Ex candidato del PT, dos veces encarcelado por influencia en la FGE de un primo de Martha Erika Alonso

Fiscalía General del Estado

Carlos Alberto Macías Corcheñuk en 2004 fue candidato del PT a gobernador de Puebla y ahora que está retirado de la vida partidista, en menos de nueve meses –entre julio de 2016 y abril de este año– ha sido encarcelado en un par de ocasiones por la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante la fabricación de delitos, como resultado de la influencia política que en esa dependencia habría ejercido un primo de Martha Erika Alonso Hidalgo, la secretaría general del PAN y esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Macías Corcheñuk ganó el primer proceso penal y ahora enfrenta un segundo, en el cual no solamente él está involucrado, sino también su esposa y un vecino, a quienes acusan de falsedad de declaraciones y por ese motivo los quisieron tener en prisión, situación que se evitó con un amparo que establece que ese ilícito no es grave y no permite la privación de la libertad.

En el primer caso a Macías Corcheñuk le inventaron que había cometido el despojo de una caseta de vigilancia de un fraccionamiento en Zavaleta, la cual se ubica en un área pública. En esa ocasión ganó un amparo y luego la revisión en un tribunal colegiado. Es decir, no había delito que perseguir. En el segundo caso, lo señalan de haber inventado declaraciones ministeriales de su esposa y un vecino, sin que se tenga sustento del mismo.


En ambos casos se ha procedido a su encarcelamiento por varios días por la supuesta influencia que el abogado Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez ejerce en la FGE, aparentemente por ser pariente de Martha Erika Alonso, quien a sus vez tiene un dominio sobre Víctor Carrancá Bourget, el fiscal general del estado.

Hace unos días, Carlos Alberto Macías le escribió al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, para hacer la siguiente denuncia:

“En lo personal y lo familiar, desde hace más de un año hemos sido violentados en nuestros derechos fundamentales junto con varios vecinos del fraccionamiento Jardines de Zavaleta, en donde prácticamente habitamos secuestrado por quien para nuestra desgracia es vecino y se conoce como Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, pariente de la dirigente panista Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa de Rafael Moreno Valle Rosas, supuesto abogado traficante de influencias en la Fiscalía General, nos han fabricado delitos por nuestra oposición a la nefasta administración del fraccionamiento…”

Historia de dos encarcelamientos

Los problemas empezaron cuando llegó a la presidencia de la asociación de colonos de Jardines de Zavaleta un personaje llamado Ricardo Backman Montes, quien impone que quien no pague las cuotas de vecinos no se les dará el servicio de apertura de las casetas de vigilancia de esa zona residencial, ubicada a un costado de la calzada del mismo nombre.

Con anterioridad a ese hecho, Carlos Alberto Macías había ocupado el mismo cargo y durante su gestión obtuvo el oficio P.364/2015, del ayuntamiento de Cuautlancingo, en el cual se aclaraba que Jardines de Zavaleta es una colonia, no una zona privada, y que no había autorización para cerrar las calles con casetas de vigilancia.

Pese a que le mostró a Backman dicha documentación legal, que avala que no puede haber paso restringido a Jardines de Zavaleta, siguió la disposición de negarle a Macías Corcheñuk, a su familia y otros vecinos, la libre entrada y salida del conjunto residencial, pues cada vez que lo hacían debían ellos levantar las barreras de seguridad.

Por ese motivo denunció a Ricardo Backman y procedió la acusación –en 2016– por el delito de obstrucción de vías de comunicación, razón por la cual lo llegó a detener la Policía Ministerial.

En represalia, al poco tiempo, con el auspicio de Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez –quien es vecino de Jardines de Zavaleta y amigo de Ricardo Backman– le abrieron a Carlos Alberto Macías un expediente en la FGE por el supuesto despojo de una caseta de vigilancia, lo cual llevó a que lo detuvieran agentes de la Policía Ministerial y lo encarcelaran tres días en el penal de San Pedro Cholula, en una celda para ocho personas, pero en realidad dormían 30 internos.

Primero en un juzgado federal y luego en un colegiado, se asentó que era improcedente la acusación penal ya que la caseta en cuestión estaba visiblemente ubicada en un área pública y no había ninguna evidencia de que hubiera sido sujeta de un despojo de parte de Carlos Alberto Macías.

Cuando parecía que todo se había tranquilizado, en abril de 2017 lo volvieron a detener, ahora porque la FGE le acusó de falsedad de declaraciones.

Junto con él, involucraron a su esposa y a un vecino. La FGE había argumentado que era un delito grave, situación que se combatió con un amparo.

Este asunto exhibe claramente como se maneja la FGE bajo la conducción de Víctor Carrancá, en la cual hay pobres resultados en el esclarecimiento de homicidios y asalto, pero si hay disposición para proceder con celeridad en asuntos sin relevancia –como eran las acusaciones contra Carlos Alberto Macías Corcheñuk–, pero que son producto del tráfico de influencias políticas.




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