Gasoducto Morelos: desatinos encima del desatino

Dicen que doña Enedina Rosas Vélez tiene 60 años, pero en la única foto que aparece de ella en la Internet asemeja a una mujer mayor. La Policía del estado de Puebla la encarceló el pasado 6 de abril acusándola, dicen los que han sabido del proceso judicial que en su contra se lleva, por haber dañado maquinaria, robado los celulares y privado de la libertad a algunos funcionarios públicos que estaban realizando obras para la construcción de un gasoducto en el municipio de Atlixco, en donde ella vive. Doña Enedina debe ser una mujer muy fuerte y muy poderosa para lograr semejantes hazañas.

O tal vez está detenida porque es la presidente del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, por cuyas tierras pasa el trazo del gasoducto y es necesaria su anuencia para autorizar la instalación. Tal vez.

Luego detuvieron a Juan Carlos Flores, un activista que se sumó a la resistencia campesina en contra del gasoducto, y la Policía lo hizo inmediatamente después de acudir  a presentar una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del estado por la detención de doña Enedina. Y más tarde encarcelaron al campesino Abraham Cordero Calderón, integrante de un colectivo que se ha opuesto al malbaratamiento de tierras para la construcción de una vía de automóviles, y que se ha solidarizado con la lucha contra el gasoducto.


Ya empeñado el gobierno estatal en usar el músculo para aplastar al argumento, un comando armado se metió a la casa del doctor Ricardo Pérez Avilés, y con pistola en mano amenazó a su familia, porque él no estaba en ese momento. El gobierno dijo que no tenía nada que ver con esa acción, pero yo no les creo; y no soy el único. Aseguró también que no había orden de aprehensión contra este académico que ha estado estudiando los procesos socio–ambientales en los volcanes.

Este jueves, en el programa de Carmen Aristegui, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, Luis Maldonado, con un pie en el estribo del avión –argumento que usó para no debatir con la diputada Roxana Luna, opositora al proyecto– aseveró que en Tlaxcala y en la PGR sí hay otras órdenes de aprensión, y que una es contra Pérez Avilés. Es decir, la persecución seguirá. De hecho, por filtraciones del propio gobierno sabemos que hay una lista con más universitarios y campesinos investigados. Sabemos también que el rector de la Universidad Autónoma de Puebla se ha puesto en contacto varios de los presuntos implicados para saber qué ocurre con cada uno de ellos; y el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla ha declarado enfáticamente el rechazo de su institución a lo que califica como la criminalización de la protesta social y la persecución contra universitarios, señalando en particular el caso de Pérez Avilés, quien es colaborador también de esa casa de estudios. Cientos de estudiantes marcharon por la ciudad en protesta por estos hechos, y académicos de la UAP, la UAM, la UNAM y otras universidades han publicado desplegados alusivos. Visitadores de la ONU están ya examinando lo que ocurre en Puebla.

Maldonado dijo a Aristegui que se actúa con apego a la ley. No sé a qué ley se refiera, porque hay muchas evidencias de que las detenciones y los procesos están llenos de irregularidades; espero que los abogados defensores lo demuestren. Lo que sí sé es que violan muchas disposiciones legales, y Maldonado lo sabe también. La primera es el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl y su zona de influencia, el cual indica que este tipo de construcciones son incompatibles aquí debido a los impactos que el Popo ha hecho a lo largo de su historia y que volverá a hacer, según el decir de los expertos nacionales y extranjeros que lo han estudiado durante décadas.

Violan también diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, con toda certeza. Y si se pone uno a repasar la normatividad se encontrarán otras disposiciones en materia ambiental, agraria, de seguridad, de asentamientos humanos y otras que cuestionan seriamente una obra semejante. Pero la ley que más violan es la del sentido común, la de la convivencia, la del respeto al territorio y su gente.

Es un proyecto que empezó a intentarse en 1997, presentado entonces por Transportadora de Gas Zapata ante la Comisión Reguladora de Energía. Fue cuestionado una y otra vez por la Semarnat de entonces, por el propio Centro Nacional de Prevención de Desastres, que dirigía Roberto Quass Wippen, por los expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP. Son muchas las reuniones que se han tenido, pero el proyecto es impuesto a como dé lugar por el sitio que van pudiendo a través de la compra o renta de tierras a campesinos pobres desesperados. El riesgo sigue creciendo con cada palada de trascabo.

Graco Ramírez impuso a base de garrotazos y detenciones la construcción de la gasoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, en una zona de enormes depósitos de lahar y derrumbes producidos por el Popocatépetl. Hoy, con la entrega total del país al extranjero, la CFE y los gobiernos le hacen el trabajo sucio a la compañía Elecnor, básicamente española, para que acelere la realización de un negocio que no tiene más fin que la ganancia de sus socios y de los funcionarios adosados a su proyecto. Capacidad de generación de energía eléctrica en este país, sobra; las inundaciones de Villahermosa en años recientes lo demuestra.

Los campesinos y los académicos se oponen a este proyecto y los gobiernos no tienen más recurso que amedrentarlos, meterlos a la cárcel y difamarlos. Pero hay quien, habemos quienes, no nos quedaremos callados.