Gobernador: hagamos un debate público

A confesión de parte, relevo de pruebas, reza un dicho muy frecuente entre abogados. En el boletín 1638, de fecha 2 de mayo de este año, el gobierno del estado de Puebla establece por fin que es real uno de los principales temores de quienes nos hemos dedicado a la prevención frente a una erupción de Popocatépetl: el gasoducto no solo abastecerá del producto a la generadora de electricidad de Huexca, Yacapixtla, Morelos, sino que se utilizará como “un beneficio directo para la industria ya instalada en la región que cruza y detonará inminentes inversiones industriales”. Puntualiza el mencionado informativo gubernamental que se beneficiarían inmediatamente los desarrollos de Texmelucan, Coronango y hasta la región en la que está Audi.

Pero sabemos que CFE quiere tener un polo de distribución en el crucero de Calpan–Nealtican–Domingo Arenas, y que está dispuesto a pagar a 2 mil 500 pesos el metro cuadrado y más para obtener el terreno; lo mismo debe ocurrir en otros puntos de los municipios de Atlixco y Tochimilco. No significa otra cosa que la urgencia de contar con centros dedicados al reparto de gas. A los políticos, en su inmensa mayoría ignorantes de temas técnicos, solo les mueven ideas elementales como “desarrollo”, “generación de empleos”, “industrialización”, como si evocando estas palabras se justificara cualquier cosa.

Distribuir gas en “la región que cruza” el gasoducto es un acto criminal, con perdón de la dramatización que esta palabra implica. Propiciar desde el gobierno, desde los gobiernos, para ser exactos, el crecimiento de las actividades económicas es fomentar el incremento de la población y sus instalaciones, como cualquier urbanista sabe. Que mas gente habite las faldas del volcán representa la multiplicación del riesgo. ¿O no? No solo eso: ¿de dónde obtendrán estas nuevas industrias y centros urbanos el agua necesaria para vivir, los materiales de construcción; dónde arrojarán sus desechos. En las muchas discusiones que se sostuvieron para crear el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 25 de enero de 2005, y hasta donde sabemos vigente, el argumento de evitar que creciera la mancha urbana hacia las faldas de Popo fue central, como es lógico. De hecho, muchos desarrollos en infraestructura se cancelaron en virtud del ordenamiento mencionado. Con el Proyecto Morelos hacen pedazos, de un jalón, todos estos criterios. El macizo montañoso de estos volcanes abastece y capta agua para más de 13 millones de habitantes, y empieza a verse abatido ya. La ciudad de Puebla depende cada día más del recurso que allí se encuentra. Urbanizar es evitar la infiltración y aumentar la extracción. Nada de esto consideran los señores de poder.


Pero los políticos que siguen sin miramientos la tesis de la inversión extranjera como un dios, y la industrialización per se como su profeta, no voltean a considerar las implicaciones ambientales, sociales, culturales y de seguridad que estas milagrosas inversiones les suponen. La confesión hecha en el mencionado boletín lo demuestra.

El proyecto del gasoducto, lo hemos dicho ya, data de 1997. Una y otra vez los expertos de diferentes áreas le dijimos a CFE y otras dependencias que el trazo del gasoducto debía estar fuera del área de riesgo, y que de ninguna manera era pertinente construir puntos de distribución a lo largo del trayecto, porque ello propiciaría la detonación de zonas habitadas. Hasta este boletín nos habían asegurado que no habría ramales en el ducto, que tan solo era para llevar el gas a Huexca y satisfacer las necesidades de electricidad de aquella zona. Por eso, el documento en cuestión es una joya en la disputa argumental que se sostiene.

Confiesan hoy en el boletín lo que ocultaban, pero no dicen en él ni una palabra del enorme negocio que representa para las empresas españolas que operarán la gasoeléctrica morelense –Élecnor, Abeongoa, o quien se quede finalmente con el contrato– por medio de ese tipo de instrumentos inventados en tiempos de Zedillo, 1995, llamado Pidiregas, Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Gasto Público, con los que el gobierno, el Estado, se compromete a pagar la generación de energía eléctrica, por ejemplo, a las compañías beneficiadas, la generen o no. Hay decenas de casos.

