Insistiendo sobre la discrecionalidad judicial

El soberano de un estado… no está sujeto a las leyes civiles, ya que teniendo

poder para hacer y revocar las leyes, puede, cuando guste, liberarse de esa

sujeción abrogando aquellas leyes que le estorben y haciendo otras nuevas…”.


  1. T. Hobbes

 

Tras la reforma a la Constitución que se llevó a cabo el viernes 10 de junio de 2011, que se ha sobrevaluado en todos los ámbitos y que corresponde al reconocimiento de que los organismos del Estado deben proteger, promover, garantizar y tutelar los derechos humanos –artículo 1–, se ha observado que, de acuerdo con la teoría jurídica en que se sustentan, los derechos humanos se contradicen (Alexy, Robert, Derecho y razón práctica, Fontamara, México, 2006). Por ende, la controversia se presenta en los tribunales, con los jueces y magistrados, para determinar qué derecho es más importante que otro y cuál se debe tutelar en un caso en particular.

Así, tenemos que actualmente existen controversias en los juicios para establecer qué derecho resulta más importante proteger, por ejemplo, si es el derecho sobre la salud o el derecho a la libertad de comercio –hoy por el tema a debate de los productos que provienen de importación–, y así con los restantes derechos; si el derecho a la educación está sobre el derecho a la cultura o si el derecho a juzgar está sobre el derecho de seguridad jurídica, al hacer alusión a la prescripción de los delitos; sobre todo, si el derecho a la seguridad pública está sobre el derecho a la seguridad jurídica, es decir, si por proteger la seguridad pública –que para muchos autores no es un derecho en sí mismo (Zaffaroni, Eugenio Raúl, El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina, 2015)– se puede pasar sobre el derecho a la privacidad e intimidad, por ejemplo, cuando entra el ejército o la policía a la fuerza en una casa o en un local comercial apelando a proteger el derecho de integridad de las personas, donde para proteger ese derecho a la integridad de las personas se pasa por encima de derechos patrimoniales al introducirse a un domicilio, rompiendo chapas y cerraduras, y haciendo destrozos en las instalaciones y en la mercancía con la justificación de que se están protegiendo derechos.

Pareciera que el gozo de esa reforma constitucional de la protección de los derechos humanos se fue al pozo pues el problema de determinar qué derecho es mas importante le corresponde al Poder Judicial, el cual ya tenía bastantes problemas con los asuntos que cada día se le acumulan en los tribunales, juzgados, oficiales de partes, archivos, etc. Ahora también debe decidir qué derecho humano debe sobresalir y protegerse sobre otro derecho, lo cual es mucho más complejo, y en la doctrina jurídica se han dividido las opiniones al determinar si los derechos humanos se contradicen unos con otros o si estos derechos se correlacionan de tal suerte que conforman una conexión de derechos (Gargarella, Roberto, La sala de maquinas de la constitución, Katz, Madrid, 2014). En tanto, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se colisionan estos derechos y, por ello, recientemente ha fijado citerior en cuanto a que, como se colisionan los derechos, es necesario determinar en las sentencias qué derechos tienen mayor importancia y, por ende, se deben proteger en ese caso en particular. La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece ello sostiene que “para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada” (Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h, progresividad de los derechos humanos. criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva en la violación de aquel principio). Sin embargo, el que se contradigan los derechos no es todo, sino que el problema aún más grave es que la determinación, es decir, la decisión de qué derecho prevalece y cuál no, es muy subjetiva, muy particular en cada sentencia; por ello, se sigue que es meramente discrecional, lo cual rompe con la seguridad jurídica en los órganos de la administración de justicia, es decir, desde el juzgado de menor rango de la nación hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación queda la decisión en la mera discrecionalidad del juzgador, lo cual no ha podido ser superado por más que se hagan esfuerzos académicos al respecto. ¿No sería más recomendable establecer constitucionalmente una categoría de derechos? Es decir, determinar que hay derechos constitucionales de mayor jerarquía que otros, para evitar discrecionalidades judiciales o evitar de mejor forma la colisión de los derechos en los tribunales.

Los actuales casos de la intervención del Ejército y marina por combatir el narcotráfico y el robo de combustible se ponen a debate en los tribunales bajo el mismo criterio: ¿seguridad pública o seguridad jurídica? Lo cierto es que siempre la sociedad ha luchado contra la discrecionalidad de sus gobernantes: guerras, batallas y revoluciones que luchan por controlar, limitar la discrecionalidad de las autoridades, sean reyes, príncipes, generales, presidentes, etcétera, pues es evidente que esas discrecionalidades de autoridad se convierten, en un abrir y cerrar de ojos, en corrupción; luego, en arbitrariedad y, al final, en genocidios y “politicidios”. Por ello, se debe seguir insistiendo sobre limitar la discrecionalidad judicial.