Un fuerte escándalo de tráfico de influencias se estaría destapando en el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de Puebla, pues nadie había percibido que a lo largo de los últimos siete años, por medio de una maniobra obscura, en esta instancia siempre –sin falta– llegaron la mayoría de los casos de juicios de amparo que eran de interés del morenovallismo y que, curiosamente, fueron resueltos a favor del entonces gobierno de Rafael Moreno Valle. Entre los expedientes que ahí se resolvieron, destacan los de varios funcionarios marinistas, del ex edil Eduardo Rivera, contra Ruta y el manejo del Impuesto Sobre la Nómina, entre otros tantos asuntos.
¿Por qué despierta sospecha que ahí se resolvieran muchos juicios de amparo de interés del morenovallismo? Porque en Puebla hay tres tribunales colegiados del Poder Judicial Federal y existe una Oficialía de Partes que debe repartir de manera imparcial, de acuerdo con el orden en que se presenten, los expedientes que llegan a esa instancia de revisión de juicios de amparo y resulta, que el grueso de los asuntos de interés extremo para la administración de Rafael Moreno Valle siempre fueron a parar al Primer Tribunal Colegiado.
Se podría alegar que por azar los asuntos “delicados” cayeron en el Primer Tribunal Colegiado, pero entre los pasillos del Poder Judicial federal se dice que no existen las casualidades y se tiene la sospecha de que habría existido “mano negra” para que alguien, al parecer desde la Oficialía de Partes, dirigiera los expedientes a esa instancia y no cayeran en los otros dos cuerpos colegiados.
¿Qué se resolvió en el Primer Tribunal Colegiado?
Ahí llegaron los casos de Gerardo María Pérez Salazar, quien fue titular de la SFA en el gobierno de Mario Marín Torres, mediante el expediente 643/2017; el de David Villa Issa, quien manejó el gasto público en la administración marinista y tuvo el expediente 449/2016; así como los de María del Rosario Ablanedo Aponte, quien fue directora de Recursos Financieros del Poder Ejecutivo y se le asignó el expediente judicial 490/2016; de Ernesto Alfredo Listhe, con el expediente 483/2016, y de Mario Guillermo Montenegro Fregoso, quien fue encargado del área de Programación y Presupuesto en la SFA y tuvo el expediente 126/2017.
En el Primer Tribunal Colegiado se negó el amparo contra el fideicomiso que administra el Impuesto Sobre la Nómina, el cual fue creado por el gobierno de Rafael Moreno Valle para poner los fondos que se recaudan por ese gravamen como garantía para el financiamiento de muchas de las grandes obras que se emprendieron en el sexenio pasado, como el Museo Internacional Barroco –que costó más de 7 mil millones de pesos– y las plataformas de Audi, que implicó una inversión pú- blica de alrededor de 10 mil millones de pesos.
También ahí se rechazaron amparos de transportistas que se opusieron a la concesión de Ruta –es decir el metrobús– en la avenida 11 Sur de la ciudad de Puebla.
Por ahí pasaron juicios contra las fotomultas; del ex edil Eduardo Rivera, cuando era perseguido del morenovallismo; la expropiación de 700 hectáreas de la empresa Tamariz, que afectaba a Emilio Maurer, quien ahora es candidato a diputado local de Morena.
Más allá de los asuntos que ahí se resolvieron, lo que abona las sospechas de que algo oscuro pasó en el Primer Tribunal Colegiado, es quienes han sido parte de esa instancia.
Un caso que destaca es el de Carlos Loranca Muñoz, quien era magistrado y fue removido a Chihuahua, para luego ser suspendido, tras conocerse una imagen en donde aparece con Othón Muñoz Bravo, mejor conocido como “el Cachetes”, quien estuvo preso acusado de ser líder de las bandas del robo de combustible y hoy está libre, pero se le ve como alguien cuyo poder económico creció al amparo del morenovallismo
Otro magistrado que pertenece al Primer Tribunal Colegiado es Diógenes Cruz Figueroa, famoso porque en la década de los 90 fue quien liberó órdenes de aprehensión contra Raúl Salinas de Gortari, el llamado “hermano incómodo” del ex presidente Carlos Salinas.
Hace algunos meses hubo el escándalo de que otro magistrado de esa instancia, Jorge Higuera Corona, fue denunciado por acoso sexual y laboral contra Gabriela Arteaga Palacios, funcionaria del Poder Judicial cuya queja no prosperó y la obligaron a renunciar.
Lo ocurrido fue un doble escándalo: primero porque el magistrado Jorge Higuera es autor de un libro sobre el acoso sexual y se tiene la percepción, que desde el más alto nivel, le habrían ayudado a resolver la queja en su contra de Gabriela Arteaga. Y el segundo, que de acuerdo con denuncias periodísticas, el magistrado Diógenes Cruz conocía del supuesto abuso contra la funcionaria judicial y no hizo nada.
Algo que llama mucho la atención es que existe una dinámica de mover a los magistrados de las plazas en que laboran para que no se creen intereses privados.
Curiosamente los magistrados del Primer Tribunal Colegiado no fueron movidos a lo largo del sexenio morenovallista, pese a que llevaban más de 10 años en Puebla.
En la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emprendido una revisión de todos los juzgados federales. Como parte de esa disposición, el magistrado Jaime Raúl Oropeza García fue removido y lo mandaron a Tabasco, ya que su hijo Jaime Raúl Oropeza Garay fue funcionario del gobierno de Moreno Valle, y esa situación obligaba al primero de ellos de excusarse de casos relacionados con el morenovallismo, lo cual no hizo.
Ahora habrá que preguntarse: ¿está dispuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a investigar la dinámica que ha privado en el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito respecto a los asuntos de interés del morenovallismo?