Exigen ONG que la CNDH tramite controversia constitucional vs. Ley de Seguridad Interior

Organizaciones no gubernamentales de Puebla condenaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo federal e instarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a tramitar una controversia constitucional para defender las garantías universales que, aseguran, “se ven amenazadas con la entrada en vigencia de la nueva norma y la inminente militarización del país”.

En un comunicado conjunto, la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP), el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT) y el Centro de Estudios sobre la Pobreza Rubén Jaramillo advirtieron que “resulta de la máxima preocupación que se normalice la actuación de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a los cuerpos de seguridad pública y sobre todo esa preocupación se exacerba con la entrada en vigor de la llamada Ley de Seguridad Interior en pleno año electoral”.

“Exigimos que en pleno uso de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inicie cuanto antes la defensa de las garantías universales y las que consagra la Carta Magna Mexicano y se aboque de inmediato a interponer una Controversia Constitucional, para lo cual contará con el apoyo y aval de cientos de organizaciones de la sociedad civil”, aseguran en su comunicado.


Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reiterado su preocupación por la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (LSI) y anunció que ya dio inicio al estudio correspondiente para presentar una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.

En un comunicado, el organismo manifestó nuevamente su inquietud de que la mencionada norma “contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas” y exhortó al presidente de la República a que le haga observaciones a la ley antes de ordenar su promulgación.

Tras la aprobación de la LSI en la Cámara de Diputados, la CNDH llamó la atención “sobre la oportunidad que se desaprovechó para lograr que el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta Ley hubiese sido un verdadero espacio de reflexión y construcción dialéctica, en donde no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema”.

La aprobación de esta ley en los términos en que fue formulada, añadió, “no sería acorde al sentido y contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”.

Además de ello, afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, además de posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

Por tal razón, la CNDH indicó que ya realiza un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la LSI, y reiteró que “la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas”.

De igual forma, se deben desarrollar las “capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”.

Asimismo, la CNDH hizo “un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que formule observaciones al proyecto de LSI con base en la atribución que le confieren los incisos a y c del artículo 72 Constitucional”.

La seguridad, recalcó el organismo, “es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas”.

Otras advertencias

Desde antes de su aprobación, organizaciones integrantes de la Mesa de Género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla –el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Odesyr, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, amén de Hablemos de Género y Más– se pronunciaron en contra de la normativa.

Dichas organizaciones señalaron que “hace más de 10 años que los militares están en las calles; aproximadamente 50 mil elementos a lo largo del territorio nacional en la supuesta lucha contra el crimen organizado. Fue desde ese momento que las violaciones a derechos humanos crecieron exponencialmente, como se evidencia en los siguientes datos documentados por organismos locales, regionales, nacionales e internacionales.

“De acuerdo con las cifras publicadas por Human Rights Watch, el uso activo de las fuerzas armadas en México ha llevado a una serie de violaciones generalizadas a los derechos humanos, puntualizando que ‘hasta julio, la CNDH había recibido casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos graves de violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.

Agregaron que de 2006 a 2016 la CNDH ha registrado 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. Mil 75 quejas y más de 14 recomendaciones en promedio al año. Con base en información gubernamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que en México existen 26 mil 798 personas desaparecidas, y resulta imposible saber cuántas de ellas fueron víctimas de desaparición forzada. Asimismo, se ha denunciado que desde que se dio inicio a la estrategia de intervención militar, los homicidios dolosos aumentaron 122 por ciento en cuatro años (de 10 mil 253 muertes en 2007 a 22 mil 852 en 2011)4, y que el Ejército Mexicano mata a ocho personas por cada una que hiere, por lo que el índice de letalidad del Ejército y la Marina (civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas federales), entre 2008 y 2014, fue de 10.4 y 16.8, respectivamente. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, jóvenes y niñas/os sufren violaciones a los derechos humanos en estados militarizados; entre enero de 2007 y marzo de 2013 se registraron más de mil 800 muertes violentas de menores de edad en hechos vinculados con la lucha contra el crimen organizado.

“Los datos anteriores nos demuestran que el supuesto de que la militarización del país mejorará la seguridad pública no está debidamente sustentado. Además de que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, dado que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –que otorga facultades al Congreso– no establece ninguna fracción donde se habilite al Poder Legislativo federal a expedir leyes en materia de seguridad interior. El artículo 21, por su parte, establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional; y el artículo 129 prescribe que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La Ley de Seguridad Interior –que permite la intervención de las fuerzas armadas en funciones propias de la autoridad civil como la seguridad pública y la persecución de delitos– atenta contra los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos humanos, principalmente con las obligaciones generales de los Estados y contra las recomendaciones formuladas a México por instancias internacionales. Asimismo, atenta contra la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.