A una semana de la elección, el asesinato de candidatos, la violencia política de género y el intento de llegar al poder por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, ha marcado el proceso electoral en el estado de Puebla, donde la autoridad detectó 31 municipios dentro del “mapa de riesgo” por la presencia de bandas delictivas dedicas al robo de combustible, asalto a trenes y transporte de carga, así como al secuestro.
El diagnóstico fue hecho por la Secretaría de Gobernación federal (Segob) y el secretario General de Gobierno del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, quienes reconocieron que en la entidad opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la banda que lidera Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas.
Además de la región conocida como “El Triángulo Rojo”, epicentro nacional del robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como San Martín Texmelucan y Ciudad Serdán, donde el gobierno del estado mantiene el mando y control de la seguridad pública por la infiltración del crimen organizado a las policías locales.
El funcionario estatal expuso que en algunas regiones no existen condiciones de riesgo, pero históricamente han sido conflictivas, además de las localidades donde se han presentado ataques hacia algún candidato o funcionario electoral.
Los municipios considerados como “focos rojos” se encuentran principalmente en los límites con los estados de Veracruz, Hidalgo y Morelos.
Entre las localidades está San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, Palmar de Bravo, Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, y Ciudad Serdán.
Según reportes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal en Puebla se tiene identificada la presencia de un cártel y una organización criminal dedicada al robo de combustible y al asalto a trenes de carga.
En la entidad, se ubicó el CJNG y Los Zetas, este último grupo a través de la organización de Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanas”.
Al respecto, el secretario General de Gobierno de Puebla reveló que 45 candidatos han solicitado seguridad para poder llevar a cabo sus campañas.
La crisis de inseguridad e ingobernabilidad en algunas localidades no es el único factor que pone en peligro las elecciones del 1 de julio en Puebla, sino además los riesgos por la comisión del fraude electoral.
Esto debido a que los dos candidatos “punteros” son: el senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado del Morena a la gubernatura, y la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, quien es esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, también candidato al Senado de la República por la vía plurinominal.
En ese sentido, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han denunciado que el actual gobierno que encabeza el panista Antonio Gali Fayad, y el grupo de poder liderada por Moreno Valle tienen “metidas las manos” en el proceso electoral.
A pesar del panorama, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, descartó zonas de riesgo en el próximo proceso electoral para la entidad.
En entrevista, Herrera Serrallonga sostuvo que las ejecuciones a candidatos durante el proceso concurrente “son sucesos fortuitos, que no se sabe con certeza cuándo ocurrirán”.
En el caso del asesinato de la candidata del Verde Ecologista de México a diputada local por Huauchinango, Juana Maldonado, y de la regidora del municipio de Juan Galindo, Érika Cázares, el funcionario electoral minimizó los hechos.
“El asesinato de la candidata del Verde Ecologista levantó la alerta de las autoridades de seguridad, pero la Secretaría General de Gobierno puso a disposición de los candidatos, seguridad personal”, refirió, sin dar crédito a que la región es conocido como “El triángulo de la Bermudas”, por el constante robo y “desaparición” de camiones de carga.
En el caso de los Consejos Municipales y Distritales, confirmó que solamente el organismo local de San Martín Texmelucan solicitó seguridad para los consejeros, por los hechos violentos que se han presentado en los últimos meses en la zona.
Candidatos presuntamente ligados al crimen organizado
Actualmente, el estado de Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de candidatos y políticos asesinados, con 12 casos registrados, solo por arriba de Guerrero que suma 14 atentados.
Asimismo, el informe Etellekt Consultores reveló que la entidad también ocupa el tercer sitio en México con el nivel más alto de riesgo de violencia política de género, con 15 eventos documentados.
Mientras que los candidatos que estarían presuntamente ligados al crimen organizado, los pobladores de cada región han señalado a Alejandro Martínez Fuentes, aspirante a la presidencia municipal de Quecholac por Pacto Social de Integración (PSI).
Además de Ángel Morales Ugalde, candidato independiente a la alcaldía de Palmar de Bravo, quien se encuentra secuestrado desde hace 20 días.
Ángel es hermano de Pablo Morales Ugalde, edil del mismo lugar y quien está recluido en prisión por uso de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado.
Entre los señalados también se encuentran el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) por Quimixtlán, Armando Pimentel Gómez, quien fue acusado por otros panistas por su relación con grupos huachicoleros de la zona.