Extractivismo minero: saqueo y resistencia / I

El artículo 6 de la Ley Minera, impone que la minería está por encima de los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural o los derechos comunitarios; al declarar que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias del subsuelo son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. En este marco “legal”, seis grupos mineros del país concentran una superficie de 8.4 millones de hectáreas, superficie similar a la de Sonora y Jalisco juntos.

Las concesiones mineras de los últimos 15 años, se asemejan a las otorgadas durante la dictadura de Porfirio Díaz, solo que, ahora, al despojo se suma la devastación de territorios con el uso de explosivos, lixiviados de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados contaminantes del agua, el aire, los bosques y toda forma de vida por siempre.

Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, otorgaron 17 mil 785 concesiones mineras, por más de 51 millones de hectáreas que han pasado a manos de empresarios, prestanombres y especuladores, quienes revenden las licencias a empresas extranjeras y nacionales. La concesión, la resguardan en espera de tiempos más propicios a fin de acumular mayores dividendos especulando con un bien de la nación, lo que ha permitido a las grandes empresas disponer de más de 30 por ciento del territorio nacional.


El costo del trámite por concesión minera va de los 443 pesos (entre una y 30 hectáreas), hasta 137 mil 790 pesos (más de 50 mil hectáreas), con vigencia de 50 años y prorroga a otros 50, más un pago por hectárea de 7 a 15 pesos por año, sin aplicar una contribución adicional al volumen o peso extraído de oro, plata, cobre u otros minerales. La amañada Ley y sus lagunas, es un traje a la medida para los dueños del poder económico en tanto propicia un modus operandi en el terreno de las concesiones mineras.

El artículo 19 de la mencionada ley, establece que las concesiones mineras confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas, es decir, traspasar, ceder o vender lo permite la ley, aunque no lo señale explícitamente; sin embargo, el artículo 27 Constitucional, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación” y un título de concesión minera es justamente eso.

La voracidad del capital ubicado en el extractivismo y el saqueo minero, ha propiciado la continua violación a los derechos humanos y comunitarios, la destrucción de grandes extensiones de tierra agrícola y de la biodiversidad, bellos paisajes productores de oxígeno y agua. Esas violaciones se han traducido en despojo, asesinatos y desapariciones de ambientalistas, activistas sociales, campesinos, indígenas y líderes comunitarios.

La Cámara de Diputados debe revisar urgentemente la normatividad y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas y beneficios a la nación; mientras tanto, sólo la resistencia social y el derecho a la vida puede detener semejante barbarie.