Gobiernos de Puebla y de Tlaxacala piden a la SCJN que dirima conflicto por 40 has. en Tepexco

En abril, después de que integrantes del Consejo Ciudadano Intermunicipal se entrevistaron con Peña Nieto, se ordenó el desalojo de los paracaidistas, cuyo número ya se había duplicado para entonces  ■  Foto Yadira Llaven
En abril, después de que integrantes del Consejo Ciudadano Intermunicipal se entrevistaron con Peña Nieto, se ordenó el desalojo de los paracaidistas, cuyo número ya se había duplicado para entonces ■ Foto Yadira Llaven

Se agrava el conflicto territorial en la franja de San Salvador Tepexco, que se disputa el municipio de Cuautlancingo, Puebla, y San Pablo del Monte, Tlaxcala, el cual derivó en el comienzo de una huelga de hambre por parte de pobladores tlaxcaltecas, quienes aseguran son posesionarios de la tierra invadida por poblanos.

En tanto, los gobiernos de ambos estados acordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine a qué entidad corresponde el poblado.

Desde el desalojo efectuado en el mes de abril, los supuestos propietarios del predio aseguraron que no permiten a nadie subir al cerro, por lo que han golpeado a varios pobladores y a uno le incendiaron su casa.


Por tal razón, las agraviados de San Pablo del Monte iniciaron una huelga de hambre frente al Palacio del Gobierno de Tlaxcala hasta que se desaloje a los paracaidistas poblanos que se han apoderado de alrededor de 40 hectáreas.

Cada día cinco manifestantes se irán sumando a esta protesta a fin de presionar a las autoridades de ambos estados a dar solución inmediata a este conflicto, que advirtieron podrían acabar en un enfrentamiento campal.

Habitantes de San Salvador Tepexco, localidad ubicada entre los límites de ambas entidades, exigieron al Congreso del estado de Puebla comenzar el procedimiento que permita resolver el conflicto limítrofe en la zona, pues la incertidumbre en la tenencia de la tierra ha provocado fraudes en la venta de terrenos que ya afectan a más de mil 500 familias.

Señalaron como responsable de la estafa a Héctor Joseph Cid, presidente del Consejo Ciudadano Municipal en Defensa del Territorio Tlaxcalteca, quien les vendió predios a partir de la década de 1980 que estaban registrados en Puebla.

Los defraudados se organizaron para recuperar las tierras que Joseph Cid pretendió arrebatarles, en las cuales se mantienen hasta la fecha.

En entrevista, los moradores del territorio en disputa rechazaron ser “paracaidistas”, como los calificó el gobierno de Tlaxcala, el cual advirtió a través del secretario de Gobierno, Miguel Moctezuma Domínguez, que pronto se procederá en el desalojo de los poblanos que se han asentado en esa zona.

Mientras, Joseph Cid lamentó que los perjudicados tengan que recurrir al ayuno debido a la displicencia del gobierno estatal ante la demanda de desalojar a los casi 200 invasores, quienes ocupan los predios desde noviembre de 2012.

Expuso que los 200 ocupantes asumieron una actitud violenta a raíz de que los expulsaron, en abril, en una operación que coordinó la Policía de Puebla.

Los poblanos adquirieron los predios, como constataron con copias de escrituras, al mismo Héctor Joseph Cid, a quien acusan de fraude; sin embargo, el aludido rechazó la acusación y sostuvo que no hay ni pruebas ni denuncia contra él.

Joseph Cid recordó que en abril, después de que integrantes del Consejo Ciudadano Intermunicipal se entrevistaron con el presidente Enrique Peña Nieto, se ordenó el desalojo de los paracaidistas, cuyo número ya se había duplicado para entonces.

Pese a que se expulsó a los invasores no se instaló vigilancia ni se aprehendió a los líderes, por lo cual retomaron los terrenos.

Finalmente, los habitantes de San Salvador Tepexco se trasladarán a la capital poblana para dar a conocer su inconformidad y exigir la intervención de las autoridades del estado.

El conflicto limítrofe entre Puebla y Tlaxcala puede ser resuelto de dos vías, mediante controversia ante la SCJN o a través de convenios amistosos entre los estados implicados; no obstante, los arreglos entre gobiernos no se llevarán a efecto sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

La SCJN recuperó su facultad de resolver disputas territoriales gracias a una reforma a los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política del país que se aprobó en el sexenio pasado.