Familiares de la joven Gabriela Sánchez Martínez exigieron ayer la detención de Alberto Carranza Rodríguez, a quien señalan de presuntamente haberla asesinado.
Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), indicaron que contaba con apenas 27 años de edad, fue localizada sin vida el 5 de mayo, en la colonia San Salvador de la ciudad de Puebla, en un predio que es propiedad de su madre, Julia Martínez Pérez.
Ella se encontraba en estado de gestación y además dejó huérfana a una menor de tres años de edad.
La mamá de la víctima indicó a medios de comunicación que Gabriela conoció a su cónyuge a través de la red social facebook.
Cabe referir que el presunto delincuente se desempeñaba como chofer de tractocamión y fue en 2015 que conoció a la joven.
Con él mantuvo una relación de cuatro años, lapso en el que él constantemente la violentaba, puesto que no solo la golpeaba sino que también la obligaba a prostituirse.
La señora denunció que en la Agencia Especializada en Homicidios, para no aumentar más las cifras de feminicidios, integró la carpeta de investigación como suicidio, ya que supuestamente fue hallada una carta postuma.
No obstante, indicó que su hija presentaba golpes y huellas de estrangulamiento en su cuerpo.
“A la edad de 27 años fue víctima de feminicidio los primeros días del mes de mayo de este año, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya impulsado el procedimiento penal correspondiente, sin que haya ordenado la detención de su pareja sentimental, Alberto Carranza Rodríguez, principal sospechoso”, relató.
Además, indicó que en varias ocasiones la familia de la joven denunció ante la Fiscalía General del Estado que Gabriela Sánchez, era víctima de agresiones, amenazas y privación ilegal de la libertad, por parte de su pareja.
El presunto violentador no solo maltrataba a su cónyuge, sino que también mantenía amenazados a la madre y hermanos.
Asimismo, Julia Martínez sostuvo que cuando Gabriela fue localizada muerta, Karla Soledad Ortega Valencia, funcionaria de la agencia del Ministerio Público especializado en Homicidios, trató de presionarla para que firmara una confesión de que la víctima era drogadicta y vagabunda.
Lo anterior con el objetivo de que de no se investigara y se descubriera que habían tenido en su manos al responsable del crimen, a quien dejaron ir, sin que hasta el momento exista alguna investigación en su contra.
La madre de familia solicitó la intervención del gobierno del estado para esclarecer este feminicidio.