Concesiones Integrales desacata fallo del INE de quitar propaganda en el periodo de veda electoral

Promueve Congreso reformas que frenarían los abusos en los cobros de Agua de Puebla, denunciados por usuarios de la capital del estado ▪︎ FOTO: José Castañares

Pese a prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE), Concesiones Integrales SA de CV continúa difundiendo propaganda oficial en veda electoral.

En menos de tres días, el organismo electoral sancionó por segunda ocasión a la empresa por utilizar la campaña oficial “De lo dicho a lo hecho”, que habla de las presuntas bondades de la privatización del agua en Puebla, en plena veda electoral.

Sobre el tema, la Dirección General de Concesiones Integrales justificó que no ha sido notificada de la sanción por parte del INE.


La primera queja ante el organismo electoral fue presentada el pasado 12 de mayo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la segunda fue interpuesta por José Juan Espinosa Torres, candidato de Morena a la diputación local por el Distrito 20 y alcalde con licencia por el municipio de San Pedro Cholula.

Apenas este martes, Espinosa Torres interpuso la denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la cual quedó registrada con el número de expediente UT/SCG/PE/JJET/CG/237/PEF/294/2018.

Lo anterior, luego que la autoridad electoral dictó un procedimiento sancionador contra la empresa, que la obligó a cancelar de inmediato dicha campaña promocional.

Incluso, el INE advirtió a Concesiones Integrales que la multa por incurrir en un delito electoral también podría ser económica.

De acuerdo con la información dada a conocer por el candidato de Morena, como pruebas contra la empresa presentó las pautas comerciales de la empresa concesionaria en medios de comunicación, así como la campaña que difunde en la cuenta oficial de Twitter.

Mientras que PRI apeló que se estaría incurriendo en la difusión de publicidad oficial, al presumir supuestos logros a 48 meses que la empresa obtuvo la administración del servicio del agua en Puebla.

La queja del partido tricolor quedó asentada en el expediente número UT/SCG/PE/PRI/JL/PUE/230/PEF/287/2018,  en la que debatió que la campaña “De lo dicho a lo hecho” fue creado para responder a los candidatos en el proceso electoral en el estado de Puebla, que advierten de llegar al gobierno rescindirán el contrato con Concesiones Integrales.

Según la empresa privatizadora, entre los supuestos beneficios de la privatización del agua, están que “se incrementó el servicio continuo de 89 a 151 colonias, beneficiando a 219 mil 477 poblanos”.

También publicó los siguientes mensajes: “¿Nos hace falta agua o nos hace falta educación?, En Puebla tenemos la primer planta potabilizadora de agua sulfurosa superficial en América Latina”; “La nueva planta Paseo del Río aprovecha el afloramiento de agua sulfurosa y la potabiliza. Tiene la capacidad de producir 210 litros por segundo”.

Asimismo, aseveró que la empresa produce lo equivalente a 7.6 millones botellas de 1 litro al día, beneficiando a 200 mil poblanos.

Concesiones Integrales SA de CV inició una campaña la semana pasada para revertir las severas críticas en su contra por parte de los candidatos.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que de llegar al gobierno del estado remunicipalizará el servicio del agua en Puebla, es decir, la administración del bien público regresará a manos del Estado.

A esta propuesta también se sumó el priista Enrique Doger Guerrero, quien alertó que está dispuesto a quitar la concesión a la empresa, de ganar los comicios el próximo 1 de julio; mientras que Martha Érika Alonso Hidalgo, candidata de Acción Nacional (PAN) y esposa de Moreno Valle, admitió que exigirá a la firma cumpla con el contrato.

En tanto, Martha Érika Alonso, candidata del PAN y esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien impulsó la medida privatizadora en Puebla, se vio obligada a declarar que si la empresa incumple con el contrato podría rescindirse.

Llama la atención que el contrato entre el gobierno del estado, el Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y la firma Concesiones Integrales no es público, pues se encuentra protegido por Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), bajo el argumento que existen juicios de amparo contra la privatización del servicio.