Interpondrá el Consejo Democrático Magisterial disidente amparos en contra de la Evaluación Educativa

Miguel Guerra y Gilberto Maldonado del Consejo Democrático Magisterial Poblano en rueda de prensa. Foto: Tania Olmedo/esimagen.com.mx

El Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) dio a conocer que presentarán el primer bloque de amparos en contra de la aplicación de la evaluación a maestros, que será interpuesta por los docentes que ya notificados para el próximo 22 de julio.

En rueda de prensa, el secretario general del CDMP, Gilberto Maldonado Maldonado, dijo que a partir de esa fecha cuentan con 15 días para interponer el juicio de garantías en contra de dicha evaluación.

Explicó que se desconoce el número de maestros que interpondrá este recurso legal, el cual no será colectivo, pues será de acuerdo a como se vayan dando las notificaciones.


A nivel nacional, informaron que la sección 18 de Michoacán es la que más amparos ha aportado, que ha ganado junto a estados como Jalisco y Coahuila.

Este lunes se realizó por la tarde la Asamblea Magisterial en el Auditorio de los Telefonistas, en donde se instalará la mesa receptora para la firma de amparo.

Maldonado denunció que el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE) determinó que para el primer bloque de evaluación se escogerían a docentes que tuvieran entre 6 y 20 años de labor, se han registrado casos en los que se han seleccionado maestros con hasta 30 años o más de trabajo.

En tanto, la maestra Gabriela Molina Herrera anunció la realización de una marcha para este miércoles 15 de julio a las 15:30 horas, que saldrá del reloj de “El Gallito”, en el Paseo Bravo, al zócalo capitalino, contra la reforma.

Además, dijo que se llevará a cabo ese mismo día el Taller Estatal del Educador Popular, en la comunidad de San Mateo Zoyamazalco, donde se llevarán a cabo una serie de actividades orientadas a los proyectos educativos y culturales.

“El magisterio democrático también trabaja y lucha desde las aulas”, sostuvo.

En términos generales, el maestro Miguel Guerra Castillo expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado los amparos, pero el abogado Manuel Fuentes Muñiz –responsable de la defensa del magisterio a nivel nacional– está tomando las previsiones para acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expuso que el amparo que interpondrán los poblanos es una segunda etapa de la ruta jurídica, como efecto directo contra el acto de aplicación de las tres evaluaciones.

“Los primeros juicios de garantías fueron en contra de la reforma educativa a los artículos 3 y 7 Constitucional; después contra las Leyes Secundarias (de Educación, Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional de Evaluación); luego vinieron los amparos contra los lineamientos del instituto y, al último, la armonización educativa en los estados”, explicó en entrevista. Por lo tanto, destacó que el quinto paso es el amparo contra la aplicación del examen, como efecto inmediato.

“Lo más grave con la reforma es que despoja a los maestros de su legítima defensa, de la representación sindical, de la negociación de las plazas, salarios, vacaciones, pero a nivel social y político fue la pérdida de la bilateralidad de la relación laboral”, sostuvo.

Miguel Guerra informó que este proceso de despojo contra el magisterio nacional viene desde la época de Elba Esther Gordillo con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativo, en 1993.

Desde entonces, dijo, se acordó que el sindicato se descentralizara y se entrega a las secciones la representación para negociar con los gobernadores, como una medida democrática, cuestiones de empleo, distribución de plaza, prestaciones y aguinaldo.

En ese entonces comentó que se vio como una conquista, “pero fue un gravísimo retroceso porque la fuerza nacional de un millón y medio de trabajadores, porque el sindicato se fraccionó en 32 pequeños sindicatos estatales, nos restó fuerza, fue la entrega del sindicato al grupo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari”.

Con ello, destacó, vino el desmantelamiento de la escuela pública y el sindicato, que se venía efectuando en los hechos, pero que se legalizó con la reforma educativa.