IPM vigilará aplicación de programas con perspectiva de género a partir de 2018

Las dependencias y entidades del gobierno del estado responsables de la ejecución de los programas presupuestarios con perspectiva de género, que se pondrán en marcha por primera vez en 2018, tendrán la obligación de rendir informes de los resultados al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).

La obligación se encuentra estipulada en los artículos 81, fracción VI, y 83 de la Ley de Egresos del estado que elaboró la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y que aprobó el Congreso local el 13 de diciembre pasado.

Los resultados se informarán al IPM periódicamente medidos a través de los indicadores y las metas contenidas en los mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicho organismo que preside Nadia Navarro Acevedo.


Para 2018 el Poder Legislativo autorizó la aplicación de 8 mil 174.8 millones de pesos en programas favorables a la igualdad de género.

Dependencias elaborarán padrones de beneficiarios

Para dar seguimiento a los recursos públicos destinados mitigar la violencia con la mujer y las desigualdades de género, la Ley de Egresos del Estado determina que cada programa tendrá que contener padrones de beneficiarios, así como información desagregada por sexo, edad y municipio.

Además, las dependencias y entidades tendrán que difundir por los medios disponibles los programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

Asimismo, deberán dar a conocer a la población los objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para acceder a ellos, en los términos de la legislación y normatividad aplicable en la materia.

De acuerdo con la ley presupuestaria, las dependencias y entidades tuvieron que fundamentar los programas con perspectiva de género en diagnósticos a fin de generar estadísticas desagregadas por sexo.

A la par, tienen la responsabilidad de promover la igualdad de género aun cuando los programas no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, así como cuando se puedan observar variaciones en los beneficios específicos para mujeres y hombres.