Exige Reddh que autoridades intervengan en desalojo de activistas; de lo contrario serían cómplices por aquiescencia

La Red en Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) emitió una carta abierta al gobernador Rafael Moreno Valle y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, exigió la intervención de las autoridades en el caso, de lo contrario, “el gobierno del estado se convertiría en cómplice por aquiescencia de estos actos”.

El organismo civil condenó el desalojo forzado del que fueron víctimas los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales en Puebla.

Aclaró que no se trata de un problema entre particulares que cuestiona y pone en duda por la vía de los hechos el carácter ético, legal y los criterios de los juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales.


 

Ante lo expuesto, solicitó “que el Tribunal garantice la imparcialidad de la administración de justicia en tanto asuma la responsabilidad de estudiar de fondo el Incidente de Oposición de Ejecución de Sentencia propuesto por Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, y resolver conforme a derecho y principios constitucionales dicho incidente”.

Además pidió realizar en el ámbito de sus atribuciones una investigación exhaustiva e imparcial respecto al actuar aquiescente de las autoridades del juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla, con Javier Beltrán Villagra en representación de María Levinia Arellano Cabrera, a efecto de sancionar administrativa y/o penalmente a los responsables.

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, “les pedimos muy atentamente expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno al gobierno y al presidente del Tribunal para que atiendan puntualmente la presente petición”.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, dos días antes de llevarse a cabo la audiencia que resolvería el Incidente de Oposición a la Ejecución de Sentencia de fecha uno de julio de 2004, con el cual se mantendrían a salvo sus garantías como representación legal y habitantes del inmueble, que causó ejecutoria el mismo año en el Juicio Ordinario Mercantil 1160/2010.

La Reddh destacó que cobra relevancia ya que la parte actora ejercitó acción tendiente a la ejecución de sentencia el 7 de abril de 2010, y acordada por el juzgado el 8 de abril del mismo año. Es decir, promovió su recurso legal más de 5 años después.

No obstante, refirió que el juez Ismael Degante López ordenó el desalojo con fuerza pública y facultó a la diligenciaria Non para tal efecto, ya que el Diligenciario Par tiene una queja administrativa por llevar a cabo una diligencia de manera ilegal respecto al mismo juicio.

También relató que tuvieron conocimiento que le fueron entregadas fichas técnicas de las graves violaciones procesales en dicho juicio, tanto al propio juez como al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

Sin embargo, destacó que omitieron concienzudamente las irregularidades y se consumó el desalojo forzado.

“Esto es una clara evidencia de violaciones a  derechos humanos básicos como es el de certeza jurídica, derecho de audiencia y el derecho humano a la vivienda”, reclamó.