Los diputados electos de Morena se comprometieron a iniciar una investigación contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y las autoridades laborales del estado, ante las acusaciones de trabajadores despedidos de dilatar sus juicios por la reinstalación.
Abelardo Cuéllar Delgado, abogado de los rescindidos, explicó que las tácticas dilatorias provocarán pérdidas económicas a las finanzas del estado estimadas en más de 350 millones de pesos, debido a que mientras más pasa el tiempo mayor es el monto de las indemnizaciones.
A partir de la próxima legislatura local, que dará inicio el 15 de septiembre, el Congreso tendrá una mayoría de 22 diputados encabezada por Morena y conformada por los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).
Más de 10 mil despedidos en el sexenio de RMV En entrevista con La Jornada de Oriente explicó que en 2011 un centenar de trabajadores del gobierno del estado perdieron sus lugares en la administración pública y en 2014 la cifra superó los 10 mil, de los cuales alrededor de 500 continúan con los litigios.
En el caso de las remociones de 2011 afirmó que la razón verdadera del despido fue la disputa por el control del sindicato de burócratas del estado, ya que los rescindidos habían conformado una planilla para competir en el proceso de renovación.
Agregó que el gobierno de Moreno Valle justificó los despidos en insuficiencia presupuestal, argumento que se ha refutado en los tribunales, los cuales han dado la razón a los perjudicados.
Refirió el caso de un trabajador que recientemente logró su reinstalación y el pago de 650 mil pesos, tras un litigio que duró años, con base en el cual calculó que el costo para el gobierno estatal del resto de los litigios superará los 350 millones de pesos.
Presidente de la junta local, otro de los responsables Abelardo Cuéllar aclaró que Moreno Valle no es el único responsable del retraso en la resolución de los juicios, pues aseguró que la estrategia ha sido respaldada por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Héctor
Gerardo Gómez Castro.
Señaló que otros funcionarios han incurrido en omisiones por respaldar el plan del ex gobernador de retrasar las resoluciones de los juicios –a fin de que los trabajadores renuncien a la disputa–, por lo que es necesario que el Congreso investigue el caso.
Indicó que el Poder Legislativo tiene facultades para citar a comparecer a las autoridades involucradas en los litigios, entre estas a Moreno Valle, aunque ya no esté al frente del gobierno estatal.
Los diputados electos de Morena, encabezados por su próximo coordinador Gabriel Biestro Medinilla, se comprometieron a iniciar la indagatoria una vez que rindan protesta de cargo el 15 de septiembre próximo, añadió.
Abundó que el encuentro entre trabajadores despedidos y los próximos legisladores se llevó a cabo en el sindicato de telefonistas el miércoles pasado, con la participación de los abogados que llevan la defensa de los afectados.