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Por la desatención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, principalmente, de la Profeco, gasolineras del interior del estado podrían estar vendiendo hidrocarburo robado, afirmó Luz María Jiménez Almazán, presidenta de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT).
La dirigente acusó que la desatención ocurre casualmente más en las estaciones que son propiedad de políticos, pues al resto de los empresarios gasolineros la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los vigila detenidamente.
“Es alarmante que la Profeco, siempre tan atenta a cualquier asunto que tenga que ver con gasolineras actúa en consecuencia de las denuncias anónimas, y hoy el delegado en Puebla dice que no revisa porque se negaban a la visita. O que no revisaban porque les daba miedo. ¡Es vergonzoso! Porque la Profeco tiene la facultad de pedirle a la fuerza pública, el delegado debe contestar porque no actuó”, dijo la presidenta después de que el pasado martes seis estaciones de la región de Tecamachalco fueron paralizadas durante un operativo.
Jiménez aclaró que no fue un operativo, sino fueron acciones concretas para cerrar gasolineras en las cuales no coincidían los volúmenes métricos que envía Pemex con lo que se reporta ante la Secretaría de Hacienda.
En ese sentido explicó que las estaciones son obligadas a tener un software en el que cada 24 horas se envía un reporte a Pemex, y después la paraestatal lo envía a Hacienda para cruzar la información del combustible que se vende.
“Esta situación se pudo haber evitado, se permitió y lo dejaron crecer. Y la suspensión habla de dos cosas: que Pemex no ejerce el control de los volúmenes volumétricos, y si lo ejerce y se habían detectado, por qué no habían actuado antes”, cuestionó en una entrevista con esta casa editorial.
Después, ahondó en el tema de los propietarios de las estaciones y reveló que desde siempre ha existido un rumor sobre cómo evitar las inspecciones de Profeco: “No existen pruebas para probarlo, pero es sabido que hay abogados que buscan a los gasolineros para hacer un convenio con la Profeco para que no haya operativo. O les avisan con anticipación. La Profeco en este sexenio se ha alejado de nosotros, ha preferido aislarse y eso ha generado la corrupción”.
Respecto al hecho de que algunas de las seis estaciones aseguradas sean propiedad de políticos, Jiménez reconoció que es escandaloso, pero afirmó que el edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, que junto con su familia tiene tres gasolineras, no es el único caso y es una situación que se ocupa mucho en poblaciones pequeñas y alejadas.
La dirigente aseveró que en GUEPT no existen políticos o empresarios que busquen hacen negocio sucio. Defendió que han preferido mantenerse “limpios” a incrementar el número de asociados.
El pasado martes seis gasolineras ubicadas en los municipios que forman parte del llamado “triángulo rojo” fueron suspendidas, Pemex informó que las estaciones presentaron irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales.
Para efectuar el aseguramiento de las estaciones participaron agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).