Incumplió Carrancá con la apertura de una fiscalía de delitos electorales

En dos días arranca la pelea formal por la gubernatura de Puebla, la mayoría del Congreso local y de las 217 alcaldías de la entidad, lo cual pone de manifiesto una vez más la incompetencia, parcialidad y conducta omisa del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget, quien incumplió el compromiso –que se hizo hace un par de meses– de que se abriría una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Puebla forma parte de los 13 estados del país que no tienen una fiscalía para atender delitos electorales, luego de que ya es una obligación que en las entidades se tenga esa instancia. Se supone, que mucho antes del arranque de las campañas electorales la FGE buscaría enmendar esa carencia, lo cual no ocurrió.

Lo grave de esta situación se puede apreciar en dos planos. El primero: lo preocupante no es únicamente el retraso para cumplir con la apertura de dicha área de la FGE, sino que se ignora quién podría ser el fiscal de delitos electorales, que es un componente esencial.


Si el responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales acaba siendo un personaje vinculado al grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, entonces de nada servirá una instancia legal en la materia, ya que no se perseguirán los posibles ilícitos que se cometan para favorecer a la coalición Por Puebla al Frente, que representa la continuidad del morenovallismo en el poder político del estado.

El segundo: el incumplimiento en tiempo y forma en la apertura de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por enésima vez, exhibe que Víctor Carranca se conduce acorde a los intereses de Rafael Moreno Valle Rosas y le da la espalda al gobierno de Antonio Gali Fayad.

A Moreno Valle no le conviene que exista una fiscalía imparcial y eficiente que investigue delitos electorales, ya que buscará ganar la contienda  –en la cual su esposa Martha Erika Alonso compite por la gubernatura– por la vía de la guerra sucia y de la coacción del voto. Y por esa razón, Carrancá parece estar retrasando lo más que pueda la creación de una instancia legal en la materia.

Ese comportamiento lo coloca en una actitud que confronta y se opone a lo que dispone el gobierno del estado.

El pasado 19 de marzo, José Antonio Gali Fayad firmó un acuerdo de “blindaje electoral” para evitar la manipulación de los recursos públicos para cometer ilícitos en la actual contienda. Cuatro días más tarde, se suscribió un segundo compromiso ante Héctor Díaz Santamaría, titular de la Fepade, de que en Puebla habría una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Todos esos buenos propósitos se toparon con la cerrazón de Víctor Carrancá de que en Puebla funcione, aunque sea medianamente bien, las instancias encargadas de la procuración de la justicia.