Durante la gestión del gobernador, José Antonio Gali Fayad, un total de 14 servidores públicos han sido inhabilitados por actos ilegales, de corrupción o inadecuados, amén de que 35 contratistas ya no pueden ofrecer sus servicios al Poder Ejecutivo local, debido al incumplimiento de obras.
En una conferencia de medios ofrecida esta mañana, el titular de la Secretaría de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, explicó lo anterior y añadió que solo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han sido sancionados 22 elementos por diversas acciones anómalas.
Puso por ejemplo el caso de tres empleados de gobierno, quienes en septiembre del año pasado, en Izúcar de Matamoros, quisieron extorsionar al chofer de un camión de carga, cuya unidad se quedó sin llanta y afectó una carretera. Al operador le exigieron el pago de 30 mil pesos para no presentarlo ante las autoridades.
En materia de combate a la corrupción, aseveró que Puebla se coloca entre las entidades que han alcanzado el semáforo verde en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la evaluación realizada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al lograr la armonización legislativa y la integración de los órganos del Sistema Local Anticorrupción.
Indicó que una de las acciones destacadas “es el reforzamiento de la línea telefónica 01 800 Honesto, como medio para la captación de quejas y denuncias por actos de corrupción y faltas administrativas por parte de servidores públicos, las 24 horas los 365 días, lo que ha permitido fomentar la integridad y promover la vigilancia de la gestión pública”.
Advirtió que el gobierno del estado, a través de la Contraloría, lleva a cabo la implementación del programa de Blindaje Electoral con motivo del proceso electoral de 2018, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual se promueve el respeto absoluto de la ley por parte de los servidores públicos y se vigilará, de manera puntual, el uso adecuado de recursos públicos destinados a acciones de los programas y obras.
Mencionó, asimismo, que las estrategias llevadas a cabo en el seguimiento a la reconstrucción derivadas del sismo del pasado 19 de septiembre, en las que la Contraloría realizó mecanismos de vigilancia y supervisión en la recepción de víveres, apoyos y ayuda humanitaria, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, en el Centro de Acopio instalado en el Centro Expositor para atender de manera directa a la población y superar en el menor tiempo posible la contingencia.
De igual manera, abundó, se ha verificado la entrega de tarjetas de apoyo para la reconstrucción de vivienda, para lo cual se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), asimismo informó que se conformaron 538 comités de Contraloría Social. Añadió que “el gobierno del estado promueve la prevención y el combate a los actos de corrupción con el objetivo de construir una administración pública moderna, eficaz, eficiente y de resultados que privilegia la transparencia y la rendición de cuentas”.
Acompañado del vocero del gobierno estatal, Ernesto Echeguren Barroeta, Sánchez Corro indicó que la administración estatal “ha cumplido las metas establecidas para garantizar el manejo transparente y responsable de los recursos públicos gracias a la implementación de estrategias que promueven la participación ciudadana en la prevención y vigilancia de actos de corrupción”.
Durante su exposición, el secretario destacó el uso del sistema Compranet, “el cual ha sido calificado con una efectividad del 99 por ciento y desde diciembre de 2015 Puebla ha mantenido el primer lugar nacional en todos los indicadores que la Secretaría de la Función Pública evalúa”.