Reducir el uso del auto, continuar con las fotomultas y mejorar el transporte público, demandan ONG a candidatos

FOTO: Es imagen / Ramón Sienra

Un cambio radical en el transporte público; la reducción y optimización del uso del automóvil privado y la creación de un fideicomiso de lo recaudado a nivel municipal por el cobro de fotomultas, propusieron organizaciones de la sociedad civil, activistas y expertos a los diferentes candidatos de elección popular en Puebla, así lo dieron a conocer este lunes, durante la presentación de la Agenda #Yomemuevo2018 que busca una movilidad segura, incluyente y sustentable.

En rueda de prensa, Armando Pliego Ishikawa, convocó públicamente a los candidatos a puestos de elección popular a sumarse y comprometerse con los Compromisos de Movilidad 2018-2024, con el cumplimiento de las demandas y el reporte oportuno del avance de sus acciones.

En el caso poblano, dijo, este ejercicio se ha realizado también en el proceso electoral federal de 2015 y local de 2016.


Ishikawa, quien buscó ser candidato independiente pero no logró reunir el número de firmas que impuso el Instituto Electoral, salió en defensa de las fotomultas y sostuvo que no deben quitarse, porque han reducido el número de muertos por accidentes automovilísticos.

Lo anterior, en respuesta a las propuestas impulsadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que anunciaron la cancelación del programa por ser opaco e ir en contra de la economía familiar.

Entre las asociaciones firmantes se encuentran: IMCO, Greenpeace, Céntrico, Bicitekas, Ruta Cívica, Arquine, WRI México, y El Poder del Consumidor.

El documento que comprende 15 cuartillas está regido por seis ejes de trabajo: Desarrollo urbano sostenible; Cambio radical en el transporte público; Movilidad peatonal y ciclista; Seguridad vial; Reducción y optimización del uso del auto; Gobierno abierto e Inversión para la movilidad.

Entre los beneficios –informaron – está mejorar la calidad del aire; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático; salvar vidas por hechos de tránsito viales, sedentarismo y mala calidad del aire; generar equidad en el acceso a los servicios de la ciudad, brindando mayores oportunidades para todos; y aumentar la competitividad urbana.

A los alcaldes, propusieron, mantener y fortalecer el programa de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) para la implementación de la Ley de Asentamientos Humanos y la Nueva Agenda Urbana, disponiendo de programas de acompañamiento y capacitación municipal por tipologías de municipios.

En el rubro referente de Cambio radical en el transporte público, las organizaciones demandaron que exista un aumento en la calidad, seguridad y accesibilidad, bajo un enfoque de sustentabilidad.

Asimismo, pidieron mantener altos niveles de servicio, una cobertura amplia y que permita que un mayor porcentaje de la población pueda transportarse con calidad y equidad.

Por otro lado, señalaron que los desplazamientos a pie y la movilidad de los grupos vulnerables debe ser el eje de las políticas de movilidad en la ciudad, por lo cual todo proyecto vial deberá garantizar la accesibilidad universal y una alta calidad de la infraestructura peatonal.

En ese sentido, dijeron que la bicicleta debe ser un modo de movilidad limpio, eficiente y adecuado para los viajes dentro de la ciudad, y para ello todas las calles deben prever infraestructura vial segura.

Lo anterior, arguyeron, permitirá proteger a las personas en sus desplazamientos para evitar muertes por accidentes viales.

Consideraron que las ciudades deben ofrecer la posibilidad de caminar por infraestructura segura e iluminada, esperar y acceder al transporte público en puntos accesibles y visibles, contar con un transporte ordenado y monitoreado que reduzca tanto la siniestralidad como la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia.

En cuanto a la Reducción y optimización del uso del automóvil privado, las asociaciones civiles propusieron impulsar acciones para gestionar la demanda de viajes compartidos que mitiguen los impactos del cambio climático; así como establecer programas que impulsen la renovación del parque vehicular, reduzcan los kilómetros de uso y detonen mejores tecnologías; y ordenar y tarificar el estacionamiento en vía pública.

Al final, concluyeron que no es posible detonar procesos sin instituciones fuertes, ágiles, capacitadas y transparentes, aunado a la asignación de recursos públicos. Es decir, se deben establecer esquemas de financiamiento y un paquete de instrumentos fiscales que apoyen la consolidación de un Sistema Integrado de Transporte, el cual permita invertir en desarrollo, mantenimiento e innovación de los sistemas de movilidad.