¿Estado débil o fallido?

Ninguna clase de expertos podrá responder jamás a esta pregunta: ¿cómo queremos vivir?

Ulrich Beck

En grandes zonas del territorio mexicano que han dejado a la población a su suerte se han conformado autoridades paralelas: la constitución de un Derecho Penal subterráneo, el incumplimiento generalizado de las leyes estatales y la deficiencia y la ausencia de programas de salud y de educación, todo lo cual ha permitido catalogar a México en los últimos tiempos como un Estado fallido, aunque las autoridades gubernamentales son las primeras en oponerse a tal calificativo, desde luego, por razones políticas, cuando en realidad la primera en oponerse a esa denominación debería ser toda la población, ya que en parte hemos permitido esta realidad.


En la teoría, se ha clasificado a los Estados, de acuerdo con su eficiencia, en fuertes, débiles y fallidos (Rotberg, Robert y otros, “Los estados fallidos o fracasados”, Siglo del Hombre Editores de Justicia, Bogotá, 2007), aunque hay otras denominaciones; sin embargo, de los primeros es de los que se han delimitado las características. Los Estados fuertes son aquellos que cuentan con una clara división de poderes, cumplimiento generalizado de la ley, otorgamiento de derechos sociales como salud, educación, alimentación, medio ambiente sano, etc. Por su parte, los Estados débiles son los que ya no dejan ver esa división de poderes salvo de manera formal y donde el respeto a la ley se encuentra en rompimiento, sobre todo a partir de los organismo estatales, que “son los primeros en incumplir con la norma” (García Villegas, Mauricio, “Jueces sin Estado”, Siglo del Hombre Editores de Cultura, Colombia, 2008), pues los derechos sociales son deficientes, por ejemplo, las instituciones de salud, los hospitales, las escuelas, las clínicas y las universidades, en donde los servicios no son muy apropiados. Finalmente, los Estados fallidos son aquellos donde no existe la división de poderes, incluso formal; existe una dictadura permanente donde los ciudadanos no tienen acceso al poder, donde el incumplimiento de la ley cae en la corrupción generalizada y en todos los niveles. Un Estado fallido cambia el rumbo de sus fines, por lo que son nulos cualquier servicio de salud, educación, alimentación, etcétera; adicionalmente, son pocos los que se encuentran en posibilidades de contar con grandes fortunas, que cotidianamente son invertidas en el extranjero.

Atendiendo a esas características de los Estados fuertes, débiles y fallidos, ¿dónde queda el Estado mexicano?, es decir, ¿cómo se puede catalogar?. Desde luego, no se puede sostener que México sea un Estado fuerte. La división de poderes no es lo que todo ciudadano desearía que existiera, menos aún se puede decir que los organismo del Estado cumplen con la ley, y tampoco la población; los servicios de educación, las clínicas y los hospitales no son los apropiados. Tampoco se puede caracterizar al Estado mexicano como un Estado fallido pues es claro que hay indicios suficientes como para sostener que existe una serie de servicios de seguridad social de gran calidad, como en el caso de algunas de las universidades públicas. Esto mismo puede suceder con los centros hospitalarios, las clínicas y las escuelas, el problema quizá se pueda centrar en la división de poderes y en el respeto a la ley, donde efectivamente hay una crisis aguda. En el primer caso, es evidente la superioridad de la administración pública sobre el Poder Legislativo y aún más sobre el Poder Judicial, lo que ha provocado que las políticas públicas sean implementadas por el propio Ejecutivo y que, una vez que se encuentran en disputa judicial, sean resueltas satisfactoriamente para la propia administración federal. Además, los últimos cambios para combatir la corrupción y otros males siempre se hacen dotando a la administración pública de mayores competencias y facultades que provocan darle mayor posición sobre los otros dos poderes, a grado tal que muchas de las funciones que le corresponden al Poder Legislativo o al Judicial se llevan a cabo dentro de la administración pública, lo cual provoca una concentración aguda del poder, que es una de las batallas que pretende ganar la división de poderes para evitar la arbitrariedad.

En cuanto al respeto a la ley, es necesario señalar que son las propias autoridades las que, en primer término, la incumplen; las razones son variadas, van desde la ignorancia de los servidores públicos en sus cargos hasta las políticas de tolerancia que se implementan atendiendo a la dureza de las leyes, por último, la gran corrupción. Por parte de la población se incumple con la ley por diversas razones, principalmente, porque siempre se ha visto a la norma jurídica como una imposición, ya que no es creada por órganos y procedimientos en donde exista participación de los gobernados; además, el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía no lleva a ningún beneficio, por el contrario, es una restricción a sus libertades, sobre todo porque muchas veces es mas fácil incumplir con la norma que cumplirla. Lo cierto es que en tanto no se puedan establecer lineamientos que permitan reforzar la división de poderes y el principio de legalidad, es muy difícil que México pase a ser un Estado fuerte, al contrario, cada día se debilita más.