A tan solo una semana de haberse hecho público el anuncio sobre la posibilidad jurídica de inconformarse y cancelar las sanciones económicas derivadas del programa denominado Monitor Vial, mejor conocido como Fotomulta, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Puebla, ordenó una “exhaustiva auditoría” al Corporativo Jurídico Iure, que ofreció sus servicios a los ciudadanos interesados en los amparos.
“Por tal motivo y toda vez que no hay nada que esconder, esta firma de abogados acepta someterse plenamente y colaborar en todas las revisiones administrativas y fiscales que las autoridades competentes determinen, siempre y cuando se ajusten a los procedimientos previamente establecidos en el marco legal”, expresó el corporativo en un comunicado.
“No obstante resulta sumamente sospechoso que esta revisión se ordene unos días después de que este despacho haya dado a conocer a la sociedad que el Programa Monitor Vial lesiona garantías individuales contenidas en la Constitución, y por lo tanto esto da pauta al uso de instrumentos jurídicos de defensa contra las fotomultas. Por lo tanto, resulta obvio que esta auditoría es un medio de intimidación para evitar que esta firma asesore a la sociedad en torno a la defensa de sus derechos constitucionales; sin embargo, la Secretaría de Finanzas no logrará su objetivo de hacer que como abogados renunciemos a nuestra obligación de ser los garantes del Estado de Derecho”, finaliza el documento.
El comunicado fue dado a conocer en las redes sociales, donde generó muchos apoyos. Sin embargo, hubo cuentas desde las que se criticó a los abogados e incluso se hicieron reclamos de fuerte calado, como la que escribió Maya RV, que tiene el alias de @Rucaila51: “Ojalá y ningún familiar de estos abogados, sufra accidente por no cumplir con el límite de velocidad y estar amparados”.
La inconformidad desatada por el programa de fotomulta que ha puesto en marcha el gobierno estatal en calles de la Angelópolis y la zona conurbada puede ser canalizada jurídicamente para combatirla, afirmó el 21 de abril pasado el Corporativo Jurídico Iure, que lanzó este lunes una página web para asesorar a los ciudadanos que están dispuestos a luchar contra una medida que es inconstitucional.
La página de referencia puede ser consultada en la dirección www. liberatedelasfotomultas.com y en ella los litigantes advierten que impugnarán el programa porque la figura de infracción por la vía de fotografías que supuestamente comprueban excesos de velocidad no existe en el Reglamento de Tránsito del Estado, y su aplicación viola la Constitución.
“Somos una firma de abogados socialmente responsables, que apoyamos la idea de que todos los automovilistas debemos respetar los límites de velocidad autorizados en cada vialidad, pero también tenemos la convicción de que las autoridades son las primeras obligadas en respetar el Estado de Derecho”, dice la página en la presentación de la firma.
Y agrega: “Si alguien comete una infracción al Reglamento de Tránsito por supuesto que debe ser sancionado, pero sin atropellar sus derechos constitucionales. El punto es que simplemente no aceptamos que el gobierno sancione una infracción vial por medio de una ilegalidad”.
Además de que la fotomulta no está considerada en el Reglamento de Tránsito y aplicarla resulta una violación a la Carta Magna.