Por ser influyente, no se detiene a feminicida de estudiante de la Ibero, reclaman desde Durango

Pese a que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, llamó a su homólogo de Puebla, Antonio Gali, para demandar que se detenga al responsable del feminicidio de la joven duranguense Minerva Calderón, quien era alumna de posgrado de la Ibero, el crimen sigue sin esclarecerse a ocho meses de haber sido perpetrado. Desde el gobierno duranguense se reclama que la impunidad se debe a la influencia política de la familia del supuesto homicida.

La sospecha de que en Puebla se estaría protegiendo al presunto feminicida se ha fortalecido a partir de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ha anunciado operativos y diligencias y una orden de aprehensión vigente contra José Rodrigo Vázquez Barrientos, no ha logrado su captura. La familia atribuye el fracaso de su detención al tráfico de influencias de la familia del homicida con el gobierno estatal.

Vázquez Barrientos apuñaló 70 veces a Minerva Calderón en su departamento ubicado en San José Vista Hermosa, los gritos de auxilio de la joven hicieron que la presidente de la colonia y una vecina llamaran a la puerta e intentaran entrar; tras varios minutos  ambas vieron salir a Rodrigo con la ropa ensangrentada y un cuchillo en la mano, las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el joven desesperado y tambaleante se dio a la fuga.


No pasó de la medianoche de aquel fatídico 21 de marzo de este 2017 cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) había ya identificado como presunto responsable del feminicidio a José Rodrigo tras declaraciones de testigos y cateos de sus propiedades donde se hallaron pruebas que incriminaron al supuesto homicida. Pese a esto y al anuncio de numerosas diligencias –la reciente hace menos de 15 días– y de la existencia de una orden de aprehensión vigente, el ex estudiante de la Universidad Iberoamericana (UIA) no ha sido detenido.

Familiares de Minerva, joven que estudiaría un posgrado en Puebla, atribuyen la impunidad de ese crimen al tráfico de influencias de la familia Vázquez Barrientos con el gobierno del estado, pues a ocho meses de su feminicidio solo han recibido promesas de justicia.

Othoniel Calderón, hermano de Minerva, explicó que la madre de Rodrigo es Margarita Barrientos, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y funcionaria en los hospitales en Puebla.

La exigencia del esclarecimiento del feminicidio de Minerva escaló este 2017 al Poder Ejecutivo de Durango, de donde la joven era oriunda. El gobernador José Rosas Aispuro Torres llamó públicamente al mandatario Gali Fayad para atender el caso.

“Me he comunicado con el gobernador Antonio Gali y le he pedido que se hiciera la investigación de este crimen que tanto lastima a los duranguenses; él me aseguró que todo marcha y va en curso, y que se está trabajando, no hay más datos dado la secrecía del proceso”, declaró el mandatario de Durango a la televisora Noticias Sin Límites NSL el pasado 18 de octubre de este año.

La impunidad en Puebla por el crimen en contra de la joven también fue reclamado por la directora del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM Durango), Laura Elena Estrada, y en el mismo tono le hizo un llamado a la directora del Instituto de la Mujer en Puebla (IPM) para “revisar” el proceso legal del feminicidio que se lleva a cabo en este estado, e incluso le pidió un pronunciamiento.

“Desde el IEM exigimos justicia para Minerva; aunque ya tienen identificado al responsable no le han detenido porque parece ser que es hijo de personas influyentes en Puebla. Como directora del IEM le hago un llamado a mi homóloga para que se pronuncien las mujeres e incluso se manifiesten. Estamos indignados porque el gobierno de Puebla no ha procedido, exigimos ya el esclarecimiento”, dijo Estrada cuando se cumplieron siete meses del crimen.

La funcionaria duranguense describió dicho feminicidio como un acto reprobable, y aconsejó al gobierno poblano a trabajar en su legitimidad procurando justicia.  “Se debe esclarecer este acto aunque sea quién sea… con la pena… pese a sus influencias. Los padres hasta cierto punto no son responsables de los actos de sus hijos. No estamos hablando de adolescentes bajo el influjo y efecto de drogas y alcohol”, indicó la directora del IEM al programa Tiempo & Espacio 10. Las Noticias, trasmitido en una televisora local hace un mes.

El padre de Minerva, Marcos Calderón, duda si todavía Rodrigo permanece en territorio nacional, pues dada la solvencia económica de la familia y la evidente protección podría haber sido enviado al extranjero. “Hemos solicitado a la Base de Datos México monitoree al responsable, e incluso hemos pedido la intervención de la Interpool para su ubicación”.

Aunque la familia se encuentra devastada por enfrentar un proceso que, además de frustrante, resulta costoso –economizando la tarifa de traslado es de 3 mil pesos, sin contar con hospedaje y otros gastos como comidas y el pago de trámites–, Othoniel aseguró llevarán la exigencia de justicia hasta las últimas consecuencias. “No pararemos, en especial porque no sabemos sí mi hermana fue la primera o será la última víctima de Rodrigo”.

321 feminicidios siguen impunes desde diciembre de 2012

Activistas, académicas y familiares de víctimas de feminicidio aseguran que este 2017 cierra sin que se cumpla el acceso a la justicia de aquellas que fueron brutalmente asesinadas, sus agresores no han sido detenidos, a pesar de ser confesos del crimen o haber sido plenamente identificados.

Desde que el Congreso local tipificó el feminicidio en diciembre de 2012, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) ha registrado al cierre de este año 327 casos y  seis sentencias condenatorias; 321 siguen impunes

El pasado 23 de junio de 2016 Mauricio Cardona Dolores, novio de Georgina Panohaya Castillo, la golpeó hasta matarla, su cuerpo fue hallado en la caseta de vigilancia de la unidad habitacional Condominios del Valle, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, donde trabajaba como guardia.

