Fiscalía “fabrica” venta de drogas para cerrar radio de Zacatepec

Protestan contra Fiscalía General del estado de Puebla/Foto: Ángel Flores

Pobladores y comunicadores protestan frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), donde presentaron una queja por las violaciones a la libertad de expresión. Vecinos de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, acusaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) de utilizar la desgastada estrategia de las denuncias telefónicas anónimas para “fabricar” que vendían drogas en la vivienda que el pueblo rentó para instalar la radio comunitaria.

En ese sentido, los agraviados denunciaron que son víctimas de persecución judicial por parte de la Fiscalía, sólo por hecho de participar en la radio de Zacatepec, localidad de origen náhuatl.

La comunicadora Norma Ramírez informó que a casi un año de haberse cerrado las instalaciones de la radio, tras un violento operativo la madrugada del 30 de mayo de 2015, señaló que se ha utilizado el aparato judicial del Estado para acallar el derecho a la libre expresión.


Además sostuvo que la averiguación previa número 259/2015/AMPO4, la cual continúa abierta contra la radio de Zacatepec, está plagada de irregularidades y arbitrariedades.

Denunció que a la fecha tampoco han recuperado el inmueble donde estaba instalada la cabina radiofónica, pues sigue asegurada.

Imputó a la Fiscalía General del estado de aprovechar la solicitud de devolución de la vivienda, para interrogar sobre el funcionamiento a integrantes de la radio.

Esto a pesar, precisó, que se interpuso dos amparos con números 105/2015 y 288/2015, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, solicitando la restitución de la vivienda que la radio comunitaria rentaba para realizar su labor informativa.

La comunicadora popular señaló que con sus actuaciones la Fiscalía, a cargo de Víctor Carrancá Bourget, incurre en delitos contra la libertad de expresión de los pobladores de Zacatepec.

Ante lo expuesto, demandó a nombre de la población que la Comisión de Derechos Humanos (@CDHPuebla) indague el caso y emita una recomendación a la Fiscalía por el agravia del que han sido objeto no sólo los miembros de la radio, sino la dueña del inmueble y la comunidad.

La coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), Irina Vázquez, calificó como desmedido el proceso que ha impedido que la comunidad recupere la vivienda que usaban como cabina de radio.

Declaró que las autoridades estatales han utilizado como pretexto que las investigaciones continúan, pues existe la sospecha que en las instalaciones de la radio comunitaria vendían narcóticos.

 

Anomalías en el proceso de investigación

 

El pasado 30 de mayo de 2014, una llamada anónima movilizó al ministerio público, el gobierno del estado y del municipio de Juan C. Bonilla para asegurar el inmueble donde estaba la radio comunitaria, a pesar que al interior había mayoritariamente niños y mujeres transmitiendo un programa infantil.

Con inverosímil rapidez, Norma Ramírez relató que esa ocasión las autoridades judiciales mandaron oficios, realizaron entrevistas e investigaciones en Zacatepec y en menos de cuatro horas obtuvieron la orden de cateo por parte del Juez Penal de Cholula.

La justificación del policía ministerial que supuestamente investigó con los vecinos de la comunidad, fue que del lugar entraba y salía mucha gente, incluso niños, expuso.

A pesar de no haber encontrado instrumento ilícito alguno, ni droga, sólo micrófonos, fotos, sillas y computadoras, la policía ingresó con armas largas al lugar rompiendo vidrios, ventanas y amenazando a los integrantes de la radio comunitaria.

Actualmente, informó que el expediente del caso de la radio de Zacatepec pasó por cuatro diferentes agencias ministeriales hasta llegar a la Segunda Mesa de Trámite Zona Metropolitana Sur de la ciudad de Puebla, donde se pudo conocer que la ministerio público de la zona norte, Melanie Meza Rosales, aseguró el inmueble a pesar de no haber encontrado instrumento ilícito.