#GobiernoEspía o la puerta al estado antidemocrático

La semana pasada, en el marco del cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno “es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión”. Dichas palabras se las llevó el viento este lunes cuando The New York Times publicó un extenso reportaje sobre la utilización de un malware para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

El tema no es menor; al contrario, es sumamente grave. No es la primera vez que se documenta el uso de programas de espionaje para vigilar a personajes incómodos para el gobierno federal y sus intereses. A principios de año, el diario estadounidense publicó otra investigación realizada por el CitizenLab de la Universidad de Toronto donde se documentaron acciones de espionaje contra activistas y académicos vinculados con el impuesto contra bebidas azucaradas. En ambos casos se obtuvo evidencia de la utilización de un programa llamado Pegasus, el cual infecta los dispositivos móviles a partir de mensajes SMS (conocidos como mensajes de texto) con enlaces maliciosos. El gobierno niega que haya sido él. Lo curioso es que la empresa israelí NSO Group Technologies vende esta tecnología únicamente a gobiernos, además de que los objetivos (y sus familias) fueron “cazados” mientras realizaban trabajos que vinculan (y afectan) al gobierno peñista. De ahí que las evidencias apunten a Los Pinos como principal responsable.

Entonces, sino son ellos, ¿quiénes son? ¿Quién, además del gobierno, tendría la capacidad financiera (cada infección cuesta alrededor de un millón 400 mil pesos) y de infraestructura para espiar a estos ciudadanos? ¿Qué intereses tendrían?


Si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite que las autoridades intervengan comunicaciones privadas y la conservación de metadatos para la “colaboración con la justicia”, la Red en Defensa de los Derechos Digitales ha documentado que la vigilancia nuestro país está fuera de control y sin mecanismos de rendición de cuentas (ver informe: El estado de la vigilancia).

En Los Pinos siguen sin entender que no entienden cómo funciona un Estado democrático. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El espionaje contra de defensores de derechos humanos y periodistas es un acto claro de intimidación que busca inhibir el derecho a la información y el acceso a la justicia de los ciudadanos. Un #GobiernoEspía es la puerta a un Estado antidemocrático. ¿Cuántos más están bajo vigilancia? No se puede saber, pero si las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la NSA nos parecían ajenas, en México no andamos nada lejos.