La alcalde de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, y Eduardo Rivera Pérez son los más recientes perseguidos políticos de la administración de Rafael Moreno Valle, que en total suma 355 personas procedas en su sexenio, de acuerdo con el Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social de Puebla.
Ana Rosa Zilli Colorado, integrante de este comité, explicó que los casos de la alcalde y el ex alcalde de la ciudad de Puebla se consideran perseguidos, pues a pesar de que están en libertad enfrentan procesos por contravenir con el mandato del todavía gobernador, además de ellos mismos se han definido como perseguidos y sienten la presión del aparato de poder.
A estos dos casos se suman 150 órdenes de aprensión liberadas en el sexenio y 141 procesos que fueron abiertos, además de seis personas que siguen presas: cuatro integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, un mototaxista y el ex secretario del medio ambiente del gobierno anterior, Francisco Castillo Montemayor.
Pero también existe un condenado político, Jairo Javier Montes Bautista, ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan; uno más murió en prisión, Delfino Flores Melga, y uno permanece en arraigo domiciliario, Juventino Tlahuel. El resto son procesos que asumió Moreno Valle pero que venían abiertos desde el sexenio anterior.
“El balance es absolutamente negativo; factores como la edad, la condición social, económica, cultura y de salud, así como la propia legitimidad de sus derechos han sido soslayados en el embate que el gobierno ha emprendido contra aquellos que en su disenso y resistencia ha llegado a considerar enemigos”, puntualizó Zilli Colorado al hablar sobre los presos políticos en el Informe Ciudadano que se desarrolló este miércoles en la Iberoamericana.
En el acto de ayer estaba presente Francisco Castillo, hijo del ex funcionario, quien reveló que su padre ha vivido en condiciones infrahumanas en la cárcel de San Miguel en la ciudad de Puebla.
Relató que por más de 10 días vivió en una celda de 2 por 2 metros, con 50 presos en donde le tocaba dormir en un bote de basura, y a pesar de su edad avanzada se le ha negado el derecho de prisión domiciliaria.
“Lo que en el juicio se pide es certificar el acta de nacimiento llevándola a la máxima autoridad del Tribunal para que después de 20 días regrese. Pero a través de eso ellos van retrasando su salida”, relató a asegurar que su padre saldrá libre cuando el proceso judicial concluya.
Afirmó que el proceso contra su padre está amañado al punto de la exageración, desde que no se le fue notificado para ir a presentarse ante la denuncia como en otros casos.
“Nunca se le dijo que era lo que estaba pasando, no fue citado por las autoridades, simplemente fue apresado sin una orden, fue llevado de inmediato a la cárcel y no tuvo la oportunidad de defenderse”.
El hijo de Castillo Montemayor reconoció que como cualquier proceso, este se tiene que seguir, aunque saben que será muy tardado. “Es un proceso largo porque estamos peleando contra el gobierno, es un pulpo pero estamos aquí para seguir adelante y luchar por la libertad de mi papá”, concluyó.