Industria transgénica busca quitar poderes a jueces: defensores del maíz

Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, pretende arrebatar a jueces la facultad que tienen para proteger los derechos de grupos sociales o colectividades, advirtieron hoy firmantes del juicio que mantiene suspendida la siembra del grano transgénico en el país.

En rueda de medios, el abogado de la causa, René Sánchez Galindo; el antropólogo Julio Glockner Rossaínz, el líder social de la Sierra Norte, Alonso Aco; el académico Armando Domínguez y la investigadora Argelia Arriaga, explicaron que las empresas transgénica solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos.

De todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.


Sánchez Galindo, explicó que tratándose de juicios sobre derechos colectivos los jueces tienen facultades para ordenar cuatro tipos de medidas, tales como la suspensión de actos o acciones, la orden de realizarlas, el retiro de productos del mercado y las medidas de protección, detalló. Son precisamente las medidas de protección, sobre las que se emitirá un dictamen de constitucionalidad de la Suprema Corte, luego de que un tribunal Colegiado ordenara mantener la suspensión de siembra y remitir el expediente.

El letrado señaló que “Dupont decidió argumentar que las medidas de protección son violatorias de la Constitución por una supuesta ambigüedad y por el temor a que esta atribución resulte proclive a arbitrariedades; sin embargo -continuó- la trasnacional omite que la ley obliga que un juez federal haga un estudio legal del asunto, en el cual incluya los derechos del colectivo que deban protegerse, los derechos de la contraparte, la intervención de las autoridades competentes, los efectos colaterales, entre otros aspectos”.

Ninguna ambigüedad ni arbitrariedad está permitida por la ley de acciones colectivas, espetó Galindo, las trasnacionales arguyen que las medidas de protección pueden provocar abusos porque interpretan que si el juez las considera pertinentes dictaría medidas ilegales, como si en la palabra pertinencia cupiera la ilegalidad, sin embargo “pertinente” utilizada en una norma legal, conlleva el significado de pertinencia legal; lo contrario sería olvidar los principios generales del derecho y su interpretación.

“El Código Federal de Procedimientos Civiles no faculta a dictar medidas contrarias a la legislación, si así fuera hubiésemos pedido el destierro de los dueños de las trasnacionales”, explicó el litigante, quien expresó confianza en que la Suprema Corte declare que sí es constitucional la Ley que regula las acciones colectivas.