El Centro para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), condenó el homicidio del líder opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), Samir Flores Soberanes, e instó al gobierno de la República, que preside el izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, a “revisar” su “comportamiento”, “en tanto éste pueda estar contribuyendo a la crispación de las partes en conflicto”.
Desde hace varios años, el Cupreder ha advertido la improcedencia de que el PIM se desarrolle, por el inminente riesgo de erupción que entraña el volcán Popocatépetl, en cuya zona se ubica el Gasoducto Morelos y la Termoeléctrica de Huexca.
Este mediodía, tras el homicidio de Flores Soberanes -quien encabezaba en Amilcingo, Morelos un movimiento de resistencia al PIM y defensa del territorio-, el Cupreder emitió un comunicado en el cual considera que el crimen “es parte del ambiente enrarecido que se ha generado desde hace años por efecto de la forma en que se ha desarrollado el proyecto: a espaldas de la gente afectada y afectable y de los estudios y resultados de investigación en aspectos sociales y naturales que los especialistas han llevado a cabo”.
El texto íntegro del comunicado hecho público este día por el organismo se reproduce íntegro a continuación:
“Los Integrantes del Centro de Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lamentamos profundamente el artero asesinato del activista morelense Samir Flores Soberanes, firme opositor a la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos.
“Condenamos vigorosamente el hecho; consideramos que el homicidio es parte del ambiente enrarecido que se ha generado desde hace años por efecto de la forma en que se ha desarrollado el proyecto: a espaldas de la gente afectada y afectable y de los estudios y resultados de investigación en aspectos sociales y naturales que los especialistas han llevado a cabo.
“Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la condena de los culpables, así como la revisión del comportamiento del gobierno federal en tanto éste pueda estar contribuyendo a la crispación de las partes en conflicto.
“Demandamos, también, a los gobiernos federal, estatales y municipales, que garanticen seguridad y protección a las personas que participan en eventos tanto informativos y de análisis como de protesta que están programados a realizarse”.