Sonia Castillo, madre de Georgina y trabajadora doméstica, desde entonces acude cada dos meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer el avance del caso, pero luego de año y medio los resultados son los mismos: nada.

Pese a todo pronóstico este 19 de septiembre Sonia acudió una vez más a la FGE con la esperanza de escuchar algo distinto. Se equivocó. El temblor que sacudió la entidad fue el principal argumento para suspender actividades en la Fiscalía. Una vez más la madre de Gina volvió a casa, con sus dos nietos quienes ahora están a su cuidado.

En breve entrevista con Sonia, una mujer mayor que acude a marchas de exigencia de justicia sin más compañía que una cartulina con el nombre de su hija,  reveló a La Jornada de Oriente que lo único que ha sabido es que Mauricio Cardona Dolores ahora vive en el estado de México. “Me han dicho que nada pueden hacer. Pero yo temo que él se regrese a hacer algo contra mis nietos, vivimos con miedo, pues él ya tiene el permiso de hacer lo que quiera”.

Abogadas y defensoras sociales han afirmado que la carpeta de investigación que se inició por el asesinato de Georgina Panohaya es el ícono de las violaciones al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el estado Puebla. A las irregularidades de oficio y falta de rigor en la integración del expediente, ministeriales y agentes ignoraron antecedentes de violencia física y psicológica entre otras cinco hipótesis que, aseguran, encuadran el delito de feminicidio, que en dicho caso fue reemplazado por el delito de homicidio culposo.

De ribete, a la familia de Georgina se le han endosado la responsabilidad de realizar investigaciones, aportar datos y pruebas para continuar con el caso abierto, incluso se le ha pedido que ubique al agresor de su hija y reporte su paradero actual.

Otro año sin justicia para Olga Nayeli Sosa Romero

En junio de 2014 el médico Moisés Torres López privó de la vida a su esposa Olga Nayeli Sosa Romero. Para ocultar la evidencia le quitó la piel, descuartizó el cuerpo y lo enterró, después denunció que le había abandonado a él y a su pequeña hija, fugándose con otro hombre.

La familia de Nayeli advirtió el engaño y giró el sesgo de la investigación. En menos de tres horas de interrogatorio en la FGE confesó que los restos de su esposa estaban en un paraje de Huaquechula. Horas después allí se hizo el levantamiento de cadáver.

A pesar de ser confeso y de las pruebas en su contra no existe sentencia, el proceso 251/2014 del Juzgado VIII se encuentra en periodo de instrucción.

Alejandra Sosa sostiene que, además del dolor de la pérdida de su hermana, la familia se ha enfrentado al despotismo, abuso de poder, maltrato y obstrucción de la justicia de la Secretaría de Acuerdos, quien retrasa con dolo los trámites, esconde el proceso y se niega cualquier informe. No así para la otra parte.

“Son tres años ya y estamos peor que al principio. El proceso presenta una dilación y tratamiento increíble. Se han admitido pruebas y documentales que intentan probar que mi hermana se cayó, se golpeó hasta fracturarse todos los huesos”, denunció Alejandra Sosa.

Niegan carpeta de investigación a la familia de la maestra Patricia Mora

El 11 de noviembre pasado el cuerpo sin vida de la maestra Patricia Mora fue hallado con huellas de tortura y abuso sexual. El crimen considerado como el feminicidio 90 en Puebla llamó este año la atención de medios internacionales que siguen la hipótesis de un patrón de violencia contra las mujeres por el crimen organizado en las sierras poblanas.

Gabriela Molina, hermana de la víctima –quien sostuvo esta semana una entrevista con Al Jazeera– consideró que la FGE debe ampliar las líneas de investigación en el caso y no considerarlo como una violencia aislada y ocasional, además de procurar protección a la familia y medidas en consecuencia.

Reveló que pese a la solicitud, la carpeta de investigación ha sido negada a la familia, por lo que se desconoce el procedimiento, pesquisas y metodología del caso que sigue la autoridad. “Toda la información que tenemos ha sido de forma oral por parte de agentes que dan explicaciones acotadas y breves, además de lo difundido por medios de comunicación que reproducen los boletines oficiales”, señaló.

Molina sostiene que no tiene garantía de una investigación rigurosa, científica y apegada al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el estado Puebla.

2017, año de simulación en la procuración de justicia a las mujeres

“2017 fue un año de simulación en la procuración de justicia a víctimas de feminicidios, la impunidad en la que estamos sumidos es en la práctica y en la realidad  un permiso para matar mujeres en Puebla”, denunció Violeta Lagunes Viveros, directora de la organización promovente de la solicitud de alerta de violencia de género para Puebla, (AVG), Todo para Todos.

La integrante del Observatorio para la Igualdad de Género aseguró que la actuación de autoridades este año fue resultado de la presión social, luego de que asesinatos de jovencitas se mediatizaran.

Lagunes, recientemente nombrada líder de Las Mujeres Autodefensas de México, insistió en que la FGE ha disimulado la información de desaparición de jóvenes y de que algunas víctimas de feminicidio este 2017 eran mujeres sujetas a trata de personas. “El manejo y abordaje de los crímenes ha sido aislado; esto no se dio a conocer a la ciudadanía”.

Aseguró que la responsabilidad del Estado en la impunidad de los feminicidios y las fallas de las instituciones en la incorporación de herramientas eficaces fueron la constante este año, y que el Congreso local solo ha servido para maquillar cifras y con esto “lavar la cara” a los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali.

En medio de amparos contra la negativa de la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, sin Diagnóstico Estatal de Violencia ni Banco de Datos ni Fiscalía Especial, entre otros incumplimientos de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, está por concluir el año considerado más violento contra las mujeres.