Huellas de la militarización

En abril y en lo que va del año, los hechos dejan una huella clara del proceso de militarización que se afianza en México y sus destinatarios los pobladores de comunidades y barrios donde hay proyectos de inversión o de seguridad trasnacionales (control y reacomodo de los mercados de las drogas y el crimen, confundidos con la persecución, retención y repatriación de migrantes hacia Estados Unidos.

Los militares del ejército y la armada, más los militares que comandan o jefaturan a las policías federal y a los mandos únicos estatales hacen la tarea de envolver con sus uniformes y vehículos la vida cotidiana de frontera a frontera y de costa a costa, muchas veces sin ofrecer la “seguridad interna” que muchos utilizan como argumento para prolongar su presencia fuera de los cuarteles, ocupando calles, caminos y comunidades.

Evidencia: militares mexicanos y centroamericanos al servicio de la seguridad gringa


Con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, las fuerzas armadas de México y Guatemala impulsan un proyecto de fuerza de tarea en su frontera común para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento para el intercambio de información e inteligencia para combatir al crimen organizado, reveló el general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala al participar en la conferencia de prensa de siete representantes de las naciones que tomaron parte en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), que por primera vez se hizo en México y fue organizada por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el copatrocinio de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos. El militar guatemalteco confirma que mucho antes que asumió Trump la presidencia ‘‘se ha venido trabajando desde hace más de cinco años’’, y una de las bases operativas estará en el Petén, área estratégica que colinda con el río Usumacinta.

‘‘Hay proyectos palpables’’ para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera de más de mil kilómetros, además del intercambio de información e inteligencia, estandarización de protocolos y procedimientos para operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur.

‘‘Dentro del proceso de intercambio de información hay una ruta de inmigrantes indocumentados que pasa por el norte del Petén; tenemos reuniones periódicas tácticas y estrategias con los mandos militares (Ejército y Armada de México), Gobernación hace lo propio, indicó. ‘‘Son encuentros estratégicos y claves para afinar los mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de ganado, la utilización de personas para el paso de droga… con estas reuniones tratamos de estar mejor organizados para generar gobernabilidad y restarle fuerza al crimen organizado’’, sostuvo.

Rechaza Tlacolula en Asamblea General nuevo cuartel del Ejército (desconfían del ejército)

En asamblea general, el pueblo de Tlacolula de Matamoros determinó no permitir la instalación del nuevo cuartel de la Octava Región Militar ni la explotación de minas en su territorio. Esta decisión, también fue adoptada anteriormente por Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle y la Villa de Mitla. “El acuerdo del pueblo fue unánime”, informó un portavoz del Grupo de Investigación y Acción Autónoma, que pidió no ser identificado. “Seguramente los militares generarían problemas internos en la comunidad; existe mucha desconfianza en el Ejército”, anotó. Además, subrayó que los pobladores se opusieron a la construcción del nuevo cuartel porque el Ejército Mexicano dispondría de una gran cantidad de agua potable en detrimento de la población. El portavoz dijo que el acta de la asamblea general se presentará al presidente municipal, Fausto Díaz Montes, durante la sesión de Cabildo, programada el martes próximo, para la ratificación del acuerdo.

Emboscada contra pobladores de San Pedro Mártir Quiechapa (divide para controlar)

Cinco personas de la población de San Pedro Mártir Quiechapa que fallecieron tras la emboscada tendida por sus vecinos de la agencia de Santiago Lachivía, pertenecientes al distrito de San Carlos Yautepec, en la Sierra Sur. y 8 están heridos. El presidente municipal de San Pedro Mártir Quiechapa, Eliseo Aguilar Manzano, dijo que los hechos ocurrieron el sábado 22 de abril aproximadamente al mediodía cuando un grupo de pobladores se encontraba en el paraje conocido como Ojo de Agua. En ese momento fueron emboscados por sus vecinos de Santiago Lachivilla quienes los atacaron a balazos. Entre las personas asesinadas se encuentra también el señor Camilo Daza, padre de Sergio Daza, coordinador del Bachillerato Comunitario Quiechapa. En un boletín, el Comité de Padres y Madres de familia y el equipo de Maestros del Bachillerato comunican que “nos sumamos al sentimiento de rabia y al dolor que embarga a su familia” y exigen “a las autoridades correspondientes que hagan cumplir los protocolos que exigen la señalación y detención de los culpables, y requerimos las medidas cautelares pertinentes para evitar más ataques hacia nuestra comunidad”.

