Gobierno de Gali transitó entre la distensión política y la impunidad del morenovallismo

José Antonio Gali Fayad ha transitado su primer año de gobierno entre dos extremos, lo que no necesariamente ha significado un equilibrio: por un lado logró distender el ambiente político–social del estado al frenar la represión, la exclusión  y el desprecio a la libertad de expresión que caracterizó al morenovallismo; pero por otro lado, ha dado impunidad a la larga lista de excesos, de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Luego del periodo de crisis política de principios de los años 70 del siglo pasado, a Gali le ha tocado gobernar con el mayor grado de complejidad que ha enfrentado un titular del Poder Ejecutivo en las últimas cuatro décadas.

Su mandato tiene características únicas al contar con un periodo reducido –casi insignificante–, con la necesidad de marcar una distancia con el estilo de ejercer el poder de su antecesor, Rafael Moreno Valle Rosas, pero al mismo tiempo sin romper con el grupo político del ex mandatario, al ser parte de la misma facción.


Es decir, Gali Fayad se debate entre la necesidad de mostrarse diferente en las formas de gobernar del morenovallismo, pero al mismo tiempo no puede romper con el grupo del ex gobernador y por el contrario, tiene que ayudar el triunfo electoral de esta expresión política. Una tarea muy complicada.

Sin duda Antonio Gali ha salido airoso de esa compleja realidad, pero hasta ahora no ha logrado dejar una huella en la población, al no tener tiempo para impulsar un proyecto de gobierno que ayude a resolver los problemas de desigualdad social, de inseguridad pública y de generar un mejor desarrollo regional.

En el tenor de esos extremos, en la parte positiva, Gali logró imponer su autoridad y eliminar cotos de poder de importantes figuras del morenovallismo, como fue quitarle  el control que sobre la Secretaría de Salud ejercía el legislador local Jorge Aguilar Chedraui o el haber desplazado a Roberto Flores Toledano de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en donde este personaje causó un serio deterioro del Poder Judicial.

Sin embargo, un laja que sigue cargando Gali y que le causará un grave costo político es la permanencia de Víctor Carrancá Bourget, el fiscal general del estado, quien es responsable de la alta tasa de criminalidad en el estado y fue el artífice de los peores abusos del sexenio morenovallista, al llevar a la cárcel a docenas de personas inocentes que fueron privadas de su libertad por motivos políticos.

Gali ha sabido plantar un estilo de gobernar que gusta mucho, por ser un político carismático, tolerante, dialogante y sobre todo que hasta ahora no ha sido protagonista de ningún escándalo de corrupción o de abuso de poder. Por el contrario, es alguien que trasmite confianza y serenidad.

A lo largo de los últimos 12 meses, algo que se debe reconocer del gobierno de Gali es que no se puede enlistar un solo acto de represión, de exclusión política o atentar contra la libertad de expresión.

Tal situación contrasta radicalmente con lo que pasó en el primer año del morenovallismo, en que ya había presos político, se había echado a andar una política de comunicación para cerrar medios de comunicación incómodos y se excluía a los poblanos de los principales cargos de la administración pública.

Además, ya existía un proyecto de obra pública que se destacaba por los excesos de costos, la opacidad de los contratos y la sospecha de que era la fuente de enriquecimiento de ciertos inversionistas.