Este lunes será inaugurado el “Centro Comunitario de Atención Ciudadana”, ubicado a espaldas de la parroquia local, en San Buenaventura Nealtican.
La apertura de este espacio es una iniciativa del “Comité de Ciudadanos de Nealtican en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua”, opositores a la instalación del Gasoducto Morelos en sus tierras de cultivo.
Además del acto inaugural del Centro Comunitario, que tendrá entre otros objetivos la defensa de las garantías de los lugareños, habrá una mesa de diálogo entre activistas y abogados dedicados a la defensa de la vida y los recursos naturales.
En el acto participarán Claudia Luna Chico, Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh), la maestra Leticia Aparicio Soriano, el maestro Víctor Mendoza, y el abogado Fernando Cuéllar.
Entre los temas a analizar está la consulta a comunidades y pueblos indígenas, el desarrollo comunitario, y la recapitulación y situación actual del problema del gasoducto Morelos.
Además se programó la lectura de la poesía “Pastorcito y presidente”, a cargo de Balam Quitzé Méndez Santamaría.
El pueblo de Nealtican está en pie de lucha legal y social en contra de la construcción del Gasoducto Morelos que atraviesa una parte de sus tierras de labor que limitan con el pueblo de Santa María Acuexcomac.
La negativa a la instalación de este “proyecto de muerte”, como lo bautizaron los lugareños, es que se instaló en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl, a pesar de que cuentan con un amparo que suspende temporalmente la obra en dicha área.
Por lo tanto, consideraron que el proyecto significa una “bomba de tiempo” para sus más de 30 mil habitantes, que podrían estar en riesgo ante cualquier contingencia.
Vecinos de la localidad han colocado lonas y carteles en las inmediaciones de la carretera estatal a San Nicolás de los Ranchos, en donde exigen al gobernador se frene este tipo de proyectos que no beneficiarán a Puebla ni a sus pobladores.
En su momento, Selene Santamaría, presidente del Comité Ciudadano, denunció que han sido intimidados por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno estatal para la entrega de las tierras.
Desde 2011, que se inició la defensa del pueblo contra los megaproyectos, se exigió a las autoridades municipales desistir de la obra.