El gasolinazo y la chispa

El aumento al precio de las gasolinas para este enero en un 20 %  en promedio, es una más de las afrentas al pueblo mexicano, pero también es la secuela de una política destructora de la soberanía energética a costa de la pérdida de capacidad productiva en hidrocarburos, en sus refinados y la consiguiente entrega de la producción y comercialización a las transnacionales.

La transferencia de valor, de capital y de poder hacia las empresas buitre les darán ganancias extraordinarias por explotar una fuerza de trabajo barata, capacidad técnica reconocida y una fuente energética estratégica en el mundo. Ello tendrá efectos al depredar la vida en las comunidades, despojar a sus pobladores y amenazar a los seres vivos de esos territorios.

Todo esto ha sido denunciado y expuesto por más de diez años por organizaciones de trabajadores, académicos, grupos ambientalistas y comunidades organizadas en la defensa del territorio y la vida. Pero ahora, como lo dice la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), es el cierre y desmantelamiento de las refinerías  lo que ha puesto a México en la encrucijada del incremento a las gasolinas y el desabasto.


Así en octubre pasado Petróleos Mexicanos (Pemex) sacó de operación cinco plantas de la refinería Riama de Salamanca, productora de las gasolinas Premiun y Magna, Ultra Bajo Azufre (UBA), diésel, turbosina y asfalto; mientras en noviembre la empresa decidió el cierre del Complejo Petroquímico Morelos, productora de petroquímicos.

Al contrario del dicho de funcionarios y académicos pagados para la entrega del sector energético, los trabajadores petroleros, los técnicos y profesionistas organizados en la Untypp indican que las refinerías de Pemex no son chatarra, y sí “cuentan con tecnología de vanguardia y tres de ellas acaban de ser reconfiguradas, pero la falta de mantenimiento y el que no se les proporcione materia prima suficiente para producir más gasolinas y otros destilados es producto de la reforma”.

Pemex puso a la venta plantas de los complejos petroquímicos de Escolín, en Poza Rica, Veracruz; de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula; del complejo procesador de gas en Reynosa, Tamaulipas, entre otros. Es decir, está acabando con las refinerías y petroquímicas, sin importarle el abasto para el pueblo y sus repercusiones en el costo de la vida.

¿Por qué el gobierno y sus funcionarios malbaratan la industria petroquímica desde hace décadas y ahora lo intensifican, prefiriendo importar gasolinas?

 

La respuesta va más allá del gasolinazo: existe un acuerdo mundial a favor de las empresas petroleras gigantes y del capital financiero que “recomienda” a gobiernos con alguna soberanía energética, liberar esos recursos a la competencia de los grandes capitales, anula el uso de sus ganancias para el gasto público, principalmente el social, por lo que se plantea que estos gasolinazos arranquen por la vía de los precios y tarifas los impuestos que ahora no ofrece Pemex, dejando que las utilidades de esta empresa sevayan ahora a fomentar inversiones gananciosas para los oligopolios privados conocidos como transnacionales. Y lo peor es que los impuestos y mayores tarifas servirán principalmente para pagar intereses de la enorme deuda externa.

En el caso de la petroquímica se importa, se transporta y se vende por vías que benefician a petroleras y petroquímicas extranjeras, se utilizan depósitos, oleoductos y gasoductos que cruzan territorio nacional despojando a las comunidades a su paso.  A la vez se libera la venta, más allá de las franquicias que le queden a la marca Pemex,  para que la realicen las empresas de los mercados de la gasolina y del diésel para invertir en estaciones de servicio, como Petro-7, Oxxo Gas, Hidrosina, Gulf, Texaco, Combu Red y La Gas que han hallado un nicho para lanzar su marca propia.

¿Pero por qué parece que protestan todos por ese gasolinazo?

 

Aunque el gasolinazo afecta todo el campo económico y social del país, no lo hace en el mismo sentido ni profundidad. No hay duda que las 12 mil gasolineras que existen en el país, 4 mil 500 de ellas estaciones cuyos contratos vienen desde 2014 y se vencieron el 31 de diciembre de 2016, de los cuales 90 por ciento ya están renovados, quieren aprovechar la coyuntura acaparando gasolinas para ganar en enero y febrero con los aumentos inmediatos. Tampoco hay duda que la Secretaría de Hacienda recabará más impuestos en un año de crisis aguda por la vía de cargar en 2017 el impuesto al consumo de gasolinas (ya está el de la energía eléctrica y aumento del gas Lp). Por su parte los industriales y grandes comerciantes, se quejan de que se elevaran sus costos, aunque sólo buscan que se les dé libertad para elevar los precios a los consumidores, pues pretextan que la gasolina y el diésel son factores fundamental para su producción y circulación.

Los consumidores de ingresos altos y medios, generan la mayoría de lamentos por estas medidas y reaccionan en medios de comunicación y redes sociales para “exigir” que los de arriba los salven de la recaudación vía gasolinas. Los ricachones son empresarios y funcionarios que se recuperarán con prebendas, devolución de impuestos y corrupción. Los medianos, la pequeña burguesía, se alarman porque al no luchar como pueblo, sino individualmente, “tienen que sumarse” a  la corrupción y a la reventa inflacionaria si son pequeños empresarios o comerciantes. Es claro que pagarán por el gasolinazo sus consumos ostentosos, sus apariencias.

De ahí en fuera. el pueblo trabajador del campo y de las ciudades, tenga salario o no, pagará precios caros en todo, y sus familias deberán recortar su consumo, pues los ingresos serán abatidos. La gran fábrica de pobres del capitalismo producirá más consumidores precarios y comunidades rurales despojadas ¡Y esto cuando la salud, educación, vivienda y transporte públicos tendrán recortes presupuestales! No habrá seguridad social que cubra ese costo para quienes viven de sus pobres pensiones y jubilaciones. Tampoco el consumo tendrá como base de salvación el crédito, pues han aumentado los intereses bancarios y el capital como la delincuencia organizada les cobrará sin piedad las deudas no pagadas.

Esta es la catástrofe en que nos hace vivir el capitalismo. Difícil creer que se generará, además de lamentos e indignaciones, acciones eficaces si antes no construimos comunidades de lucha, si no levantamos desde abajo fuerzas dispuestas a combatir al capital y no sólo a los especuladores. No es cierto que “entre peor, mejor para la lucha popular” victoriosa. La chispa no es el agravio que vivimos con el gasolinazo, si bien esta afrenta al pueblo, puede indignarlo, pero se necesita la chispa de la conciencia organizada, del compromiso de quienes decidamos atrevernos a vencer  las causas de esta catástrofe y no solo a protestar.

Es decir, es hora de disponernos a una lucha organizada que comience por vivir como comunidades, organizaciones  y barrios en rebeldía, organizados para construir otro modo de vida ahí donde el capitalismo la está destruyendo. Los comités independientes en barrios como los que se crearon contra el pago elevado de tarifas eléctricas son una experiencia a retomar, pero de manera crítica: el pueblo organizado debe obedecer sus asambleas y no  a las dirigencias, los caudillos y los partidos electoreros. Esos comités necesitan articularse, como hace frente al despojo y la violencia el Congreso Nacional Indígena, creando su Concejo Indígena de Gobierno. Son experiencias a enriquecer y no recetas para luchar ante la catástrofe.

 

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