Judiciocracia o administración de justicia

Afirmar que los jueces crean derecho equivale a confundir interpretación

innovación, aplicación y producción, jurisdicción y legislación…

Luigi Ferrajoli


El pasado 21 de junio de 2018, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito resolvió un juicio de amparo emblemático por la expectativa que genera, el cual fue promovido por una comunidad Mixe de Oaxaca, y que se promovió atendiendo a que: “El Centro de Salud se encuentra en malas condiciones y resulta insuficiente (…) para atender las necesidades de salud de la comunidad, pues quienes pretenden ser atendidos tienen que hacer filas y estar bajo la intemperie (…) no se atienden partos ni se prestan servicios de urgencias; (…) no cuenta con ambulancia y (…) el horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde (…) La comunidad tiene un padecimiento generalizado de diabetes e hipertensión, sin que hasta el momento se hubiesen adoptado medidas de salud pública para atender dicha circunstancia. (…) Su comunidad es considerada por el Conapo como de alta marginación. (…) Ni el Centro de Salud ni los hospitales a los que se les remite cuentan con personal hablante de su lengua ni con intérpretes que permitan a los miembros de su comunidad que son monolingües (comprender) totalmente el español. (…) El centro de salud no cuenta con el material médico, medicina y equipamiento necesarios. Que, por todo ello, no se les está garantizando el acceso a servicios de salud de calidad, sin obstáculos ni discriminación de ningún tipo y culturalmente adoptados”.

Atendiendo a esta situación que se vive en esa comunidad, el tribunal resolvió, otorgar el amparo para que las autoridades de salud de Oaxaca cumplan con los siguientes puntos: “a) Determinen la ampliación del Centro de Salud; b) Doten de una unidad móvil nueva y debidamente equipada (ambulancia) al Centro de Salud; c) Provean al Centro de Salud del instrumental o equipo médico necesario y suficiente para atender las necesidades de la comunidad; d) Doten al Centro de Salud del cuadro básico de medicinas y del personal administrativo y médico que hable y entienda suficientemente la lengua Ayuuk o, bien, de algún intérprete del español y Ayuuk Mixe a fin de facilitar la comunicación en las atenciones y programas que se realicen; e) Provean lo necesario a fin de proporcionar atención médica en un horario más amplio, con personal de apoyo que atienda con esmero y el debido respeto a quienes necesitan esos servicios y que, además, proporcionen la atención de partos y urgencias, esto es, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Es evidente que esta sentencia es modelo de la protección a los derechos de la población, pues está determinando la obligación de llevar a cabo el cumplimiento pleno del derecho a la salud en una de las regiones más pobres del país. Sin embargo, esta posición, que han tomado recientemente los tribunales, tiene sus altos riesgos y costos, que consisten, en parte, en poner en riesgo su legitimidad, esto es en cuanto a la efectividad de sus sentencias, pues hay una gran probabilidad de que no se cumplan, pues esa postura del tribunal de Oaxaca, basada en la doctrina del tratadista Robert Alexy, dice que las sentencias: “ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible” (Alexy, Robert. La doble naturaleza del derecho. Madrid: Trotta, 2016). Entonces, la mayor medida de lo posible tiene que ver, entre otras cosas, con la economía, es decir, con que existan los recursos monetarios suficientes para que se pueda cumplir con esas sentencias, ya que pudiera darse el caso de que en las exigencias que se imponen en una sentencia no existan los medios suficientes para dar cumplimiento a la determinación del poder judicial; por lo cual, esto representa que sus resoluciones pierdan eficacia y, por ende, se puede obtener una sentencia favorable por los que la promueven, pero eso no garantiza que efectivamente se cumpla.

Además, estas sentencias provocan que, entonces, sea el poder judicial el que se encuentre sobre los demás poderes, ya que estos tendrán que sujetarse a lo que determinen las sentencias de este poder y, por ello, se rompe el principio de división de poderes; con lo cual, para una parte considerable de la academia, se corre el riesgo de inestabilidad en el Estado de derecho y, así, se conforme un sistema de gobierno denominado “judiciocracia”, esto es, el gobierno de los jueces y no de las instituciones.

Con este modelo de sentencias, se puede considerar que, en lugar de que el papel del juzgador sea resolver conforme a la ley, interpretando y sujetándose a las normas jurídicas, se está creando derecho y, por tanto, una sentencia estaría haciendo las funciones del legislador, como lo cita el principal opositor de este tipo de sentencias, el profesor italiano Luigi Ferrajoli: “Afirmar que los jueces crean derecho equivale a confundir interpretación e innovación, aplicación y producción, jurisdicción y legislación, determinación del significado de las leyes y voluntad legislativa, derecho viviente y derecho vigente” (Ferrajoli, Luigi. La Democracia a través de los Derechos. Madrid: Trotta, 2014). Pues bien, pareciera que estamos, con estas sentencias, en el debate entre la “judiciocracia” y la administración de justicia.