Este martes, la organización internacional Global Witness informó que el año pasado fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo, de los cuales 14 ocurrieron en el país, entre ellos los homicidios de los poblanos Manuel Gaspar Rodríguez, ambientalista de Cuetzalan, y Sergio Rivera Hernández, opositor a la minera Autlán en la Sierra Negra.
El reporte 2018 destacó que la lucha para proteger el entorno se ha vuelto cada vez más peligrosa en México y en América Latina, donde se concentra más de la mitad de los homicidios a escala global.
En el caso específico de México, Global Witness documentó 14 asesinatos, entre ellos dos mujeres.
Se trata de Abraham Hernández González, Adrián Tihulit, Guadalupe Campanur, Janeth González López, Jesús Álvarez Chávez, Jesús Javier Ramos Arreola, Joaquín Díaz Morales, Julián Carrillo, Manuel Gaspar Rodríguez, Margarito Díaz González, Noel Castillo Aguilar, Quintín Salgado Salgado, Rolando Crispín López y Sergio Rivera Hernández.
El pasado 23 de agosto, Sergio Rivera Hernández, defensor de los pueblos indígenas y el territorio en el municipio de San Pablo Zoquitlán, desapareció sin dejar rastro.
Rivera Hernández es integrante del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa – Atlzalá, Puebla, y miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista.
Manuel Gaspar Rodríguez fue asesinado 14 de mayo de 2018, en el municipio de Cuetzalan.
El activista era integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN), llevaba tiempo bajo amenazas; sus compañeros creen que esto se debía a su activismo y trabajo en defensa del territorio.
Global Witness enfatizó que los activistas son personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas.
Asimismo, confirmó que fueron silenciados en ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales principalmente por oponerse a las autoridades y empresas mineras.
Desde hace 20 años, la organización internacional lleva a cabo campañas pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.
La minería, el sector más letal
El Informe 2018, reveló que los países más peligrosos para los activistas ambientales fueron Filipinas, con 30 asesinatos; Colombia, con 24; 23 en India; 20 en Brasil; Guatemala, con 16, y México, con 14.
Asimismo, precisó que el único país de Europa donde se presentaron homicidios de estos defensores fue en Ucrania, con tres; y en toda África se reportaron 14.
La minería fue el sector más letal con 43 defensores asesinados por oponerse a los efectos destructivos de la extracción de minerales sobre la tierra, las formas de vida y el medio ambiente.
Mientras que los proyectos ligados a la agroindustria dejaron 21 homicidios y los de explotación forestal 13. Además, hubo una escalada de asesinatos de activistas que luchan por la protección de las fuentes de agua, que aumentaron de cuatro en 2017 a 17 el año pasado.
Global Witness señaló que la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero se pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos.
El informe aseveró que los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado.
Por vez primera, desde 2012, Global Witness incluye en el reporte el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a estos activistas, a sus familias y a las comunidades que representan.
Afirmó que esta táctica puede utilizarse para mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras.
El informe concluyó que la violencia no letal y la intimidación abundan e igual que los asesinatos, no suele documentarse. “Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”.