Este 1 de agosto entra en funciones el gobierno de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (Zinacantepec, 30 de septiembre de 1959), el primer gobernador de izquierda en Puebla que se alzará como tal, tras dos procesos electorales, el primero de ellos marcado por un supuesto fraude y el otro por el accidente aéreo que provocó hace siete meses, el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.
Al Poder Ejecutivo el político de izquierda, que se forjó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta 2017, año en que decidió militar en el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llega con el apoyo de su partido que tiene mayoría en el Congreso estatal.
No solo eso, Morena a nivel nacional es la primera fuerza política con 258 diputados, un número suficiente para aprobar sin ayuda cualquier reforma legal, y que con sus bloques aliados de los partidos Encuentro Social, del Trabajo, el Verde Ecologista de México y el propio PRD, logra 335 votos en bloque con sus aliados.
En el Senado, también, Morena es el principal partido político, con 59 legisladores en su Grupo Parlamentario.
La llegada de quien será el gobernador constitucional número 12 en los últimos 56 años, periodo en el que hubo seis gobernadores interinos incluido Guillermo Pacheco Pulido, marca un cambio en el rumbo de las administraciones estatales.
De inicio, Barbosa Huerta tendrá como retos combatir la inseguridad y la corrupción, este último un tema que ha permanecido constante en su labor legislativa, como demostró al ser el primero en proponer una Ley de Acceso a la Transparencia e Información Pública, a la par de ser el legislador con el mayor número de intervenciones en tribuna, con más iniciativas y puntos de acuerdo presentados.
Su gobierno también marcará rumbos distintos respecto a las administraciones pasadas, en particular con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, del cual ya dijo “borrará” toda huella de su gobierno.
Ejemplo de ello será la decisión de desmantelar Casa Puebla, la residencia oficial del gobernador que generaba un gasto anual de 5.3 millones de pesos en su mantenimiento y que será desmantelada para servir como sede de tres institutos públicos: de Pueblos Originarios, de la Discapacidad y de la Juventud, al mismo tiempo de que los fines de semana abrirá sus espacios verdes para que la población los conozca y recorra, tal como sucede en la residencia presidencial de Los Pinos, que por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador es ya un centro cultural.