El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla entregó este martes en la oficina del gobernador José Antonio Gali Fayad un escrito en el que se pide la inmediata liberación, sin restricción alguna, de todos los presos y procesados políticos existentes en la entidad, el cese de la persecución política, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes contra diversos activistas.
Junto con la solicitud se entregó una caja con mil 160 hojas foliadas en las que aparecen las firmas de 16 mil 290 personas que respaldan dicha petición. Los documentos fueron entregados en la Oficialía de Partes de la oficina del gobernador, después de un intento de bloqueo de parte de policías que en un principio no dejaron pasar a los portavoces del colectivo ciudadano al Centro Integral de Servicios (CIS), en la zona de Angelópolis,
Ante la polémica que provocaron los uniformados encargados del acceso al cerrar con sus toletes las puertas de cristal, el personal de la Oficialía salió para conocer de la situación y permitió el ingreso a los integrantes del Comité, a familiares de los considerados presos políticos y a medios de comunicación.
Una vez dentro de la oficina del Poder Ejecutivo, Carolina González Barranco, portavoz del colectivo, dio lectura al oficio en el que se pide a Gali Fayad que sea congruente con lo que ha expresado en distintos foros en el sentido que su gobierno será respetuoso de los derechos humanos y promotor de la reconciliación social, que se perdió durante la anterior administración que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas.
Así, un extracto del documento indica que el sexenio Moreno Valle se caracterizó por su particular ejercicio político del poder que, bajo la máscara discursiva de “aplicación de la ley y el estado de derecho”, sirvió para desarrollar un gobierno que encontró sostén en la represión y persecución de todas las voces disidentes a través de diversas formas: amenazas, fabricación de averiguaciones previas que derivaron en órdenes de aprehensión y/o detenciones arbitrarias, tortuosos procesos abiertos contra activistas y el encarcelamiento.
“El exceso en el uso de la fuerza pública cobró la vida de un niño a consecuencia de la supuesta aplicación de la llamada ley Bala cuya denominación oficial es, irónicamente, “Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.
“Por otro lado, sentar las bases de un poder transexenal por parte de Moreno Valle, ayudó al florecimiento de nuevas redes de corrupción y opacidad que beneficiaron a empresas trasnacionales y endeudaron a todos los poblanos; favoreció la delincuencia común y organizada que se desarrolló por la gran pobreza de poblaciones enteras y se consolidó a través de la protección de funcionarios públicos, poniendo a Puebla una vez más en el plano nacional e internacional; destacando el alto grado de descomposición social que se vive en nuestro estado.
“En el sexenio pasado se hicieron grandes inversiones económicas en seguridad pública, por ejemplo, la compra de aparatos y software de espionaje a la empresa Haking Team, que únicamente sirvió para perseguir y vigilar activistas, pero nada se hizo con ella para evitar el explosivo crecimiento de la delincuencia que hoy, quizá, pueda servir de pretexto para militarizar nuestro territorio”, señala el documento.
Después de hacer una remembranza del sexenio anterior, la portavoz del Comité continuó:
“Señor José Antonio Gali Fayad: le heredaron un estado lleno de problemáticas; de usted dependerá contribuir a que estas permanezcan y/o se magnifiquen; o, como esperamos todos, que realmente demuestre a través de acciones contundentes, que posee otra forma distinta de hacer política; una política de diálogo, consenso y respeto por la disidencia y la legalidad”.
Después, se centró en la petición y recordó que son en total 366 personas que han sufrido la represión de un gobierno autoritario al haber sido presos, procesados y perseguidos políticos.
Y especificó: 53 procesos heredados desde el sexenio de Mario Marín Torres. Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas: cinco presos tras las rejas, una persona que murió en condición de preso, dos personas en régimen de prisión domiciliaria, dos personas que demostraron la falsedad de los cargos, un condenado político, 144 procesos abiertos, 153 personas con órdenes de aprehensión o perseguidas. Con José Antonio Gali Fayad: un preso y cuatro personas perseguidas.
“Quienes ocupamos la vocería del presente Comité, encabezamos las voces de todos y cada uno de los afectados. En tal calidad y bajo esa condición, acudimos ante usted para exigirle el otorgamiento de la libertad absoluta e incondicional de todos ellos”, concretó González Barranco.
Después de la lectura, los encargados de recibir el documento contaron cada una de las hojas con firmas y se comprometieron a que en un plazo de ocho días hábiles se daría una respuesta a la solicitud.
Familiares de presos políticos: invitamos a Javier Lozano a que conozca los procesos
En la entrega del escrito petitorio estuvieron presentes líderes de agrupaciones que han sufrido encarcelamientos en los últimos años: el movimiento cultural Cholula Viva y Digna, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que mantiene a cuatro de sus integrantes en la cárcel; estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), familiares del ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, quien se encuentra en prisión domiciliaria; y allegados del ex líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, quien la noche del pasado lunes fue trasladado de la prisión de Cholula a la de Tepexi, supuestamente por cuestiones de seguridad.
Con un enojo evidente, los familiares de los presos políticos reprocharon las declaraciones que un día antes de la entrega de la petición realizó el vocero y jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, quien afirmó que el gobierno del estado no conoce de presos políticos.
Al respecto, Francisco Castillo Cooper, hijo del ex secretario del medio ambiente invitó a Lozano a conocer a detalle el proceso jurídico que enfrenta su padre, juicio que se ha dilatado lo más posible para mantenerlo en prisión, aunque sea domiciliaria.
Con esto coincidieron familiares de Israel Pacheco Velázquez, quienes consideraron como una nueva afrenta política el cambio de cárcel a una más lejana, a pesar de que el supuesto delito que enfrena el exlíder sindical se cometió en Cholula.
Al igual que ellos, Tonatiuh Sarabia de la 28 de Octubre y quien mantiene a dos de sus hermanos presos, consideró que las declaraciones de Lozano reflejan que el autoritarismo que caracterizó a Moreno Valle continúa con el presente gobierno.
A pesar de esto, los integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y los familiares de los propios cautivos, adelantaron que estarán pendientes de la respuesta que conceda el gobierno del estado, además de que continuarán con sus estrategias legales para echar abajo las acusaciones, que consideraron carentes de sustento.