Otro documento que ratifica el propósito de hacer el gasoducto es un desplegado publicado el 5 de mayo en la prensa nacional. Sus firmantes, que habrían sido los asistentes –reales o esperados, que autorizaron o no la firma del documento, que entendieran o no el problema tratado– de una reunión celebrada en el Centro Integral de Servicios, nueva sede del gobierno estatal, el día 2 de mayo. En éste se amplía la confesión, porque se habla de que dará un servicio estratégico “y permitirá abastecer con gas natural a la industria de Puebla”. Los soportes técnicos de sus intenciones, expresados en el desplegado, son que cumple con las recomendaciones del Cenapred y la Universidad Autónoma de Tamaulipas; que cuenta con el respaldo social al tener 90 por ciento de indemnizaciones y que es de un gran beneficio social.

Vamos por partes. El supuesto soporte técnico del Cenapred consiste en recomendaciones para modificar el trazo del gasoducto. Hay documentos que indican que el director de esta institución, Roberto Quass, criticó severamente el proyecto. No se conocen dichas recomendaciones tampoco. No se ha publicado el trazo del ducto, pero si atendemos a un trabajo de identificación del mismo a partir de las compras que han hecho de tierras, hacia la parte este y sureste del volcán atraviesa por la zona de mayores amenazas establecida por el Mapa de Peligros elaborado por expertos nacionales e internacionales, y que es la base del Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo vigente. Pero es muy fácil saber cuál es el trazo: que la Comisión Federal de Electricidad lo presente públicamente. Hay que advertir que el riesgo de que estén construyendo con la obra no se refiere únicamente al trayecto del tubo, sino a los puntos en donde habrá ramales, proyectos que también deberían presentar.

En cuanto al apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay que hacer algunos comentarios. Primero, que hasta donde se sabe, en el Manifiesto de Impacto Ambiental –uno de los 20 o 25 que han elaborado–, un geólogo de esa universidad fue contratado para analizar el riesgo volcánico, no la universidad. Por cierto, CFE contrata a un geólogo de la universidad de un estado en donde no hay volcanes ni se estudian. Esto ha sido criticado por la comunidad de especialistas desde hace años. Así que este aval técnico es, incluso, risible.

¿Por qué no lo avaló alguno de los especialistas que han estudiado el Popo, como Ana Lilian Martin de Pozzo, Servando de la Cruz, José Luis Macías, Claus Siebe,  o algunos de la UAP? Fácil: porque ningún conocedor del volcán puede dar su aprobación al proyecto, ni al gasoducto ni a la temoeléctrica en donde está instalada. Por eso no se les consultó a ellos. Más aun, la mayoría de los geofísicos expertos en vulcanología que saben del tema han descalificado el proyecto, algunos públicamente y otros en cartas privadas o reuniones. Eso lo sabe CFE perfectamente, pero no les ha importado.

Es necesario recordarles que repartieron masivamente un tríptico en poblaciones del volcán con el Mapa de Peligros alterado para justificar el trazo de ducto, lo que les valió un extrañamiento por la UNAM.

En cuanto al “respaldo social” que aseguran tener porque 90 por ciento de los afectados ya firmaron de conformidad, hay que decir lo mismo: que presenten el trayecto del gasoducto, el plano de propiedades afectadas y sus propietarios, las firmas debidamente cotejadas de ellos, las actas de asamblea de los ejidos y comunidades agrarias que se dice aprobaron la obra, con sus respectivos acuerdos de Dominio Pleno. Una relación de las “obras sociales” realizadas también sería necesario que se expusiera. Muchos decimos que todo esto es mentira, pero el gobierno puede demostrar que es verdad. ¿O no?

Propongo, señor gobernador, señor director de la CFE, que hagamos un ejercicio en favor de la verdad. Hagamos un diálogo público entre ustedes y quienes nos oponemos al proyecto; entre sus expertos y los que han manifestado objeciones; entre sus documentos y la verdad. ¿Qué les parece? Asuman que ustedes dos son, personalmente y como instituciones, los responsables de que lo en esta zona se haga y el desastre que ocurra.