La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación contra los gobiernos municipales que se encuentra en la franja del huachicol por posibles vínculos con bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los nueve ediles que podrían estar bajo la lupa de la Fiscalía son: Antonio Aguilar Reyes (PRD), Acajete; Carlos Alejandro Valdés Tenorio (PRI), de Acatzingo; David Huerta Ruiz (PRI), de Tepeaca; Néstor Camarillo Medina (PRI), de Quecholac; Eduardo Barojas Huerta (MC) de Esperanza; Juan Navarro Rodríguez (PRI), de Ciudad Serdán; Filomeno Cruz Gutiérrez (PRD), de Huixcolotla; Leonardo Gómez Octaviano (PVEM), de Felipe Ángeles y de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde (PSI).
De los nueve, tres ediles confirmaron en esta semana que existen indagatorias en sus gobiernos.
Se trata de los alcaldes de Quecholac y Tepeaca, Néstor Camarillo y David Huerta, respectivamente, quienes afirmaron que tiene abiertas investigaciones.
Mientras trascendió que el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde –quien confesó que es dueño de dos gasolineras en la zona– habría sido detenido este viernes, y después liberado, para rendir declaración sobre las actividades vinculadas a Roberto N, alías “El Bukanas”, líder de los zetas y responsable de la violencia en el “triángulo rojo”.
En el discurso dado en la semana por el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, contra el crimen organizado estuvieron cinco de los nueve alcaldes señalados por sus presuntos nexos con la omisión y hasta protección a bandas huachicoleras.
El pasado 9 de marzo fue detenido el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez, junto con 86 personas más en el operativo Encrucijada, acusado por ordenar que cinco de sus policías municipales entregaran a los agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) que después fueron ejecutados en Ciudad Esperanza y tirados en Veracruz.
Dos días después, el edil y los cinco policías fueron ingresados al penal de Tepexi de Rodríguez acusados por detener a los agentes Óscar Tecuapacho, Luis Falcón y Manuel Santos, quienes fueron entregados a la banda criminal los bucanans, vinculada a los zetas.
De acuerdo con información de la Fiscalía, los alcaldes son investigados por permitir el paso de huachicoleros en sus municipios, almacenar o utilizar gasolina robada para autos oficiales, cobrar derecho de piso y ordenar a sus policías incurrir en omisión ante denuncia de la ola de delincuencia.
Incluso existen ediles como el de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, que denunciaron en su momento amenazas de muerte por parte del crimen organizado, en el sentido de que si impedían el tránsito de vehículos abastecidos con hidrocarburo robado serían “levantados”.
Otros casos de vínculos entre autoridades y las bandas criminales son Amozoc, Santa Rita Tlahuapan y el gobierno del estado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, con la detención ex director de la Policía, Antonio Estrada López, y el mando Tomás Méndez Lozano.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales Rodríguez, negó que hasta el momento se tenga detectado otro funcionario municipal con una relación directa de colaboración con los grupos de delincuencia organizada, como sucedió recientemente con Atzitzintla.
El fiscal en Puebla, Víctor Carrancá Bourget, reconoció que existen grupos delictivos y armados en la zona limítrofe de Puebla con Veracruz.
En declaraciones a los medios de comunicación, se rehusó a dar detalle de cómo operan estas bandas y con qué alcaldes se les vincula, para no entorpecer con las indagatorias a cargo del gobierno estatal.