Luego de seis años de lucha legal, los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dieron un duro revés al gobierno de Puebla, al publicar este viernes en el Semanario Judicial de la Federación que se sentó jurisprudencia laboral a favor de los trabajadores de base al servicio del estado que fueron despedidos de manera injustificada durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito argumentó que el despido basado en la falta de presupuesto para el pago de su salario “es injustificado al no estar prevista esa causal de rescisión de la relación laboral en las leyes federales y locales”.
Lo anterior, luego que cinco ex burócratas ganaron juicios de amparos para su reinstalación, jubilación o pago de indemnización, de acuerdo a sus intereses.
Se trata de los casos de María Blanca Castillo Santos, con el amparo directo número 683/2017; Lilia Torres López, con número de juicio 701/2017; Miguel Ángel Bolás Valencia, con número de amparo 80/2018; Adolfo Hernández Vargas, con el juicio ganado 129/2018; y otro con el amparo 174/2018.
Esta tesis se publicó el pasado viernes 19 de octubre a las 10:29 horas en el Semanario en mención y, por ende, se considera su aplicación obligatoria a partir de este lunes 22 de octubre.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el representante de los burócratas rescindidos, Marco Antonio Manzano, explicó que luego de los cinco amparos ganados se sienta jurisprudencia de manera automática a favor de 420 trabajadores del gobierno del estado que interpusieron el juicio de garantías contra la parte patronal.
Sin embargo, advirtió que a esta jurisprudencia podrán sujetarse los cerca de 16 mil burócratas que fueron despedidos de manera injustificada, por el motivo de la falta de recursos para el pago de sus salarios, desde el año 2011 a la fecha.
El dirigente reconoció la labor y oficio de los abogados Abelardo Cuéllar y Luis Soriano, quienes estuvieron en todo momento respaldándolos en la defensa legal.
Informó que debido a que la elección a la gubernatura del estado de Puebla se encuentra impugnada, no procederán en contra del gobierno hasta que el Tribunal Electoral de la Federación otorgue un fallo sobre los comicios.
Marco Antonio Manzano fue enfático al señalar que por el momento no tramitarán ningún recurso ante la gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo, a quien no reconoció como mandataria, pero además –dijo– es la esposa del ex gobernador Moreno Valle, quien violentó sus derechos laborales y constitucionales.
“Es una persona que no nos inspira confianza, por eso recurrimos al Congreso del estado para que la devolución de nuestros salarios caídos sean contemplados para el presupuesto de 2019”, informó.
El declarante precisó que la cifra asciende a unos 250 millones de pesos por pagos de salarios caídos e indemnización a burócratas, aunque reconoció que habrá personas que buscarán negociar su reincorporación laboral.
Sobre todo –admitió– al personal que le queda menos de tres o dos años para obtener la jubilación laboral.
Buscan “etiquetar” recursos para el pago de burócratas en el presupuesto 2019
Actualmente, el dirigente de los despedidos, Marco Antonio Manzano, informó que cada trabajador despedido podría cobrar entre 500 y 600 mil pesos por salarios caídos y, por lo tanto, buscarán que el Poder Legislativo de Puebla “etiquete” esos recursos como “Pasivo laboral de contingencia”, para impedir que el próximo gobernador eche mano de ese dinero.
“A través de los diputados estamos obligando al gobernador Antonio Gali a que tenga voluntad política y deje recursos para el pago de nuestra indemnización y salarios caídos”, enfatizó.
Al respecto, admitió que el pago o la reinstalación de sus compañeros no se dará de un día para otro, sino incluso comentó podría tomar hasta más de seis meses en lo que se define la situación política en la entidad.
Además –agregó– que de los 420 amparos interpuestos contra el gobierno del estado, no todos han concluido y, por lo tanto, se buscará llegar a una negociación favorable para todos.
Por último, informó que han tenido el respaldo total de los diputados del Congreso del estado, ahora en manos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos de izquierda.
Expuso que mantienen una mesa de diálogo continua con el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, además con los diputados Luis Fernando Jara, de la Comisión de Presupuesto; Vianey García, de Derechos Humanos; así como los titulares de Gobernación y Trabajo.
Por esta razón, adelantó que buscarán la creación de una Comisión Especial para la Reinstalación de Burócratas Rescindidos, en la que estén integrados los legisladores locales y una comisión de trabajadores despedidos.