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Los habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa, realizaron tres días después una protesta en el Zócalo de Oaxaca para exigir justicia por los hechos suscitados el pasado fin de semana, en donde diversos pobladores fueron atacados por un grupo perteneciente de Santiago Lachivía, dejando cinco muertos y ocho heridos. El presidente municipal, Luis Juárez Pérez, lamentó que María del Carmen Ricárdez Vela, asesora del Ejecutivo estatal, se haya comprometido a brindarles ayuda y solucionar el conflicto sin que haya hecho nada, por lo que exige al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Héctor AnuardMafud a tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad de sus habitantes. Manifestó que el problema se originó por un conflicto agrario pero la molestia es que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) intervino para realizar trabajos de saneamiento en ambas comunidades con la repartición de ganancias para los pueblos a pesar de que ellos son los dueños de los terrenos. Luis Juárez dijo que la presencia de dos patrullas y elementos del ejército no garantiza la seguridad por el tipo de armamento que posee la población de Santiago Lachivía. “No he recibido ninguna llamada del Gobernador, quien se comprometió a resolver y dar atención al conflicto agrario”.

Puente Madera movilizada contra subestación eléctrica y parque eólico de Sedena

Con un bloqueo en la carretera Tehuantepec-Juchitán, a la altura de Puente Madera, habitantes de San Blas Atempa exigen cumplir los acuerdos anteriores y se pronuncian contra la imposición de un parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tierras comunales: “Ante la burla e incumplimiento de acuerdos con nuestra comunidad, por parte del Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Murat, nos vimos obligados a iniciar un bloqueo carretero, a partir de las 7 horas de hoy, en el tramo Tehuantepec-Juchitán, región del istmo, como determinación de la asamblea comunitaria de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa, Oaxaca. Reiteramos nuestras exigencias a las autoridades estatales: 1. Mesa de diálogo con carácter resolutivo para el cumplimiento, por parte del gobierno estatal, de la minuta de acuerdos del 12 de abril del 2017. 2. Alto a la construcción de la subestación eléctrica e imposición del parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional en tierras comunales de San Blas Atempa”. Así comenzó una movilización ala que tuvo que seguir una acción contundente: El Centro de Derechos Humanos “Tepeyac” emitió una alerta para advertir que “Arde Puente Madera” en San Blas Atempa al ser incendiados sus terrenos comunales para exigir al gobierno de Alejandro Murat atender el conflicto que mantienen por la imposición de un parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Hasta el momento el gobierno se ha negado de dar respuestas favorables a sus peticiones y las empresas siguen explotando el cerro Igú”, denunciaron. En redes sociales, los pobladores señalan que “el agente municipal David Hernández Salazar y el comunero Jorge Rasgado López, fueron amenazados de muerte por sicarios y golpeadores de César Morales Toledo y Víctor Ramírez (mercenarios del ayuntamiento), personajes que además han incendiado pastizales de la comunidad en las inmediaciones del bloqueo para intimidar a los pobladores en lucha”

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Bloqueo de la carretera Tehuantepec-Juchitán

Se reactiva la casa de Justicia de Paraíso en Ayutla con su policía comunitaria

El Paraíso está a unos tres kilómetros de distancia El Charco. Ambas, comunidades del municipio de Ayutla de los Libres. Se fundó ahí la Casa de Justicia de El Paraíso, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en mayo de 2013, y con ella y el apoyo de hombres y mujeres de las comunidades se habían acabado los secuestros, asesinatos y violaciones a las mujeres.

Sin embargo, luego de la incursión del Ejército, la Marina y la policía estatal, el 21 de agosto de ese año, la situación cambió: más de 40 policías comunitarios fueron detenidos. La mayoría fueron liberados, no así seis de ellos, encabezados por don Bernardino García Francisco, su hijo, Ángel García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.

Los encarcelaron casi tres años, primero en el penal de Acapulco y luego en el de Ayutla de los Libres. Ahora, que han recuperado su libertad, advierten: Vamos a seguir luchando por vivir, por la patria y por todos.

Por eso los habitantes de los pueblos aledaños a El Paraíso acordaron reactivar la Casa de Justicia nuevamente y conformaron un comité para reimpulsar su labor. La primera actividad fue realizar una marcha, previo abanderamiento de la escolta de la Casa de Justicia, que concluyó con una asamblea en la cancha del pueblo, donde intervinieron varios oradores de la región y de organizaciones solidarias.

El corresponsal de La Jornada de Guerrero, Sergio Ocampo, recoge las palabras de Don Berna, un sobreviviente de la masacre de El Charco en 1998 y preso nuevamente en la incursión del ejército contra la casa de Justicia de El paraíso: “Miren compañeros, nosotros estamos tranquilos, ahorita lo que queremos es la libertad de los compañeros presos políticos de la CRAC, como Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel García, que todavía están injustamente encarcelados y ya queremos que salgan libres. No hemos dejado de luchar por impulsar nuestro sistema de justicia comunitaria. No queremos que se cancele y por eso estamos luchando para seguir adelante.

Los pueblos indígenas no queremos que lleguen otra vez los delincuentes. Nacimos en paz, y deseamos que haya paz. Queremos que la CRAC traiga paz y justicia a nuestros pueblos. Tenemos esperanza en nuestros niños, (que) desde el recién nacido hasta los grandes vivan en paz, recalcó.
Información de La Jornada y medios regionales y comunitarios.

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