Exigen libertad todos los grupos de los presos políticos durante una marcha

Marcharon cientos por la libertad de presos políticos.

Por primera vez todos los grupos sociales que sufrieron la persecución del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y tuvieron o tienen presos políticos de entre sus filas se movilizaron ayer codo a codo para exigirle a la administración de José Antonio Gali Fayad que los libere y también suspenda los procesos y las órdenes de aprehensión injustas en contra de las decenas de perseguidos del morenovallismo.

En efecto, la manifestación de este jueves por la tarde conjuntó a grupos que en sus actividades públicas serían hasta antagónicos, como los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Sí, marcharon en la misma columna con el mismo propósito, militantes de organizaciones políticas que en este momento hasta adversarias son, como los del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Los de Abajo, asociación que dirige la ex candidata perredista a gobernadora Roxana Luna Porquillo.


Caminaron en son de protesta personas que tal vez jamás se hubieran imaginado estar en una marcha como la de ayer, como los familiares del ex secretario del Medio Ambiente Francisco Castillo Montemayor, quienes se distinguieron porque iban uniformadas –la mayoría son mujeres– con una playera negra con el rostro del preso en la parte frontal y una enorme lona del mismo color, que destacaba entre las muchas que ayer se desplegaron en el contingente.

Estaban ahí juntos incluso dirigentes de organizaciones que en el pasado disputaron la bandera de alguna causa o movimiento social, como la Barra Libre de Abogados Democráticos y el Centro de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala.

Lo dijo claramente Alejandra López, vocera del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla –la organización que convocó a la marcha–, cuando el contingente que partió pasadas las 16 horas del Paseo Bravo arribó a Casa Aguayo al filo de las 6 de la tarde.

La defensa de los derechos humanos –explicó la universitaria–, la lucha por la libertad de los presos de conciencia no puede reparar en las diferencias claras y hasta legítimas de las víctimas y sus grupos, porque al final un prisionero político, cualquiera, representa el uso arbitrario y pervertido del sistema de justicia de parte de la autoridad para castigar a adversarios, disidentes y críticos.

Lo ratificó Carolina González Barranco, quien leyó el posicionamiento de la organización: “El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla es una agrupación civil autónoma ante cualquier organización o partido. No se propuso nunca defender solo a un cierto tipo de presos, procesados y perseguidos políticos, sino a todos aquellos que entraron en alguna de estas condiciones por efecto de su oposición al mandatario. En esta situación están ciudadanos de izquierda, de centro, de derecha, pertenecientes o no a organizaciones sociales, políticas, ambientalistas; en fin, no excluimos del recuento a nadie.

“Sabemos que núcleos que respaldan a algunos presos no simpatizan con otros, pero el propósito nuestro nos obliga a soslayar esas diferencias. Nuestro reclamo, nuestra lucha, es por visibilizar acontecimientos que inhiben o de plano suprimen las condiciones mínimas de convivencia social, que son las que permiten la expresión de las voces divergentes, de propuestas alternativas, de denuncias sobre excesos de los gobernantes. Hay leyes que protegen estos derechos, pero han sido violadas o retorcidas para satisfacer los deseos de quien actuó como un auténtico dictador”.

Consulta aquí el discurso íntegro

Clamor nacional

“Van a cumplirse 50 años de la masacre del 2 de Octubre en Tlatelolco y no es posible pensar que 50 años después siga habiendo en nuestro país, en Puebla, presos políticos. Eso quiere decir que somos medio salvajes, medio bárbaros y que no hemos aprendido la lección. No debería haber presos políticos y menos en México”, expresó Elena Poniatowska, en un mensaje grabado especialmente para la ocasión y que fue transmitido ayer a través del equipo de sonido principal que se colocó en una camioneta de redilas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes.

 

 

Porque el clamor por la libertad de los presos políticos ha trascendido las fronteras estatales y eso quedó patente ayer, cuando personalidades de la cultura y la lucha social, como la autora de La Noche de Tlatelolco, enviaron mensajes ex profeso que se hicieron sonar frente a la sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

No solo eso; Alejandra López informó que varios de ellos, como Alejandro Solalinde, se han unido al Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla. En su mensaje el sacerdote que ha dedicado casi toda su vida religiosa a la defensa de los migrantes, exigió al nuevo gobernador, José Antonio Gali Fayad que “tome cartas en el asunto y revisen los expedientes” de los presos políticos, porque, aseveró, no hay más delito que ser disidentes.

 

 

El actor, productor, director y miembro del colectivo El Grito Más Fuerte, Daniel Giménez Cacho, también se unió al comité y en su mensaje pidió a las autoridades cesar la persecución contra activistas, servidores públicos, organizaciones y disidentes del gobierno, así como la libertad de las siete personas que se encuentran aún en los penales poblanos, quienes fueron incómodos de la administración estatal pasada.

 

 

 

También la actriz Jesusa Rodríguez envió un mensaje de solidaridad con todos los presos políticos y sus familias, exigiendo su liberación.

 

 

Carolina González Barranco expresó en el discurso: “Hubo represión y encarcelamiento en contra de campesinos, estudiantes, trabajadores del gobierno, pensionados, defraudados, comerciantes, especialmente los integrantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, quienes son la organización social que más presos y perseguidos políticos tiene en la entidad. Sin temor a equivocarnos aseguramos que en Puebla no se había vivido una represión de esta envergadura desde tiempos de Gonzalo Bautista O’Farril, cuando fueron asesinados destacados universitarios como Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón y varios jóvenes más; o, cuando en el gobierno de Mariano Piña Olaya –socio y aliado de Moreno Valle– fueron muertos cerca de 60 participantes del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y desató la primera represión contra la 28 de Octubre. Tiene visos de mayor gravedad si advertimos que la persecusión de Moreno Valle se dirigió indistintamente contra todo aquel que se atrevió a discrepar de sus designios unipersonales, arbitrarios e ilegales.

“Este Comité ha contabilizado 361 personas que están o han pisado las cárceles, que tienen que ir varias veces al mes a firmar en los juzgados, pagar abogados y trámites, perder el tiempo hasta la exasperación, y con él su salud física y mental, su estabilidad familiar y patrimonial. Personas a quienes se les libraron órdenes de aprehensión y que, aunque no se han ejecutado, viven en la zozobra sufriendo permanentemente. Tres políticos de distintas filiaciones están en nuestra lista, que por criticar el ejercicio público de Rafael Moreno Valle y ofrecer oposición a sus medidas son perseguidos: los presidentes municipales de Tehuacán y San Pedro Cholula y el ex presidente municipal de Puebla. Ser acosado con medidas administrativas o penales por disentir de que gobierna, sufrir represalias que provienen del aparato de Estado para conseguir que la crítica se silencie, es condición de persecusión política. Este Comité denuncia que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se vulneró el marco democrático mínimo indispensable para una convivencia adecuada y para la manifestación libre de las demandas ciudadanas”.