Habrá un enojo brutal en Puebla si sueltan al asesino de Mara Castilla

■ Foto José Castañares

No cabe duda que ni en el Poder Judicial ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) han entendido que en este proceso electoral lo que más se expresó, lo que dominó, fue el enojo de la gente por la corrupción de los políticos y la falta de justicia, de legalidad y seguridad en la cotidianidad de la población. Este malestar va a aumentar de manera brutal en Puebla si acaban liberando a Ricardo Alexis N., el asesino de la estudiante Mara Castilla Miranda, cuya muerte fue el feminicidio que más golpeó la sensibilidad de la opinión pública.

Ricardo Alexis tiene un pie fuera de la cárcel. Este taxista de la empresa Cabify que –en septiembre del año pasado– en lugar de llevar a su casa a Mara Castilla la raptó, la abusó sexualmente y presuntamente la estranguló dentro de un motel, se ha beneficiado ampliamente de la negligente actuación de la FGE y del Poder Judicial, que sirven para perseguir a los críticos del morenovallismo, pero no para encarcelar a asaltantes, violadores y asesinos.

La cereza del pastel, o mejor dicho de la impunidad campante que hay en Puebla, es la negativa de Víctor Carrancá Bourget a renunciar a la titularidad del FGE, luego de que todas las fuerzas políticas han pedido su salida, que se ha evidenciado que en su gestión los índices delictivos crecieron como nunca y que fue pillado vacacionando en Sudamérica en pleno proceso electoral, en los días en que fueron asesinadas Juana Maldonado y Erika Cázares, quienes eran candidata a diputada local y regidora del PVEM, respectivamente.


Carrancá sin duda es corresponsable de los yerros que podrían permitir la posible libertad de Ricardo Alexis N., quien de entrada ya recibió un amparo el cual impide que se le procese como feminicida, situación que raya en el absurdo, en la estupidez, pues ahora resulta que violar y matar a una estudiante es todo, menos el delito de feminicidio.

Una cosa es que Carrancá ya demostró que es inmune al desprestigio social y profesional, pero otra que los diputados locales y el gobierno del estado no tengan la sensibilidad, la entereza, la voluntad política de echar al actual fiscal que es el responsable del inédito deterioro del aparato de procuración de justicia.

No cabe duda que esa condición demuestra que quien manda en Puebla es el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien mantiene en su cargo a Carrancá, por ser una especie de policía personal.

El otorgamiento de tres amparos al supuesto asesino de Mara Castilla Miranda, la estudiante de la UAPEP que fue raptada en un simple viaje de un taxi, es una muestra del enorme deterioro del Poder Judicial y de la FGE y se pone en evidencia que hay intereses creados que son más importantes que hacer justicia, sin importar que se trate de uno de los casos de feminicidio que más ha indignado a la opinión pública de Puebla.

Si no se castiga al asesino de Mara Castilla Miranda, que fue uno de los feminicidios más publicitados en el país, mucho menos habrá garantía para que se haga justicia en los casos de los otros 50 asesinatos de mujeres que se llevan en Puebla tan solo en los primeros meses del presente año.

Por eso hoy en día duele, enoja, indigna, encabrona vivir en Puebla con personajes tan oscuros como Víctor Carrancá y los miembros del Poder Judicial. Todo huele a podrido.