. Bajo esa premisa, acusan a los adversarios de violentos; los llaman a civilidad; al respeto de la ley y las instituciones; al estado de derecho, y a dirimir los conflictos “por los cauces institucionales”.

Con estas jugadas han ganado novedosas adhesiones que, alardeando independencia, neutralidad política, bien de Puebla, o democracia; insisten machaconamente en que los opositores reconozcan, sin más trámite ni dilación, el triunfo de la candidata. Transitan juntos por este sendero CCE y Coparmex con CTM; PRI y PRD; PAN y gobierno. Generan, así, el inescrupuloso riesgo de polarización social. La apuesta grande del morenovallismo se centra en convertir a Puebla en un bastión de la derecha e intentar constituirse en cabeza de un grupo de presión que, torpedeando el proyecto político y la figura de López Obrador, pueda erigirse en fuerza política para contender en 2024. Las formas que usarán serán similares a las descritas, o peores. Pero en el intento, otras fuerzas políticas al interior del PAN, los pondrán en riesgo de disolución grupal.