Inseguridad y violencia

E l Movimiento Alternativa Social en Puebla (MAS) dio a conocer una serie de cifras –obtenidas del cruce de datos públicos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), México Evalúa y del Sistema Nacional de Seguridad Pública– en las que pone en evidencia la inseguridad que padecen los habitantes del estado con la administración de Rafael Moreno Valle.

El señalamiento de esa agrupación no es el único: a éste se sumó el reclamo de la disidencia magisterial del SNTE, que denunció por separado el incremento de las extorsiones telefónicas a profesores poblanos de todos los niveles educativos, justo ahora que tiene lugar la entrega de aguinaldos y otras prestaciones económicas de fin de año.

El gobierno estatal ha empleado recurrentemente el discurso de que los hechos violentos que se han presentado en la entidad son “casos aislados”, y que la entidad es una de las más seguras del país, en donde no ocurren enfrentamientos o ejecuciones, como en los estados del norte.


Pero situaciones como las que ocurren en la capital del estado, donde los robos a casas habitación y a transeúntes van a la alza, o bien la violencia en municipios como Guadalupe Victoria, donde la ola de secuestros, muertes y robos llevó a la expulsión del alcalde, y más recientemente en Tehuacán, donde es necesaria una intervención más decidida en materia de seguridad, están generando condiciones para que el gobierno pierda su capacidad de intervención y de respuesta ante una demanda ciudadana legítima, como lo es la seguridad pública.